A pesar de la extrema complejidad de los hechos, la Policía Nacional logró esclarecer en 17 días la masacre perpetrada el 19 de julio en dos puntos del departamento de Matagalpa, donde 5 simpatizantes sandinistas fueron asesinados y otros 24 fueron heridos.

La Jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, presentó este jueves ante los medios de comunicación los resultados del proceso investigativo determinándose cómo sucedieron los hechos y las pruebas que acusan a cada uno de los implicados en este atroz asesinato.

Granera manifestó que la institución policial y el Ejército de Nicaragua desde un primer momento asumieron el compromiso de esclarecer este caso, de allí que el esfuerzo finalmente ha dado sus resultados, garantizando así la seguridad, armonía y convivencia pacífica a las familias nicaragüenses.

Los implicados

La Policía implica directamente en los hechos a los individuos Leonel Poveda (alias “Nahúm”), Eddy Gutiérrez (alias “Tigre”), Rosendo Huerta (alias “Conejo”), Pablo Martínez (alias “Yalí), Wilfredo Balmaceda, José Ricardo Cortez (alias “Cobra”), Jairo Obando, José Meza y a Sacarías Cano (Alias el Zanate).

Entre los delitos que se les imputan a los acusados están conspiración, proposición, crimen organizado, asesinato, lesiones graves, tenencia de armas prohibidas y daños a la propiedad. Estos delitos ocurrieron precisamente el 19 de julio en el kilómetro 75.3 de carretera norte, comarca El Carmen, municipio de Ciudad Darío, entre las 9:30 y las 10:00 pm; y en la comarca Wabule, municipio de San Ramón, entre las 12:30 y la 1:00 de la madrugada.

La planificación de la masacre

Granera explicó que entre el 20 junio y el 10 julio en los domicilios de Leonel Poveda y Eddy Gutiérrez, en Ciudad Darío, se realizaron varias reuniones en donde se planificó la posibilidad de realizar actos delictivos en contra de las caravanas que asistirían a Managua a la celebración del triunfo de la Revolución Sandinista.

En estos encuentros participaron además de los dos mencionados, Rosendo Huerta, Pablo Martínez , Wilfredo Balmaceda y José Ricardo Cortez. Como elementos probatorios de que estas reuniones se realizaron, la Policía dijo contar con las confesiones de los acusados y presentó un video en el que José Ricardo Cortez lo corrobora.

La reunión donde se define cómo se realizaría el ataque se efectúa el 10 de julio en casa de Eddy Gutiérrez. Allí Rosendo Huerta comunica que él atacaría personalmente la caravana sandinista en el área de San Ramón.

La Primera Comisionada manifestó que el señor Wilfredo Balmaceda fue indispensable en la logística del ataque la masacre ocurrida en El Carmen.

Luego de concretizado el plan, el 12 de julio se dio otra reunión para preparar las condiciones del ataque, resolviéndose que serían Eddy Gutiérrez, Jairo Obando y Pablo Martínez quienes accionarían las armas (un fusil AK y dos escopetas) durante la emboscada.

Ya el día 16 de julio, tres días antes del crimen, los asesinos hicieron un último reconocimiento de donde se apostarían para realizar el ataque. Ese día Wilfredo Balmaceda, Leonel Poveda, Eddy Gutiérrez y Pablo Martínez, salieron de Ciudad Darío rumbo a El Carmen y luego de verificado el punto se retiraron.

El día del ataque

El 18 de julio los tres tiradores, es decir, Eddy Gutiérrez, Pablo Martínez, y Jairo Obando a las 8 de la noche salen por última vez de Ciudad Darío a bordo de una camioneta conducida por Gutiérrez, deteniéndose en el sector de San Juanillo. Desde este lugar deciden caminar hasta el sector de El Congo, en Las Delicias. Estando allí el individuo Marvin Sequeira (otro de los implicados) les lleva las armas. Con las armas en sus manos caminan hasta Las Pilas, donde llegan a eso de las 4 de la madrugada del 19 de julio. En este lugar deciden esconderse hasta las 6 de la tarde de ese día. A esa hora abandonan su escondite y caminan hasta el punto de la emboscada.

