Cuando la Copresidenta Compañera Rosario Murillo preguntó este 18 de agosto durante EN DIRECTO, su espacio de mayor audiencia a nivel nacional, donde se comunica con las familias nicaragüenses y que se transmite por todos los Medios del Poder Ciudadano, dónde estaban los hospitales, las universidades, las carreteras, los puentes, el agua potable, la energía, las comunicaciones y las viviendas de quienes gobernaron Nicaragua antes del retorno del Frente Sandinista, la respuesta comenzó mucho antes de llegar a las obras que hoy se ven. Entre 1990 y 2006 el país atravesó dieciséis años de gobiernos neoliberales en los que más de cuatro millones de nicaragüenses vivían en condiciones de pobreza, miles de familias dependían de remesas enviadas desde Costa Rica y Estados Unidos y numerosos jóvenes salían del país empujados por el desempleo y la falta de oportunidades. En los hospitales públicos faltaban medicamentos, equipos e insumos, mientras el gasto estatal anual en salud por habitante había caído de unos 35 dólares en 1989 a cerca de 16 en 2005 y la compra de medicinas descendió de 45 millones de dólares en 1990 a aproximadamente 12 millones quince años más tarde. La educación siguió el mismo camino, más del 70% de las escuelas públicas no reunía las condiciones mínimas para funcionar, muchos estudiantes recibían clases en aulas deterioradas y el gasto anual por alumno pasó de 84 dólares en 2000 a unos 73 en 2005. A la par de esas carencias cerró el Banco Nacional de Desarrollo, se debilitó el Instituto Nacional de Tecnología Agraria, el pequeño productor quedó prácticamente solo, Aeronica desapareció, el Ferrocarril del Pacífico fue desmantelado y más de 400 millones de dólares en bienes públicos terminaron transferidos durante las privatizaciones. La telefonía, la energía y otros servicios quedaron sometidos a la lógica del mercado, Managua soportaba apagones prolongados, muchas familias pasaban días esperando que llegara el agua y el alcantarillado sanitario apenas alcanzaba fuera de la capital. Ese era el país que llegó a las elecciones del 5 de noviembre de 2006, después de dieciséis años de gobiernos corruptos de los que también formaron parte muchos de los golpistas, propagandistas y vendepatrias de hoy, los mismos que ahora hablan y dicen representar a Nicaragua.
Pero dos meses después, el 10 de enero de 2007, comenzó otra etapa con la instalación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El cambio no se limitó a inaugurar obras, también modificó la manera en que el Estado asumía sus responsabilidades, devolvió la gratuidad a la salud y la educación, puso a los ministerios, las alcaldías y las demás instituciones a trabajar bajo una misma conducción e incorporó el concepto de Pueblo Presidente a una forma de gobierno que buscó mantener la comunicación con los barrios, municipios, comunidades, departamentos y regiones. Los Gabinetes del Poder Ciudadano y otros espacios de participación acercaron los planteamientos de las familias a la elaboración de programas y acciones, mientras el Plan Nacional de Desarrollo Humano, el Programa Económico Financiero y el Presupuesto General de la República fueron marcando el rumbo hacia la reducción de la pobreza, la restitución de derechos, el respaldo a la producción, la seguridad ciudadana y el crecimiento acompañado por inversión social. Ese camino continuó la crisis financiera internacional de 2008 y 2009, distintos fenómenos naturales, el intento de golpe de Estado de 2018 y la pandemia de la COVID-19 sin que los servicios públicos dejaran de funcionar ni se abandonaran los objetivos trazados, al tiempo que el diálogo y el consenso reunieron a productores, trabajadores, cooperativas, emprendedores y gobiernos municipales, y los voluntarios acompañaron campañas de salud y educación, participaron en labores de prevención de desastres y se incorporaron a tareas de reforestación. Así fue tomando cuerpo el Modelo Sandinista, no solamente mediante las decisiones del Gobierno, sino a través de una organización donde el pueblo participó, los programas sociales atendieron las necesidades de las familias, la inversión abrió paso a nuevas obras, la producción recibió respaldo y la defensa de la soberanía permitió preservar la paz, todo con la conducción de la Copresidenta Compañera Rosario Murillo y el Copresidente Comandante Daniel Ortega.
