La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dio a conocer el informe del trabajo realizado durante el periodo 2018, en el que expuso los avances en la economía nacional y la restitución de derechos a la gran mayoría de nicaragüenses, que son posibles gracias a las políticas y proyectos impulsados por el gobierno sandinista.

La procuradora general Corina Centeno, destacó que la institución es la garante de promover, defender y tutelar las garantías constitucionales de los ciudadanos y sus derechos, basados en el cumplimiento de la Constitución y leyes del país.

“La institución muestra satisfacción y reconocimiento al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presidido por el Presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo quienes de manera ejemplar, paradigmática e histórica han ejecutado una serie de acciones, programas y proyectos coordinados armónicamente entre todas las instituciones del estado, comprometidos con la promoción, defensa y restitución de los derechos humanos de los nicaragüenses”, expresó.

Centeno refirió que desde el 2017 el país cuenta con planes nacionales de derechos humanos y en la actualidad cuenta con los ejes del Programa Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que constituyen que todo gobierno comprometido con los derechos humanos debe poseer para un desarrollo sostenible de la nación.

“Como parte de nuestro quehacer institucional en materia de promoción y educación, durante el 2018 desarrollamos 165 procesos de promoción sobre derechos humanos, mediante charlas, talleres, conferencias, conversatorios en los departamentos de León, Managua, Chinandega, entre otros, en las que se contó con la participación de cinco mil 521 personas, además se realizaron siete ferias de promoción de los derechos humanos de la niñez y adolescencia con una participación de 2 mil 933 personas, entre niños y adultos”, destalló.

En cuanto a la defensa y asesoría de derechos humanos, brindaron acompañamiento a dos mil 72 personas, quienes interpusieron denuncias en el ámbito nacional, ejecutaron más de dos mil 500 procedimientos en el ejercicio de defensa y promoción de derechos humanos.

Atención a las víctimas del fallido golpe de estado

Ante la agresión sufrida por el pueblo nicaragüense a manos de pequeños sectores, la PDDH ha denunciado, rechazado y condenado reiteradamente los hechos de violencia que generaron pérdidas humanas, materiales, así como lesionados e inseguridad ciudadana, violentando de esa manera los derechos humanos de los nicaragüenses.

“A pesar de los lamentables hechos de odio, la institución reconoce que el gobierno se mantuvo y se mantiene fiel a sus principios cristianos, socialistas y solidarios, restableciendo el orden constitucional y logrando conseguir nuevamente la estabilidad y paz en la nación. El gobierno está comprometido con el pueblo de Nicaragua, garantizando todos los derechos humanos y particularmente el derecho a la justicia mediante el establecimiento de mecanismos imparciales destinados a investigar y esclarecer los hechos”, expresó.

A raíz de lo sucedido en el mes de abril, la PDDH creo el Comité de Víctimas, a través del cual se inició el proceso con el proceso de recepción de denuncias e investigaciones de una serie de hechos lamentables que afectaron la paz y estabilidad del país.

“Como resultado del trabajo del Comité de Victimas, nuestra institución registró un total de 251 denuncias de personas fallecidas, verificando que únicamente 198 de ellas son las que se encuentran directamente vinculadas con los hechos de violencia producto del intento fallido de golpe de estado, mismas que han sido objeto de investigación. Se reportaron dos mil 80 personas lesionadas entre ellas miembros de la Policía Nacional, militantes sandinistas y pobladores ajenos a los acontecimientos”, detalló.

Centeno además expresó que a la fecha el único nicaragüense desaparecido es el compañero Bismarck Martínez, Sub Director de la Dirección de Ornato de la Alcaldía de Managua, de quien se desconoce su paradero desde el 29 de junio, de igual manera, se refirió al caso del Sub Oficial de la Policía Martín Sánchez, secuestrado el 11 de junio en el puesto policial de Sislao Paraska en Pueblo Nuevo, Mulukukú, cuya osamenta fue encontrada 22 días después en una finca.

Tranques de la muerte y destrucción

Para la PDDH, los tranques instalados en distintos puntos del país fueron sinónimo de violación a los derechos humanos de la población nicaragüense en los que se reportaron al menos cinco fallecidos, entre ellos una mujer embarazada, además la obstrucción del paso a 120 personas que no lograron llegar a sus hospitales correspondientes para sus debidos procedimientos de hemodiálisis y quimioterapias.

“Se comprobó que los tranques se convirtieron en epicentros de muerte en donde se consumía alcohol, drogas, ocurrían robos, secuestros, asesinatos, cobro de peaje entre otros delitos. El caso más lamentable fue la violación de una niña en el sector de las Maderas, Tipitapa. Además de la humillación vividas por las personas que fueron desnudadas, amarradas y amenazadas, cuyos cuerpos fueron pintados de azul y blanco, atentando contra su dignidad e integridad psíquica, física y moral”, manifestó Centeno.

Durante el intento golpista, muchas instituciones del estado fueron saqueadas, destruidas de manera parcial y total, tales como Centros de Desarrollo Infantil, Casa Maternas, Centros de Salud, Ministerio de Transporte, entre otros.

“Se constató la destrucción de 252 edificios públicos y privados, 209 kilómetros de carretera y caminos, 278 maquinarias o equipos de construcción, 389 vehículos quemados, así como la quema del CUUN de la Unan León, donde murió trágicamente Cristhian Cadena. Además, se contabilizan 55 ambulancias destruidas, seis camionetas quemadas, una casa materna saqueada y destruida, dos sedes de Silais destruidos, seis unidades de salud dañadas y cuatro clínicas móviles destruida” destalló.

Derechos humanos garantizados a privados de libertad

En cuanto a la atención brindada por el gobierno a las personas detenidas, la Procuraduría constató a través de la visita a los principales centros de detención del país que no existe evidencia alguna de tortura, malos tratos y lesiones, además del cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas por los estándares nacionales e internacional.

“Se realizó visita al Establecimiento Penitenciario “Jorge Navarro” de Tipitapa donde se encuentra la mayor parte de personas presas por los hechos de violencia en nuestro país, se constató que los detenidos se encuentran en un pabellón con dos módulos recientemente construidos, además es claramente visible las visitas de sus familiares cada 21 días”, subrayó.

 

PDHH

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