La gestión completa de un país también se mide por la manera en que administra sus niveles de riesgo, tanto endógenos como exógenos. Entre ellos, dada la particular configuración de Nicaragua, la atención a los riesgos de naturaleza climática y sísmica es máxima. Terremotos, huracanes, inundaciones: la historia ha demostrado, lamen-tablemente, que las catástrofes naturales no han perdonado al país y que, por tanto, su protección ha exigido mantener un elevado nivel de alerta y poner en marcha un plan nacional de gestión de eventos potencialmente catastróficos. Esto tanto en materia de prevención como de asistencia y recuperación. Si el análisis, la investigación estadística y sismológica y el monitoreo del riesgo pertenecen al INETER, la gestión del mismo y sus políticas preventivas están garantizadas por el SINAPRED, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres.

El SINAPRED trabaja con el objetivo de construir un sistema de defensa adecuado para afrontar el desafío que supone la elevada exposición a las catástrofes naturales y a los riesgos ambientales, entre ellos terremotos y actividad volcánica, huracanes y tormentas tropicales, inundaciones y deslizamientos de tierra, sequías y fenómenos relacionados con el cambio climático, así como riesgos ambientales de origen antrópico (es decir, los daños derivados de las actividades humanas).

Sin embargo, dentro de la lógica sociopolítica que subyace a las decisiones del Gobierno Sandinista, no se trata de una gestión exclusivamente técnica, sino de uno de los cauces por los que discurre la vida cotidiana de los nicaragüenses, ya que se inserta en la relación entre seguridad humana, prevención de riesgos, políticas públicas y protección social. El SINAPRED, y principalmente el sistema dedicado a la prevención y respuesta ante las catástrofes, constituye de hecho un componente estructural del sistema de protección social nicaragüense, que se coordina con las políticas sociales, sobre todo en situaciones de emergencia. No se ocupa únicamente de gestionar las emergencias: su mandato también comprende la reducción de las vulnerabilidades de las personas, las familias y las comunidades, mediante actividades preventivas, coordinación institucional e intervenciones de recuperación tras las catástrofes.

En el modelo sandinista de protección integral, las políticas de prevención dentro del sistema de protección social no consisten únicamente en la concesión de prestaciones económicas o asistenciales, sino que también incluyen aquellas políticas destinadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad e impedir que los acontecimientos adversos provoquen un deterioro de las condiciones de vida de las personas. Por ello, la conexión entre el SINAPRED y la protección social se desarrolla, sobre todo, a través de la integración entre la gestión de emergencias, los servicios públicos y las políticas de desarrollo humano.

Un elemento importante es su organización multinivel: el sistema involucra a instituciones nacionales, estructuras regionales, departamentales y municipales, hasta llegar a las organizaciones comunitarias y familiares. La misión del sistema es reducir el impacto de estos fenómenos sobre la población y la economía, reforzando las capacidades de preparación y respuesta y promoviendo la rehabilitación y la reconstrucción.

Las principales políticas de seguridad y prevención

La prevención y la gestión integral de los riesgos, consiste en identificar previamente las condiciones de riesgo y reducir la exposición de la población a los mismos. Para llevar a cabo una acción preventiva eficaz, se identifican las zonas de mayor riesgo, se organiza un sistema de seguimiento y alerta temprana y se realizan simulacros nacionales de preparación ante emergencias. La formación de las comunidades y las familias en materia de medidas de autoprotección contempla la participación directa de las comunidades mediante la creación de comités locales y municipales, brigadas de respuesta y grupos de voluntariado. La prevención no se concibe, por tanto, únicamente como una responsabilidad de las instituciones públicas, sino también como una capacidad colectiva para organizarse y reaccionar.

Este aspecto fundamental fue destacado en el “Plan Interinstitucional Invierno Seguro 2025”, que incluía campañas educativas y de sensibilización, limpieza de las ciudades y de los puntos críticos, campañas de salud preventiva, fortalecimiento de los sistemas de seguimiento y alerta, elaboración de planes familiares y comunitarios de respuesta, atención emocional y asistencia a la población.

Seguridad de las personas y las comunidades

La seguridad también se entiende como la capacidad de proteger a la población en su vida cotidiana y en situaciones de emergencia. El sistema involucra a distintos actores ins-titucionales: la Policía Nacional, el Ejército y las estructuras de protección nacional, los Bomberos, el Ministerio de Salud, las administraciones territoriales y las organizaciones comunitarias. La colaboración entre todos ellos permite organizar evacuaciones, operaciones de rescate, asistencia sanitaria, refugios temporales y protección de los bienes de la población.

También está la dimensión de la prevención sanitaria y la protección de la salud, que representan elementos fundamentales de la integración entre prevención y protección social. Durante las emergencias, el sistema debe garantizar la continuidad de la atención sanitaria, la asistencia médica a las personas afectadas, la prevención de enfermedades y de riesgos higiénico-sanitarios, la atención psicológica y psicosocial y la protección de los grupos más vulnerables. El objetivo es evitar que una situación de emergencia se transforme en una crisis sanitaria y social de mayor duración.