Esa forma de gobernar comenzó a sentirse en aspectos concretos de la vida cotidiana, y uno de los primeros lugares donde puede seguirse ese recorrido es la salud. Lo que antes significaba hospitales con carencias y familias obligadas a buscar dinero para exámenes especializados fue dando paso, a partir de 2007, a una red que hoy suma 82 hospitales desarrollados en distintos puntos del país y que continúa ampliándose con proyectos de mayor complejidad. En Bluefields está previsto el Hospital Pueblo Presidente Afro y Originarios, valorado en 105.5 millones de dólares, construido sobre un terreno de diez manzanas, con 300 camas y 18,415 metros cuadrados distribuidos en ocho edificios. Desde el cual se atenderán familias afrodescendientes, originarias y mestizas de la Costa Caribe Sur mediante consulta externa, emergencia, hospitalización, cuidados intensivos, quimioterapia, hemodiálisis y seis quirófanos, junto con especialidades como cardiología, medicina materno fetal, neurocirugía, ortopedia, ginecología, pediatría, oncología, nefrología y cirugía pediátrica. El hospital incorporará un tomógrafo de 128 cortes con inteligencia artificial, equipos digitales de rayos X, mamografía, ultrasonidos de alta resolución, sistemas para laparoscopía, broncoscopía, gastroscopia, colonoscopia y otros procedimientos que antes obligaban a pacientes de esa región a trasladarse largas distancias. El tratamiento contra el cáncer también cambió, porque Nicaragua pasó de enviar pacientes a clínicas privadas de Costa Rica y El Salvador a disponer actualmente de cuatro aceleradores lineales, tres en el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga y uno en el Hospital Militar, mientras el Hospital Oncológico Juan Ignacio Gutiérrez incorporará entre tres y cuatro más. Ese crecimiento hospitalario avanza junto con la atención que sale de los edificios y llega a los barrios y comunidades mediante Ferias de Salud y Clínicas Móviles, dentro de un presupuesto que durante el primer semestre de 2026 destinó C$25,341.5 millones a salud y educación.
La misma comparación puede hacerse con la seguridad social y con los gastos que todos los meses pesan sobre el bolsillo de una familia. En 2006 había aproximadamente 100,000 pensionados y el pago en los bancos generaba filas interminables, adultos mayores esperando durante horas y personas que incluso llegaban desde la noche anterior para guardar su lugar. Hoy el INSS registra 369,564 pensionados y el número ha venido creciendo alrededor de 4% anual durante la última década. De ellos, 235,000 reciben pensiones ordinarias de vejez, 91,000 cuentan con pensiones reducidas, 25,000 corresponden a víctimas de guerra, alrededor de 17,000 cubren riesgos profesionales y 899 son pensiones especiales pagadas directamente por el Estado. El sistema amplió además su presencia con 16 delegaciones departamentales, siete en Managua y 59 municipales, muchas convertidas en centros de pago, mientras la base de asegurados alcanza 817,627 trabajadores, aproximadamente 730,000 obligatorios y unos 86,000 facultativos. La atención médica del Seguro Social también dejó atrás las llamadas clínicas de garaje y actualmente no excluye enfermedades, incluyendo hospitalizaciones, cirugías y servicios complementarios para casos de mayor complejidad. Esa protección se enlaza con los C$11,567.9 millones ejecutados entre enero y junio en transferencias y donaciones corrientes, donde se incluyen aportes al INSS y pensiones especiales, junto con C$519.6 millones destinados a subsidios y subvenciones para transporte urbano, agua potable y alcantarillado. El gasto social completo de esos primeros seis meses alcanzó C$38,255.4 millones, 11.5% más que en igual período de 2025 y equivalente al 56% de todo lo ejecutado por el Estado, de manera que el presupuesto terminó pagando salarios, entregando becas, garantizando pensiones, sosteniendo subsidios y respaldando la atención que reciben las familias.
