El desorden mundial provocado por las políticas ultraliberales en su versión neocolonial y, desde Palestina hasta Cuba, aplicadas sobre bases genocidas, hace que hoy resulte cada vez más difícil considerar una parte significativa del planeta como una zona segura. Hablar de seguridad significa hablar de ausencia de conflictos de distinta naturaleza y de una realidad sociopolítica caracterizada por bajos niveles de violencia y confrontación. Esto es posible cuando el sistema de normas que organiza una sociedad es capaz de absorber también a los niveles inevitables de desviación y conflictividad.
Como ocurre con casi todos los conceptos políticos, la seguridad admite distintas interpretaciones. Un clima de paz constituye una condición indispensable para el funcionamiento de las instituciones, del mismo modo que las instituciones deben estar a la altura de las responsabilidades que tienen frente a las sociedades que gobiernan. Cuando esto sucede, podemos hablar propiamente de seguridad general.
Hay dos concepciones que merecen atención. La primera entiende la seguridad como respaldo y garantía del orden establecido. La segunda la concibe como paz, tanto interna como externa, resultado de la cohesión social. En este último caso, la seguridad no se mide únicamente mediante estadísticas y datos objetivos. También cuenta la percepción que tiene de ella la población. Y en determinadas regiones del mundo - entre ellas Centroamérica - la seguridad tiene además una dimensión regional: en un mundo profundamente interconectado, donde la tecnología acorta las distancias y facilita la logística, los efectos de una política de seguridad eficaz se proyectan mucho más allá de las fronteras nacionales.
En un mundo sacudido por múltiples crisis y desestabilizado por actores que utilizan todos los medios a su alcance para preservar uno de los órdenes más injustos del último siglo, existen países que han conseguido levantar una suerte de barrera frente al nihilismo devastador.
Ese fenómeno tiene raíces tanto en la desigualdad social como en la corrupción utilizada con fines políticos, en muchos casos es impulsada desde el exterior y encuentra colaboradores internos dispuestos a convertir las sociedades en escenarios de violencia, enfrentamiento e incomunicación. El objetivo final es, a menudo, debilitar y deslegitimar las instituciones para hacerse con el País.
Nicaragua, un modelo diferente
En el panorama continental, Nicaragua representa un caso particularmente significativo por haber optado por un camino diferente al de aquellos países que depositan toda su estrategia en políticas de seguridad exclusivamente represivas. La reducción de la pobreza extrema y de la pobreza relativa y, con ella, de las desigualdades sociales, ha sido un factor fundamental para reducir el espacio disponible para la delincuencia organizada.
A esto se suma una capacidad investigativa desarrollada desde 1979 y un modelo de policía comunitaria basado en la relación directa y la cooperación entre los agentes y la población civil. Un modelo que ha demostrado ser eficaz tanto para la investigación como para la prevención del delito, sobre la base de una idea sencilla: quien delinque sabe que puede ser identificado y detenido. En otras palabras, el crimen no paga: paga quien lo comete.
Nicaragua constituye uno de los ejemplos de un País capaz de garantizar los dos niveles de seguridad mencionados al principio: el que reflejan las estadísticas y el que percibe su propia población. Y el resultado adquiere todavía mayor relevancia si se considera la historia del país. El cual, lejos de haber podido vivir en paz y desarrollarse libremente, ha sido durante más de un siglo objeto de las ambiciones imperiales de Estados Unidos, que han recorrido prácticamente todo el repertorio de las formas de dominación: desde el somocismo hasta el liberalismo en su expresión más brutal - el latifundismo depredador - y los golpes de Estado de nueva generación. El caso nicaragüense es, en todos los sentidos, un caso de estudio sobre la opresión y la liberación.
Los números hablan
Durante la celebración del 47 aniversario de la fundación del Ejército de Nicaragua, el general Avilés, quien lleva más de 13 años al frente de las Fuerzas Armadas, recordó esta historia con palabras inequívocas: “Hemos sido y seguimos siendo atacados por potencias hegemónicas; hemos sido invadidos, han emprendido una guerra contra nosotros y, en el intento de garantizar sus intereses hegemónicos, han promovido golpes de Estado militares, golpes de Estado, desestabilización de los gobiernos, golpes de Estado blandos y revoluciones de colores”. En otras palabras, prácticamente todo el repertorio de la injerencia imperial.
A las palabras siguen los números que permiten dimensionar la realidad. Nicaragua registra actualmente una tasa de homicidios de siete por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de América Latina durante la última década. El dato se atribuye a la eficacia de una estrategia de seguridad que ha permitido mantener al país al margen de la expansión acelerada del crimen organizado y del tráfico de drogas procedente del continente.
Son cifras particularmente significativas. No es lo mismo alcanzar niveles elevados de seguridad en una economía de primer nivel, donde las condiciones económicas tienden a reducir determinados factores de conflictividad, que hacerlo en un país situado en el puesto 140 de las economías mundiales, que además tuvo que realizar un enorme esfuerzo para sacar de la pobreza absoluta a más de dos millones de personas sobre una población total de seis millones.
