Con sus ataques contra Venezuela y, más recientemente, Nicaragua, Amnistía Internacional, la organización occidental de derechos humanos ha llevado su conocido apoyo a la política externa de los gobiernos de la OTAN a niveles todavía más profundas de falsedad y mala fe. El multi-millonario ONG afirma, “Nosotros somos independientes de cualquier gobierno, ideología política, interés económico o religión”. Esta afirmación es extremadamente deshonesta. Muchos integrantes de la junta directiva de Amnistía Internacional y la mayoría del personal gerencial de su Secretariado, que elabora los informes de la organización, son personas que vienen de una matriz institucional muy comprometida ideológicamente. Se trata de la red de ONGs occidentales, como Purpose, Open Society Institute, Human Rights Watch, entre muchas otras supuestamente humanitarias, dominada por los mismos intereses corporativas occidentales que dominan los gobiernos norteamericanos y europeos.

Se ve como opera el sesgo ideológico de Amnistía Internacional en el trato diferente y desproporcionada que se aplica en sus informes de diferentes países. México, por ejemplo, tiene más de 3600 personas desaparecidas y los abusos por las fuerzas de seguridad con constantes. Colombia tiene más de 4 millones de personas desplazadas internamente y, solamente en este año 2017, se ha asesinado a 53 activistas comunitarias. Generalmente, Amnistía Internacional pone esta realidad aterradora en contexto, por no omitir críticas de las fuerzas que desafían las autoridades y contribuyen a desestabilizar estos países. Por contraste, en sus informes sobre Venezuela y Nicaragua, al igual que otros similares ONGs occidentales, Amnistía Internacional reproduce las mismas falsas afirmaciones de la minoritaria oposición política, apoyada de una u otra manera por los gobiernos de los países de la OTAN.

En relación a Venezuela y Nicaragua, las organizaciones occidentales de derechos humanos exageran las supuestas violaciones de los gobiernos mientras minimizan los abusos y provocaciones de la oposición política. La siguiente captura de pantalla de las tres principales noticias de Venezuela tomada el pasado día 9 de agosto da una buena idea de como la cobertura de los hechos recientes en Venezuela por Amnistía Internacional ha sido altamente politizada y de mala fe.

Esta falsa cobertura es idéntica a la de los principales medios corporativos en el Occidente y la mayoría de sus medios alternativos. Minimiza los asesinatos cometidos por la oposición de venezolanos no involucrados en las protestas, ignora cómo los sicarios opositores han encendido a decenas de personas, y atacado a hospitales, universidades y hasta preescolares y también descarta innumerables actos de hostigamiento por militantes de la oposición venezolana contra la población en general. Ese último titular: “Venezuela: violencia letal, una política del Estado para estrangular la disidencia” es una perniciosa mentira. Desde un inicio, en el pasado mes de abril, Presidente Nicolás Maduro prohibió el uso de la fuerza letal por las unidades de seguridad contra las manifestaciones opositoras durante esta última fase del prolongado intento de golpe de estado de la oposición política venezolana.

De igual manera, contra Nicaragua, el último informe de Amnistía Internacional, el cual inicia su campaña global para detener el propuesto Canal Interoceánico, también comienza con una descarada mentira: “Nicaragua ha avanzado con la aprobación y diseño de un mega-proyecto que pone en peligro los derechos humanos de cientos de miles de personas, sin consultas y en un proceso envuelto en silencio.”

Esa afirmación es completamente falsa. Aun antes de la publicación en Septiembre 2015 del estudio de impacto de los consultores internacionales, como confirma ese mismo estudio, el gobierno y la empresa HKND, a cargo del diseño y construcción del Canal, habían organizado consultas públicas con, entre otros, 5400 personas de las zonas rurales y 475 personas de las comunidades indígenas que vivían en la ruta del Canal y sus proyectos subsidiarios. La cobertura mediática del proyecto del Canal y su progreso ha sido muy extensa desde el día que se anunció.

El Estudio de Impacto Social y Ambiental presentado por la prestigiosa empresa internacional de consultores ERM, que costó junto con otros estudios asociados más de US$100 millones, está disponible tanto en español como en inglés. Dos años antes del informe de Amnistía Internacional este estudio de ERM anticipó todas las críticas del reciente informe de Amnistía Internacional. El gobierno y la empresa HKND aceptaron las críticas presentadas por ERM e iniciaron un proceso de análisis y revisión que sigue hasta la fecha. Pero Amnistía Internacional excluye esa información. Recientemente, el vocero del gobierno de Nicaragua, Telémaco Talavera, ha dicho que el proceso en camino involucra un total de 26 estudios adicionales. Entonces, hasta que se terminen estos estudios adicionales, el gobierno tiene la razón en evitar comentarios sobre el propuesto Canal Interoceánico, porque los nuevos resultados podrían cambiar el proyecto, quizás de una manera radical.

Amnistía Internacional asevera, “De acuerdo con los estudios independientes de las organizaciones de la sociedad civil, en la ruta anunciada del Canal se impactará en el área directamente a aproximadamente 24,100 hogares (alrededor de 119,200 personas).” Sin embargo, el estudio de ERM nota, “la empresa HKND levantó un censo de la población en las Áreas Afectadas por el Proyecto. El censo determinó que aproximadamente 30,000 personas (o 7210 familias) tendrían que ser reubicadas física o económicamente.” Pero, de una manera que indica su irracional sesgo ideólogico, el informe de Amnistía Internacional omite esta información que contradice las cifras engañosas de la parte de la sociedad civil dominada por oposición política en Nicaragua.