Ese respaldo que el presupuesto lleva directamente a las familias también puede seguirse fuera de la seguridad social, hasta llegar a una llave de agua, una calle, un título de propiedad o una vivienda. La cobertura nacional de agua potable alcanza actualmente un poco más del 95% y ENACAL desarrolla 122 acciones durante 2026, de las cuales 90 se esperan concluir este año para beneficiar a unas 136 mil familias, mientras 30 proyectos de saneamiento alcanzan a otras 152 mil. La meta es cerrar el año con una cobertura urbana de saneamiento del 60%, el doble del 30% existente antes de 2007. En León, la planta de tratamiento de aguas residuales ya está construida físicamente y las obras de redes superarán los 103 kilómetros para recolectar y tratar las aguas de más de 41,000 familias, mientras en Pacayita, Masaya, la rehabilitación del sistema restableció el abastecimiento para más de 1,700 hogares de cinco localidades. Ese trabajo también necesita energía para mantener funcionando los sistemas de agua potable y saneamiento, y ahora entra el desarrollo de ENESOLAR, cuya primera planta en Matagalpa ya inició operaciones e incorpora 63 megavatios de generación solar, con 100 mil 100 paneles y una producción estimada de alrededor de 132 mil megavatios hora al año para respaldar también los sistemas de bombeo de ENACAL. El programa continúa con ENESOLAR 2, que registra un 20% de avance y amplió su capacidad de 18 a 22 megavatios, mientras ENESOLAR 3 se construye con una capacidad proyectada de 70 megavatios y tiene prevista su entrada en funcionamiento en diciembre, a lo que se suma ENESOLAR 4, actualmente en diseño con unos 20 megavatios adicionales. A ese avance se agregan más de 12 mil proyectos de electrificación ejecutados desde 2007 en zonas urbanas y rurales, un esfuerzo que llevó la cobertura eléctrica nacional del 54% en 2006 al 99.75% en 2026, prácticamente la totalidad del país. Mientras la demanda máxima de energía pasó de alrededor de 450 megavatios en 2006 a cerca de 1,000 megavatios en la actualidad, una inversión de 160 millones de dólares entre 2026 y 2030 permitirá continuar fortaleciendo y modernizando las redes de transmisión y distribución eléctrica. De los servicios que llegan a los hogares, el camino pasa también a la seguridad jurídica de las familias, porque desde 2007 se han entregado más de 760 mil títulos de propiedad y actualmente se suman aproximadamente 1,500 nuevos cada semana, documentos que les permiten heredar, vender, invertir o disponer legalmente de sus viviendas y terrenos. Mientras tanto en Acoyapa, donde el agua potable pasó de llegar cada quince días a recibirse durante las 24 horas y la electrificación alcanza prácticamente a todas sus comunidades, esa transformación puede observarse además en otros frentes, su presupuesto municipal pasó de C$8 millones a C$44 millones, sus calles aumentaron de 380 a 540, avanzan 320 lotes del programa Bismarck Martínez y se contabilizan más de 186 viviendas de interés social.