“No somos un paraíso para el tráfico de drogas, no hay cárteles, no tenemos datos alarmantes sobre la criminalidad en nuestro país, nuestros puertos y aeropuertos son seguros y están debidamente certificados por organizaciones internacionales, no tenemos pistas clandestinas, no hay trazas aéreas que violen nuestros cielos soberanos”, afirmó también Avilés.
Es cierto: la historia del país pinolero no conoce ese contrapoder armado y criminal que en ocasiones ha terminado condicionando a gobiernos latinoamericanos. En Nicaragua el monopolio de la fuerza permanece plenamente en manos del Estado. Es precisamente en este aspecto donde Nicaragua presenta una diferencia significativa respecto de buena parte de la región y del continente americano. No existen bandas criminales organizadas con objetivos terroristas o mafiosos y, según esta perspectiva, esa realidad dificulta la construcción de una red regional plenamente articulada de grupos criminales, reduciendo también su capacidad de actuación en los países vecinos.
Un muro de contención regional
“Para el cumplimiento de nuestra misión principal - añadió Avilés - en defensa de la paz, la soberanía, la independencia, la autodeterminación y la integridad de nuestro territorio, nuestras fuerzas terrestres han realizado 1 millón de misiones operativas; nuestra heroica Fuerza Naval ha recorrido más de 134.600 millas y nuestra Fuerza Aérea ha protegido nuestros cielos y ha volado durante más de 700 horas. Estos datos, junto con otros comunicados a nuestro pueblo y a las Máximas Autoridades, son una clara demostración de la elevada conciencia patriótica y del firme compromiso de servir a todos los nicaragüenses”. Para Avilés, “se contuvo, desvió e impidió la circulación de más de 800 toneladas de cocaína”, una droga que, en su tránsito desde el sur hacia el norte de América, se desplaza por vía aérea y marítima a distancias superiores a las 500 millas de las costas nicaragüenses.
La seguridad de la que habla el general, por tanto, no se limita al ámbito interno. Su alcance se proyecta sobre toda Centroamérica. El elemento central es lo que las autoridades nicaragüenses denominan un “muro de contención” frente al crimen organizado.
¿En qué consiste exactamente ese “muro de contención”? Se trata de un conjunto de operaciones de inteligencia militar y policial destinadas a impedir la infiltración de cualquier expresión del crimen organizado. El objetivo es detectar, interceptar y bloquear el ingreso de armas, dinero y drogas. Impedir la instalación de pistas clandestinas y depósitos utilizados por el narcotráfico y la trata de personas, otro de los dramas que se han vuelto endémicos en Centroamérica y Sudamérica. Convertir Nicaragua en un territorio hostil y peligroso para el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero significa impedir que el crimen organizado complete su estructura regional.
No es casualidad que el intento de golpe de Estado de 2018 contara con la participación de estructuras criminales vinculadas a las maras centroamericanas. Si el Sandinismo hubiera perdido el poder, el crimen organizado habría podido finalmente penetrar en Nicaragua y completar su red regional de negocios y control político.
La cooperación como alternativa
Una experiencia que podría convertirse en referencia para un modelo centroamericano de cooperación en materia de seguridad es la Operación Sandino-Morazán, un acuerdo de colaboración entre las fuerzas armadas de Honduras y Nicaragua desplegadas a lo largo de casi 1.000 kilómetros de frontera. El objetivo es proteger a las comunidades fronterizas y combatir conjuntamente al crimen organizado.
La importancia de la cooperación centroamericana y caribeña en materia de seguridad fue subrayada también por el Comandante Daniel Ortega, quien destacó las oportunidades que ofrece la integración regional para hacer frente conjuntamente a las múltiples formas de amenaza. El máximo dirigente sandinista puso como ejemplo la experiencia de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), integrada por los ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, y concebida como un espacio de cooperación en defensa de la paz, la democracia y el desarrollo.
“Aquí en América Latina - afirmó el líder sandinista - vemos cómo las fuerzas armadas de toda la región se están acercando, consiguen integrarse, se reúnen, no para planificar ninguna invasión, no para planificar ataques contra otros pueblos, sino para fortalecer la defensa de los pueblos de la región latinoamericana y caribeña; para garantizar la paz de nuestros pueblos combatiendo el crimen y el narcotráfico; para brindar solidaridad a los pueblos frente a las dificultades causadas por los fenómenos naturales”.
Queda claro como una Nicaragua estable y segura trasciende las fronteras de la región. Incluso teniendo en cuenta el interés de Estados Unidos - reconocido también por el propio Pentágono - cualquier proceso de desestabilización en Nicaragua tendría consecuencias directas sobre el equilibrio regional.
No parece existir otra vía que la de la cooperación directa. Construir también en materia de seguridad - al igual que en el comercio y en los intercambios políticos y culturales - un modelo de cooperación regional sigue siendo, 205 años después de la independencia centroamericana, uno de los mayores desafíos de la región. Un desafío que solo puede resolverse mediante la integración, porque esa es precisamente la diferencia entre ser libres y ser anexionados. Como decía Aristóteles, tertium non datur.
