El Parlamento nicaragüense, con amplia mayoría, ha votado un decreto de disolución para 5 diferentes ONG nicaragüenses, acusadas de haber desempeñado un papel de apoyo organizativo y liderazgo político en el intento de golpe de estado que ha ensangrentado a Nicaragua desde el 18 de abril hasta el pasado mes de julio.

Los liberales y los conservadores han votado en contra, acusando a los sandinistas de represión antidemocrática, pero en realidad las decisiones del Parlamento nicaragüense se han tomado en cumplimiento de la ley 147 sobre la ONG, aprobada en 1992 por el gobierno liberal y conservador de Violeta Chamorro, para regular la actividad de las empresas que reciben fondos internacionales. Así que las protestas de la derecha son extrañas, ya que cuando están en el gobierno votan leyes, que luego, cuando van a la oposición no quieren aplicar.

Durante años, las ONGs disfrutaron de una considerable tolerancia por parte de las instituciones gubernamentales, sintiéndose amparadas por una ley que, sin embargo, también prevé la obligación de mantener las cuentas en transparencia, renovar los cargos electivos y operar en consonancia con los propósitos establecidos. Obligaciones que han sido ignoradas.

El artículo 24, párrafo 7 de la Ley, dispone el retiro de la autorización en caso de utilizo para cometer actos ilegales, violación del orden público, realización de actividades que no corresponden a los fines para los cuales han sido establecidas. Precisamente lo que ocurrió.

En los estados financieros no había trazabilidad del origen de los fondos, sin embargo en las investigaciones aparecieron recibos por miles de dólares con causales claramente atribuibles a los actos terroristas cometidos. En cuanto a la renovación de los cargos electivos, a menudo la misma persona (este es el caso, por ejemplo, del Popol Na de Monica Baltodano) aparecía en función ocupando al mismo tiempo todos los cargos previstos, lo que demuestra que estos eran accesorios muy privados y no actos públicos. Finalmente, entre los propósitos de su constitución y los hechos demostrados, no existe algún un vínculo posible.

De hecho, las hipotéticas organizaciones no gubernamentales "para la defensa de los derechos humanos", en alianza con la Conferencia Episcopal, el Cosep y los partidos de la oposición, han trabajado sobre todo para incitar la revuelta armada contra el gobierno constituido legal y legítimamente. Posición que vincula a estas organizaciones a la esfera de las asociaciones subversivas y no de defensa de los derechos humanos, que quizà son las víctimas predestinadas de todo conflicto.

Con nombres diferentes, pero de propiedad de los habituales, las ONGs nicaragüenses han sido, ante todo, la fuente de acreditación política y financiera en los Estados Unidos de una generación de políticos fracasados, que una vez fueron sandinistas para luego pasar con armas y equipaje a la extrema derecha.

Las fundaciones y asociaciones a lo largo de los años se han denominado de forma diferente: al principio fungieron de caja de familia para los Chamorro, los Baltodano, etc., para luego convertirse en organizaciones activas en la contratación, capacitación y organización de grupos antigubernamentales y recolectores de fondos de los Estados Unidos.

De hecho, como demostrado ampliamente, las ONGs recibieron importantes sumas de dinero provenientes de organismos gubernamentales de terceros países y estructuras aparentemente privadas, pero atribuibles a partidos y gobiernos extranjeros, con el objetivo de crear oposición al gobierno sandinista, mejor si violenta. Por lo tanto, fungieron de organizaciones no gubernamentales solamente para su país, pero decididamente gubernamentales para aquellos que las mantienen.

Durante el intento de golpe de Estado proporcionaron la logística, el suministro de alimentos, transporte, armas y sirvieron de red de información en apoyo a las operaciones terroristas que constituían la quinta esencia del intento de golpe.

Otra tarea que llevaron a cabo fue la creación de redes sociales artificiales, difundiendo noticias falsas, con el propósito de generar caos, para luego elaborar informes falsos sobre la represión. Mismos a ser utilizados internacionalmente, ofreciendo una versión manipulada de los hechos, preparando un clima hostil hacia el gobierno sandinista por parte de la comunidad internacional y creando las condiciones para la aprobación de futuras sanciones contra el País.

Dos son propietarios prominentes de estas compañías: el MRS, un micro-partido altamente resentido y criminal, nacido de la separación del FSLN en 1994 y la familia Chamorro, guía histórica de la oligarquía nicaragüense que tiene en sus manos la mayor parte de la información privada del país. El primero como brazo armado y propagandístico del golpe de Estado, el segundo encargado de mover la empresa privada hacia el golpismo, ambos comparten las mismas ambiciones en un terreno común. Para el MRS, que representa a las familias oligárquicas que una vez fueron sandinistas, el sueño es vengarse del Presidente Ortega y destruir al partido que no quiso seguirlos en su camino hacia la extrema derecha; para la familia Chamorro, la aspiración es recuperar el poder político y devolverlo, veintiocho años después, a otro miembro de la familia bajo el mando de Nicaragua.

Algunos analistas creen que las decisiones tomadas por la mayoría del Parlamento nicaragüense son la respuesta a la aprobación de la Nica Act en las dos ramas del Parlamento de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar que el clima político en la relación con los Estados Unidos se haya endurecido seriamente, no existe una relación de causa-efecto directa entre el voto de Washington y el voto de Managua.

Con la disolución de las ONGs, Nicaragua solo continúa con el trabajo de identificación, juicio y sanción contra el bloque reaccionario y criminal que intentó un golpe violento que costó más de 200 muertos, causando pérdidas a la economía por 1,812 millones, así como el fin del clima de paz y convivencia civil que veía Nicaragua como el país más seguro de América Latina, junto con Cuba.

Ningún país digno hubiera dejado impunes a los protagonistas y actores de horrores similares y, en todo caso, solo podemos plantearnos la hipótesis de que la identificación, el juicio y la administración de las sanciones relativas aún no están completas, ya que todavía hay personajes y estructuras que participaron activamente en el golpe de estado y que serán alcanzados tarde o temprano por la justicia.

La decisión de Trump de firmar o no la Nica Act tendrá repercusiones solo en las relaciones bilaterales. Probablemente los Estados Unidos, escolásticamente, piensan que tienen mucho que ganar y nada que perder manteniendo un clima más agresivo con Managua, pero están equivocados.

Nicaragua controlada por los sandinistas desempeña un papel valioso en la región centroamericana, tanto para la estabilidad política en el triángulo del norte como en la prevención del narcotráfico en el país y en el uso de sus fronteras. Además, sus políticas de inclusión hacen de Nicaragua el único país centroamericano que no contribuye a la migración irregular en los Estados Unidos.

La colaboración entre las respectivas fuerzas armadas es particularmente apreciada por el propio Pentágono, que en varias ocasiones ha reiterado admiración y respeto por el alto grado de eficiencia de las fuerzas armadas nicaragüenses.

Sin embargo, se puede imaginar que, en el caso de que Nicaragua, debido a la Nica Act, ya no pueda tener acceso a fondos internacionales para obras sociales, podría verse obligada a modificar parte de su presupuesto dirigiendo recursos hacia inversiones públicas y la asistencia social.

Por lo tanto, existe el riesgo que el dinero que hoy se gasta para satisfacer las necesidades de seguridad de los Estados Unidos, pueda convertirse en la primera víctima de las sanciones de los Estados Unidos. Quién sabe si Washington ha valorado suficientemente la oportunidad de relegar a los caprichos de la extrema derecha de Florida un problema serio que atañe la misma seguridad nacional de los EE. UU. y la política de la Casa Blanca hacia Centroamérica.

Fuente: www.altrenotizie.org