Los integrantes de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, presentaron a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y a jefes de las bancadas parlamentarias, el tercer informe del trabajo que han realizado en el marco de los acontecimientos violentos provocados por grupos que intentaron ejecutar un golpe de Estado, que fue frustrado por el pueblo nicaragüense.

El informe recoge los hechos acontecidos entre 6 de noviembre y 31 de enero. En este informe existe un capítulo relacionado a hallazgos, entre los que se destaca que existen 8 casos de supuestos fallecidos cuya existencia no ha podido ser constatada en el Registro Civil de las Personas.

Estos nombres "fantasmas" eran mencionados insistentemente por perfiles en las diferentes redes sociales, señalando que habían muerto por protestar. Luego, organismos de derechos humanos los incluyeron en sus informes, sin verificar sus datos.

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"Encontramos, por ejemplo, ocho personas cuyos nombres y apellidos no los encontramos en ningún lado, ni en el Consejo Supremo Electoral —estamos hablando de personas adultas—, ni en ninguna de las organizaciones que están alrededor de esto. Esas fuentes nosotros las agarramos originalmente de las redes sociales. Los nombres están puestos en nuestra página web y estamos invitando a todas las organizaciones que cotejen lo que estamos haciendo con sus propios datos para que de alguna manera lleguemos a tener alguna reunión para aclarar criterios", dijo Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz.

Agregó que estas personas "no existen, no encontramos signos de evidencias de su existencia. En las redes sociales en su momento se reportaron como fallecidos".

También, en la lista de los organismos internacionales de Derechos Humanos, se incluyó a una persona de apellidos Brenes Jirón, que efectivamente había fallecido, pero en un accidente de tránsito. Sin embargo, su deceso fue vinculado a las acciones vandálicas del intento de golpe de Estado.

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Amador indicó que la lista de personas fallecidas se cotejó con el Registro Civil de las Personas y se comprobó que muchos ni siquiera existen y otros fallecieron en circunstancias relacionadas a otras causas ajenas a las protestas.

Otro aspecto estudiado por la citada comisión, es la incidencia que tuvieron las redes sociales en esta coyuntura.

"En ese sentido, analizamos el proceso de antes de abril, el rol de las redes sociales en el mundo, la promoción de actitudes negativas, mensajes distorsionados, falsas noticias, todo eso en el contexto de la post-verdad", señaló Amador.

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Jaime López Lowery, también miembro de la comisión de la verdad, indicó que la ausencia o inexistencia de esas personas en el registro civil y del CSE, hace puntualizar que efectivamente son nombres inventados para incrementar cifras. 

“Se presume que están fallecidos, pero nadie puede probar que efectivamente estuvieran fallecidos o que existieron. No tenemos ninguna fuente de información que nos indique la existencia legal de esas personas, menos reales, no tenemos ninguna de las dos evidencias”, dijo Lopez Lowery, quien es vicerrector de la UNAN-Managua.