No lo dicen los órganos de la dictadura mediática occidental, pero un gran movimiento social recorre a Nicaragua de punta a punta: el de la paz y la reconciliación. El 8 de agosto se dio a conocer que ya se han constituido 5 mil 995 Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz a lo largo y ancho de toda la geografía nacional.

Las comisiones están integradas por líderes religiosos católicos y/o evangélicos, líderes comunitarios, trabajadores de todos los sectores económicos, madres, ciudadanos, mujeres y hombres de buena voluntad de todos los estratos sociales comprometidos en ser promotores de vida, de diálogo, de fraternidad y valores positivos. Su principal misión: Hacer realidad la atención integral a las víctimas de la violencia golpista del año pasado y garantizar que esos hechos no se repitan nunca más.

Ante la masiva reacción popular que al año pasado expresó su voluntad de trabajo y paz contra las pretensiones golpistas de cambiar por la violencia las instituciones, el Gobierno respondió (tras una amplia consulta popular) con una iniciativa de Política de Estado para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz con el fin de "eliminar toda forma de discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, origen o pertenencia a un pueblo, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social, y fomentar el respeto a la diversidad y el pluralismo".

El Plan de Atención Integral a Víctimas (PAIV) diseñado por el Gobierno establece que el Estado proporcionará a través de sus instituciones la atención médica, salud mental, rehabilitación, seguridad y atención social a todas las víctimas de la violencia, sin distingos políticos. Asimismo, garantizará el acceso priorizado de estas y sus familiares a los servicios y programas de Gobierno en salud, educación, trabajo, emprendimiento, vivienda, ocio y recreación que permita su desarrollo integral.

En materia de educación, la Ley contempla becas en los distintos niveles educativos del sector público; en lo referente a lo laboral y emprendimiento, las instituciones del Estado priorizarán en sus programas a las víctimas y familiares afectados por la violencia golpista. Asimismo, las víctimas y sus familiares tendrán prioridad en los programas de vivienda que tiene el Gobierno. Y en cuanto al ocio y la recreación, el Estado les garantizará el acceso gratuito a instalaciones deportivas, centros de recreación y demás espacios públicos.

Mientras que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la encargada de organizar y actualizar el registro de víctimas, así como el seguimiento y monitoreo a la atención brindada por todas las atenciones involucradas, los miles de comisiones que se han formado en todo el país promueven y monitorean la aplicación en el terreno de este tipo de acciones, promoviendo también el desarrollo de una cultura de paz, tolerancia, reconciliación y respeto.

De las casi 6. Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz formadas, 15 son departamentales, 2 regionales (en la Costa Caribe) y 1 es territorial (en el Triángulo Minero).

"Las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz han tenido mucha aceptación en las familias y comunidades de todo el país y se evidencia en que se han instalado y están funcionando comisiones en todos los departamentos, municipios y comunidades de todo el territorio nacional, en el Pacífico, en el Centro, en el norte y en las áreas rurales y urbanas, en la Costa Caribe Norte y en la Costa Caribe Sur conformándose a la fecha 5 mil 995 comisiones", dijo el diputado Carlos Emilio López al presentar el informe de los avances logrados hasta el momento.

Según el diputado, estas comisiones han venido cumpliendo el objetivo de contribuir a superar la situación de confrontación que nos impusieron por medio del fallido intento de golpe de Estado perpetrado por sectores de la derecha extremista del país.

"Estas comisiones han colaborado para que el país entero se encuentre en permanente diálogo ya que las mismas promueven y practican la convergencia social, el encuentro humano, la convivencia pacífica y la reconciliación entre personas, familias y comunidades, todo esto conectado con los programas y leyes que ha promovido nuestro gobierno de reconciliación y unidad Nacional que procura la Paz, la estabilidad y la seguridad para todo el pueblo", dijo López.

El contraste entre lo que sucede en la Nicaragua real y el desmoronamiento de lo que hace un año se vendió como "revolución popular" contra un gobierno represor, no puede ser más fuerte. Como prueba tenemos las imágenes de una reunión a puertas cerradas en Costa Rica la semana pasada, con escenas grabadas y divulgadas por los propios golpistas, en la que los líderes de la denominada "Alianza Cívica" se reunieron con los terroristas y delincuentes que huyeron a ese país al venirse abajo la fallida intentona.

En esa reunión, los propios golpistas reconocieron abiertamente:

  • Que la Alianza Cívica no representa a nadie y fue un invento de obispos golpistas como Silvio Báez (lo dijo el "presidenciable" oligarca de la Alianza Juan Sebastián Chamorro).
  • Que los tranques no fueron pacíficos ni cívicos, y que todavía en sus mentes afiebradas albergan la ilusión de una invasión armada al país.
  • Que los que estaban en los tranques no eran universitarios ni campesinos, sino delincuentes.
  • Que existe una profunda división entre los terroristas "con bocados" de la NED y la USAID y los "sin bocados" de ningún tipo que andan merodeando por las ciudades de Costa Rica.

La Nicaragua real, la de la inmensa mayoría, camina por la senda del trabajo, de la estabilidad, de la reconciliación, de la solidaridad y del amor, mientras que la Nicaragua construida por los relatos de los medios occidentales y los sueños golpistas se desmorona en medio de odios, recriminaciones mutuas, rencores y una apabullante falta de pueblo.