Amnistía Internacional afirma que su equipo de investigación entrevistó a “por lo menos 190 personas” preocupadas por los efectos del Canal. En cambio, el gobierno de Nicaragua y la empresa HKND han discutido el proyecto con alrededor de 6000 personas en las áreas ubicadas en la ruta del propuesto Canal. Y en relación a este tema, hasta miembros de la hierarquía episcopal han criticado como la oposición política en Nicaragua han manipulado las familias rurales sobre el tema del Canal Interoceánico. Sobre este hecho también, Amnistía Internacional se calla. Todo su informe esta hecho a la medida de la campaña de la oposición política en Nicaragua para una intervención estadounidense contra el país por medio del notorio NICA Act.

El gobierno de Nicaragua ha aclarado expresamente su compromiso con una resolución justa y equitativa del tema de las posibles expropiaciones. En su informe del 2015 sobre el impacto del Canal en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno explica : “El Gobierno de Nicaragua y HKND garantizarán que las personas y familias que están en la ruta donde se construirá el canal tengan unas condiciones de vida superiores a las actuales (sin el Canal). Para ello, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la Comisión del Proyecto, garantizará no sólo una justa y transparente indemnización de sus propiedades, a través de negociaciones y acuerdos directos con cada familia afectada, sino además impulsar acciones que les permita mejorar sus condiciones económicas, de salud, de educación, de vivienda y de empleo.”

Pero el informe de Amnistía Internacional sistemáticamente excluye esta información y cualquier otra fuente que presenta la posición, o los datos que la apoya, del gobierno de Nicaragua u otras fuentes que apoyan el proyecto del Canal Interoceánico. Amnistía Internacional asevera que no pudo hablar con el gobierno o alguien entre las numerosas personas de la sociedad civil que apoya el proyecto del Canal. Sin embargo, abundan fuentes secundarias que contradicen de manera categórica los falsos argumentos de Amnistía Internacional contra el Canal. El informe de esta organización ataca específicamente y de manera extensa la Ley 840, que facilita la construcción del Canal y sus sub-proyectos, pero su exposición cínicamente omite un fundamental detalle crucial, a la vez que omite completamente el contexto social y económico relevante.

El detalle fundamental se encuentra en el Artículo 18 de la Ley 840 donde dice específicamente que el proyecto del Canal Interoceánico : “no se requerirá que ninguna Entidad Gubernamental tome alguna acción que viole la Constitución Política de la República de Nicaragua o los términos de algún tratado internacional del que el Estado de la República de Nicaragua sea parte.” Amnistía Internacional omite este absolutamente crucial detalle de la Ley 840 porque hace redundante toda su exposición de los ataques de la oposición política en Nicaragua contra la legalidad y equidad del marco legal del proyecto del Canal. Lo mismo aplica en el caso del contexto relevante político, social y económico.

La cultura política en Nicaragua se basa en el diálogo, el consenso y el respeto por el derecho internacional. Esta realidad está reconocido a nivel nacional por todas las principales organizaciones empresariales y todos los principales sindicatos. A nivel internacional, lo reconocen todas las instituciones financieras internacionales y todas las principales organizaciones humanitarias multilaterales. El Presidente Daniel Ortega y la Vice Presidente Rosario Murillo tienen niveles de aprobación de su gestión superiores al 70% a nivel nacional y existen razones muy concretas por ese nivel de masivo apoyo mayoritario. Entre muchos otros factores, los precedentes que se han sentado en relación a la resolución por las autoridades nicaragüenses de como reubicar las poblaciones afectadas por grandes proyectos, como, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico Tumarín, definitivamente contradicen el espurio alarmismo de la oposición política en Nicaragua, reciclado de manera tan simplista por Amnistía Internacional.

El actual gobierno Sandinista en Nicaragua ha sido el gobierno más exitosa en la historia del país en la reducción de a pobreza y la defensa del derecho de todas y todos los nicaragüenses a una vida digna. Para lograr esto, el gobierno, entre muchas iniciativas más, ha atraído niveles sin precedentes de la inversión externa directa. En ese contexto, la Ley 840 protege de manera explícita las enormes potenciales inversiones en el propuesto Canal Interoceánico mientras, a la vez, garantiza implícitamente todas las protecciones constitucionales para la población. Además, el Presidente Comandante Daniel Ortega ha asegurado repetidamente al pueblo nicaragüense que todas las familias que podrían eventualmente tener que reubicarse, si el proyecto del Canal se ejecutara, recibirían todo el apoyo y asistencia que requieren de parte del gobierno.

Igual que lo ha hecho en el caso de Venezuela,también, en relación a Nicaragua, Amnistía Internacional tergiversa los hechos y cínicamente promueve las interpretaciones falsas y sesgadas de la oposición política del país. En América Latina, a pesar de su insincera declaración de estar preocupada por el bienestar y los derechos básicos del pueblo, en la práctica Amnistía Internacional, igual que todas las ONGs multimillonarias del Occidente camufla con un espurio cobertura humanitaria la agenda política intervencionista de las élites corporativas norteamericanas y europeas y los gobiernos que controlan. De eso, los catastróficos efectos destructivos del papel reciente de Amnistía Internacional en las crisis que siguen afectando a los pueblos de Libia, Siria, Ucrania y ahora Venezuela son una viva e irrefutable prueba.