Como se destaca en el Plan Nacional de Respuesta con Enfoque Multiamenaza y Salud 2020, que integra la dimensión sanitaria en la planificación de las respuestas ante emergencias, la preparación, los sistemas de alerta, la respuesta institucional y la recuperación posterior a los desastres se consideran componentes de una única estrategia.

Vinculación con las políticas de lucha contra la pobreza

Un paso importante, que refleja el enfoque cultural y político de la gestión del riesgo, está representado por la actualización de la Política Nacional de Gestión Integral para la Reducción del Riesgo de Desastre 2023-2030, que pretende vincular la gestión de riesgos con las políticas de desarrollo, la reducción de la pobreza y la adaptación al cambio climático. Su principal referencia programática es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026.

La reducción de la pobreza, el acceso a los servicios públicos, la seguridad y la resiliencia territorial son algunas de las condiciones fundamentales para mejorar las condiciones de vida. La clave está en concebir ciudades inclusivas, seguras y resilientes, promoviendo entornos urbanos más seguros y capaces de afrontar los riesgos, así como la adaptación a la variabilidad y al cambio climático. Todo ello conlleva una reducción de las vulnerabilidades ambientales y sociales y un fortalecimiento de las capacidades de respuesta.

Esta conexión es significativa porque la pobreza y el riesgo ambiental pueden reforzarse mutuamente: las familias con menos recursos económicos suelen disponer de menos medios para protegerse frente a fenómenos extremos y recuperarse después de una catástrofe. El SINAPRED interviene, por tanto, sobre un componente de la vulnerabilidad que puede comprometer los resultados de las políticas sociales.

Protección de las familias y las comunidades

Al igual que sucede con las políticas sociales en general, también en la gestión de riesgos la familia representa un nivel central de la organización preventiva. A través de los planes familiares de respuesta, el sistema busca reforzar la capacidad de las familias para afrontar las emergencias, organizar las evacuaciones y proteger a sus integrantes. La dimensión familiar se complementa con la comunitaria y municipal, creando una red de protección que conecta las instituciones públicas con la población. Este modelo resulta especialmente relevante en territorios caracterizados por una elevada exposición a los fenómenos naturales.

Asistencia y recuperación después de las emergencias

Otra dimensión de esta integración se refiere a la fase posterior al desastre. El SINAPRED cuenta con el Fondo Nacional para Desastres y contempla actividades de asistencia a la población afectada, rehabilitación y reconstrucción. Aquí se confirma la atención fuerte que el GRUN le pone al tema de la seguridad ambiental, asignando el necesario aporte financiero.

El documento programático 2025-2028 establece prioridades específicas: asistencia a las personas y familias afectadas; fortalecimiento de la atención psicosocial; desarrollo de sistemas de información y estadística; consolidación de los sistemas de alerta temprana; formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias; recuperación y reconstrucción de las zonas dañadas.

La solución es la integración

El cambio de enfoque intervenido con el regreso al poder del FSLN se ha demostrado también en esta rama de la organización social. El punto central de la ruptura es el paso de una concepción tradicional de la protección social, basada predominantemente en la asistencia posterior a la aparición de una necesidad, a una concepción preventiva e integrada. Podemos sintetizar el modelo Sandinista de gestión del riesgo a través de la relación entre las políticas de lucha contra la pobreza, salud, educación, seguridad y resiliencia territorial.

La prevención se articula en torno a la alerta temprana, la formación y la planificación territorial. La protección comprende las operaciones de rescate, la asistencia sanitaria y los refugios. La asistencia se centra en el apoyo a las familias y comunidades vulnerables. La recuperación abarca la rehabilitación, la reconstrucción y la atención psicosocial. Todo ello contribuye a reducir las vulnerabilidades sociales y a fortalecer la resiliencia de las personas, las familias y las comunidades.

Se trata de otra aplicación general de la idea sandinista de un país integrado, capaz de planificar su crecimiento desde una visión holística que abarca todos los elementos de la organización social. La prevención de desastres se convierte en un instrumento de protección social, porque la seguridad de las comunidades contribuye a salvaguardar las condiciones de vida, el acceso a los servicios sanitarios y sociales reduce las consecuencias de los acontecimientos adversos y la resiliencia familiar y comunitaria pasa a formar parte de las políticas de desarrollo humano.

Así también se construye Patria: defendiéndola frente a todas las amenazas, cualquiera que sea su procedencia, tengan o no una intención determinada. No es posible eliminar completamente el riesgo sísmico, vulcanológico o los huracanes, ni controlar los movimientos naturales que se dan con características desastrosas. Pero si es posible prepararse a combatir sus efectos, reducir el daño, organizar la defensa civil. Es una de la manera de reafirmar que sí, hay Patria.

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