La Asamblea Nacional aprobó una iniciativa que deroga la ley 413 o Ley de Participación Educativa y su reglamento que promovía el pago de aranceles y profundizaba la privatización en el sistema educativo público del país.

Esta ley 413 fue aprobada el 7 de febrero del 2002 por diputados liberales en el periodo de los gobiernos derechistas y ahora la bancada del FSLN promovió su derogación y con ello se eliminan los últimos vestigios de cualquier legislación que induce al cobro en los colegios públicos, algo que fue abolido mediante el decreto emitido por el Presidente Daniel Ortega el 11 de enero del 2007 cuando volvió a declarar la gratuidad de la educación pública en Nicaragua.

"Los gobiernos neoliberales la utilizaron como una herramienta para violentar lo dispuesto en la Constitución Política de Nicaragua y de manera particular lo dispuesto en el artículo 121, ya que amparado en la llamada autonomía escolar aprobaron una serie de acuerdos ministeriales con el objeto de cobrarle a los padres y madres de familia la asistencia a los colegios", destaca la exposición de motivos de esta iniciativa de derogación a la Ley 413.

En el periodo de 1990 al 2006 (periodo neoliberal) se dio un giro drástico al modelo revolucionario de la educación, estableciéndose un modelo capitalista en el sistema educativo en el que las familias eran obligadas a pagar para que sus hijos e hijas pudieron asistir a clases o los obligaban a pagar para poder realizar exámenes y si no pagaban cada estudiante era humillado por medio de una lista colocada en un mural informativo donde se le calificaba como moroso.

La ley 413 se aprueba con la excusa de tratar de compensar la falta de presupuesto en el sistema educativo y se impone la mal llamada autonomía escolar con el fin de regular la participación de la sociedad civil en la función educativa, lo cual fue dañino para el pueblo, porque negó el derecho del niño o niña, del joven y del ciudadano nicaragüense a tener una educación gratuita.

La diputada Ana Iris Aragón recordó que con esta Ley 413 se impuso el sistema de autonomía escolar que no era más que un disfraz para privatizar la educación.

"Crearon esta ley 413 con el objetivo de cobrarle a los padres de familia, se cobró por ir a la escuela, era lamentable como un padre de familia con su hijo en el aula de clases cuando el maestro orientado por el director del colegio les preguntaba si ya habían pagado su mensualidad y a inicio de clases se miraban los talonarios para cobrar la matrícula, todos los materiales a utilizarse eran pagados y se pagaban proyectos de infraestructura. Se quitó el derecho a la educación gratuita y de calidad", dijo Aragón al describir la situación del sistema escolar en el periodo de gobiernos neoliberales.

Fortalecer el sistema educativo

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Maritza Espinales, calificó como un día especial al derogar la ley 413, la cual señaló como una ley perversa.

Rechazó que al eliminar esta ley se este quitando el derecho a las familias a participar en el sistema educativo público, debido a que en la ley 582 o Ley General de Educación se establece los Consejos de Educación donde están presentes los movimientos gremiales, los sindicatos, los padres y estudiantes.

"Por tanto la verdadera educación de nosotros los actores de la sociedad; el pueblo, los maestros, los padres de familia, los estudiantes, los maestros y los trabajadores continúan fortaleciendo nuestro proceso educativo, hoy estamos fortaleciendo como lo expresa la Constitución trabajar de manera coordinada con el poder ejecutivo porque el Comandante Daniel Ortega desde el 2007 declaró la gratuidad de la educación fortaleciendo el derecho humano fundamental de educarnos y por tal razón estamos haciendo lo correcto, estamos fortaleciendo el futuro para que nunca más se lesione la dignidad y se humille a un padre de familia, a un niño o una niña o un adolescente que quiera estudiar, estamos velando por la dignidad de nuestro pueblo", dijo Zepeda.

En tanto la diputada Johana Lira señaló que los gobiernos neoliberales promovieron un sistema mercantilista, obligando a los maestros a "bisnear" y a humillar a los estudiantes.

"Está ley fue utilizada por los gobiernos neoliberales desde 1990 hasta el 2006 la utilizaron como una herramienta para violentar los derechos humanos de la niñez nicaragüense, de los jóvenes y adolescentes de esa época, violentaron nuestros derechos quitándonos la educación gratuita que está consignada en nuestra constitución política", dijo Lira.

En cada intervención los legisladores sandinistas, subrayaron que ese pasado neoliberal cambió a partir del 2007 y que ahora la prioridad es un sistema educativo público con calidad e inclusivo, la infraestructura escolar es moderna, se garantiza mayor cobertura escolar en todo el país, acceso a las tecnologías y merienda escolar a más de 1 millón 200 mil estudiantes diariamente.