A eso de las 8 u 8:30 de la noche (que es cuando llegan al punto del ataque) los asesinos tienen un ataque de sed y uno es enviado a pedir agua a una finca cercana.

Horas después y luego de haber saciado su sed, al pasar la caravana sandinista los implicados deciden apretar el gatillo resultando 4 muertos y varios heridos.

La jefa de la Policía explicó que primero dispararon contra cuatro buses de Nueva Segovia, y luego contra los tres buses donde hubo muertos .

Una patrulla trató de repeler el ataque

Granera dio a conocer que una patrulla policial de Estelí había regresado a buscar a algunos buses que habían quedado atrás, y que al ver los fogonazos de los disparos, decidió responder a los delincuentes, obligándoles a huir.

Sobre este primer ataque Granera, afirmó que desde un primer momento la institución, por las líneas de fuego trazadas por Criminalística, sabía el número de los tiradores y el tipo de armas usadas, lo cual coincide con las confesiones de los implicados.

“Estas coincidencias son importantes para nosotros probar que verdaderamente estamos teniendo y presentando ante el pueblo de Nicaragua y ante los tribunales de justicia a los responsables de la masacre”, subrayó.

Deciden ocultarse

Es importante señalar que el plan de retirada de los asesinos no funciona tal como lo tenían planificado, ya que tras perpetrar el ataque semi-ocultan las armas en el lugar y huyen en desbandada.

Tras varios días escondidos en su casa, el 24 de julio Leonel Poveda y Pablo Martínez, contactan a José Ricardo Cortez para que les ayude a escapar. Ante ello este los traslada a la casa de José Meza ubicada en una comarca de San Isidro donde se ocultaron.

El señor José Meza declaró a la Policía Nacional que al conocer sobre los arrestos que se estaban realizando, se dirigió a su casa logrando que los asesinos le confesaran su participación en los ataques. Al conocer esto, aseguró que les pidió abandonaran la casa, no obstante, la Policía lo acusa de facilitar la huida de los asesinos.

Ataque en San Ramón

En relación al ataque en San Ramón, la Policía Nacional indicó que este ocurrió unos 300 metros antes del puente del Rio Wabule. De acuerdo a los resultados investigativos de la Policía, allí quien atacó la caravana de simpatizantes sandinistas fue Rosendo Huerta con el apoyo del señor Sacarías Cano, .

La primera comisionada Aminta Granera, indicó que sobre el lugar la Policía encontró huellas dactilares que señalan directamente a Huerta como el perpetrador de este segundo ataque.

Este tuvo como resultado una persona muerta y tres heridos.

Están todas las evidencias

Sobre ambas emboscadas, Granera aseguró que Policía tiene en sus manos todas las evidencias que incriminan a los implicados, como son las armas, los vehículos usados, los buses atacados y otros elementos probatorios.

Además se cuenta con 49 entrevistas a testigos, pobladores de la zona y lesionados.

En total la institución de seguridad realizó 9 allanamientos en todo el departamento de Matagalpa, de estos 5 fueron en Ciudad Darío, 2 en San Ramón, uno en El Jicaro y uno en San Isidro.

La Policía aseguró que todos los mencionados en el crimen están detenidos y a la orden de las autoridades competentes, a excepción de Pablo Martínez, quien se encuentra prófugo de la justicia.

En cuanto a José Cortez, la Primera Comisionada dio a conocer que este pertenece a la organización criminal conocida como Los Zetas.

Sin implicaciones políticas

Granera aseguró que este caso aún no está cerrado sino que continúa en proceso investigativo, y descartó que tuviera implicaciones políticas. Al respecto catalogó al grupo de asesinos como una banda criminal con conexiones seudo-familiares.

Investigados, no desaparecidos

En relación a los arrestos, aclaró que con la actual Policía Nacional y con el actual Ejército de Nicaragua, “no hay ni ha habido ni habrá muertos y desaparecidos como en tiempos de la Dictadura” Somocista.

Refirió que lo que sí ha habido es personas investigadas y detenidas en Auxilio Judicial por un hecho criminal abominable y repudiado por todo el país.

“Hemos conocido de personas que andan prófugas vinculadas a este hecho”, manifestó Granera, subrayando que la institución ha actuado en todo momento en el marco de las atribuciones que le confiere la ley.