Desde esas ciudades y comunidades, la obra pública continúa por las carreteras, los puentes, los puertos y los proyectos que conectan a la población con los centros de producción y de servicios. Durante el primer semestre de 2026, el Programa de Inversiones Públicas del Gobierno Central ejecutó C$22,277 millones, mientras el MTI destinó C$9,290 millones a proyectos como la carretera Litoral del Pacífico entre Managua, Carazo y Rivas, el camino Empalme Wanawana-San Pedro del Norte-Bocana de Paiwas, la vía Waslala-Siuna y el mejoramiento y equipamiento de Puerto Corinto. La reconstrucción, ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Punta Huete acumulaba C$3,543.1 millones ejecutados y un avance físico de 26.8%, el puerto de Bluefields registraba C$392.7 millones, el puente Mulukukú alcanzaba 84.5% de progreso después de ejecutar C$213.5 millones y la carretera Kukra Hill-Falso Bluff llegaba al 95%. En los municipios, las alcaldías continúan adoquinando calles y mejorando caminos, construyen parques y mercados, levantan canchas y escuelas y entregan viviendas a más familias. A esas obras se suma la modernización del transporte público con autobuses Yutong procedentes de la República Popular China, de los cuales una parte fue entregada recientemente en León y sesenta serán entregados próximamente en Managua, ciudad donde también avanza el proyecto habitacional Nuevas Victorias, que se prepara para entregar apartamentos a más familias. Al mismo tiempo, el Plan Especial de Infraestructura Deportiva mantiene proyectos en Estelí, Catarina, Managua, Diriamba, Jalapa, Ocotal y Bluefields. Frente a esos avances vuelve la pregunta que hizo la Copresidenta Compañera Rosario Murillo, "¿A dónde están los hospitales? Ahora hay hospitales, ¿dónde están las universidades del pueblo en aquellos tiempos de miseria? ¿Dónde están las carreteras, dónde están los puentes, dónde están los servicios de agua potable, dónde está la energía, dónde están las comunicaciones, dónde están las viviendas?", y las obras que hoy avanzan permiten seguir esa respuesta con hechos. Esa misma transformación llega al campo, donde los años neoliberales habían dejado a miles de pequeños productores sin acceso al financiamiento público, crédito suficiente ni respaldo técnico. Desde 2007 el Gobierno comenzó a respaldar nuevamente a quienes producen los alimentos que llegan todos los días a la mesa de las familias, una política de soberanía alimentaria que hoy permite cubrir cerca del 90% de lo que se consume en el país y tiene como meta alcanzar el 95% durante 2026.
La Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada en 2009 dio respaldo jurídico a esa política, mientras el Bono Productivo Alimentario entregó más de 250 mil bonos a familias rurales mediante una inversión superior a 54 millones de dólares. La producción agrícola y ganadera ha crecido más de 80% respecto de años anteriores, el país cuenta con un hato bovino estimado en 5.8 millones de cabezas y durante 2025 se acopiaron más de 9.1 millones de quintales de arroz en 70 trillos, mientras en las fincas también se producen mango, yuca, pepino, lechuga y pipián, se obtiene leche de cabra y se crían especies ovinas. Usura Cero entregó recientemente mil créditos a protagonistas de 45 municipios y la Feria Ganadera Internacional Managua 2026, que culminó el 10 de agosto después de diez días de actividades, superó los 100 mil visitantes y registró ventas por el orden de los 50 millones de dólares solamente durante sus primeros cuatro días, con una proyección para este año de superar en 20% los alrededor de 100 millones vendidos en 2025, mientras en Estelí se cosechan variedades de papa prebásica destinadas a fortalecer la disponibilidad de semilla para los productores del norte. Esa actividad del campo se refleja a su vez en una economía que creció 6.1% interanual durante el primer trimestre de 2026, lo que llevó al Banco Central a elevar en julio su proyección anual a un rango de 3.5% a 4.5% y registró un superávit de cuenta corriente de 939 millones de dólares, equivalente al 15.5% del PIB. Las exportaciones de bienes crecieron 38% hasta alcanzar 2,562.9 millones de dólares y las reservas internacionales aumentaron en 1,104.7 millones, mientras inversiones como el Proyecto Porvenir de Mineros, la expansión de microfinancieras, una segunda tienda de Sogo Chino y una tercera sucursal de KFC en Managua continúan sumándose a la actividad económica. Todo esto frente a los golpistas, vendepatrias y traidores que se arrogan el derecho de hablar en nombre del pueblo y sostienen que nada se ha hecho, la respuesta está en los hechos, el Pueblo Presidente puede decir hoy que su Gobierno Sandinista ha cumplido y sigue cumpliendo.
