El presidente de la Comisión de Producción, Económica y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, presentó ante el plenario, un informe del trabajo realizado en cuanto a la reforma a la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria.

La reforma a la Ley 822 ha sido presentada a diversos sectores de la sociedad nicaragüense y que tiene como objetivo, garantizar los recursos económicos necesarios que permitan continuar financiando sostenidamente los programas y proyectos que benefician directamente a la población, a los más vulnerables.

Gutiérrez señaló que una vez aprobada la reforma, se compensará las pérdidas de recaudación ocasionadas por las acciones de desestabilización en el marco del intento fallido de estado.

Además, permitirá cubrir la brecha presupuestaria, estabilizar las finanzas públicas y retomar la ruta de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico que tenía el país meses atrás.

Los que se presentaron al proceso de consulta fueron 89 asociaciones, federaciones, gremios y empresas líderes del sector en nuestro país. Quienes no se presentaron fueron 19 asociaciones y cámaras aglutinadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada. Personalmente creo que es lamentable la auto exclusión de tan importantes cámaras porque tenemos que reconocer que son grupos empresariales de importancia en el país y su participación hubiese sido positiva y enriquecedora”, dijo.

El presidente de la comisión expresó que una vez analizada la propuesta de reforma, se emitió algunas consideraciones, entre ellas recordar que la función principal del estado en la economía es lograr el desarrollo humano sostenible y mejorar las condiciones de vida del pueblo.

“La comisión hace propio el cumplimiento del principio de legalidad plasmado en los artículos 114 y 115 de la Constitución Política lo cuales otorgan al plenario de la asamblea nacional de forma exclusiva e indelegable la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. Es de nuestra consideración que la iniciativa de ley reúne las características demandadas en nuestra carta magna para procurar un sistema justo, equitativo y progresivo”, destacó.