Desde el golpe de Estado contra el Presidente Jean Bertrand Aristide en 2004 hasta 2017, Haití fue ocupado militarmente primero por tropas estadounidenses y canadienses y luego por una fuerza multinacional de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, siempre bajo la clara dirección de los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados, principalmente Canadá y Francia. Para las élites norteamericanas y europeas la crisis política en Haití desde la salida de MINUSTAH de Haití presentó un dilema. Siempre tenían una presencia de intervención administrativa y política en la forma de la Oficina Integrado de Naciones en Haití (BINUH por sus siglas en francés). Pero necesitaban otro mecanismo de intervención armada para suprimir la creciente resistencia popular a la subyugación neocolonial del país bajo las corruptas autoridades de facto haitianas.

Una nueva modalidad de la intervención

Estos títeres de sus amos occidentales se han mantenido en el poder por medio de unas elecciones grotescamente amañadas, el abuso de la Constitución de la República  y la violenta represión de la protesta popular. En respuesta, se ha crecido progresivamente la oposición política popular y la resistencia armada defensiva de la población. Ahora, para impedir una resolución democrática y popular de la crisis en Haití, las élites gobernantes en Estados Unidos han ingeniado la aprobación por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad a Haití, autorizada a usar la fuerza armada en apoyo al gobierno del primer ministro de facto Ariel Henry. De hecho el procedimiento ocupado para crear esta misión podría ser repetido para facilitar una tras otra intervención regional en el futuro.

Es otra modalidad que se añade a la caja de herramientas de intervención imperialista que ya incluye el llamado lawfare, las medidas coercitivas unilaterales, los golpes suaves y no tan suaves, las diversas variedades de la intervención militar directa y el abuso de las instituciones internacionales financieras con fines políticos. Como nos ha explicado la compañera Jemima Pierre, esta nueva modalidad de intervención sigue el guión esbozado en la Ley sobre la Fragilidad Global aprobada por el Congreso estadounidense en 2019 por ambas partidos políticos durante la presidencia de Donald Trump. La Ley plantea de manera clara que Estados Unidos debe de adaptar sus intervenciones neocoloniales a una modalidad indirecta. El papel del gobierno estadounidense sera lo de suministrar recursos, asesoría y apoyo y orientación a otros actores protagonistas.

A diferencia del fallido intento de golpe en Nicaragua en 2018, esta modalidad explota el dominio estadounidense para que las Naciones Unidas apruebe las operaciones que logran su objetivo injerencista. También se aprovechará su capacidad de presión y chantaje para cooptar directamente a sus diversos aliados locales como protagonistas de sus políticas neocoloniales en la región. Así que ahora se ha cooptado el gobierno de un país de África del Este, Kenia, como su cómplice principal para dirigir la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad a Haití junto con aportes de países caribeños como Jamaica, Barbados, Guyana, Bahamas, Antigua y Barbuda, Belice, Guatemala y Surinam, además de Perú, Italia, España y otro país africano, Senegal.

Nicaragua y Haití, la historia en común

De la misma manera que Estados Unidos invadió y ocupó Nicaragua en el siglo pasado, Haití también sufrió la ocupación militar estadounidense desde 1915 hasta 1934. Y de la misma manera que en Nicaragua dejaron la Guardia Nacional, en Haití dejaron le Gendarmérie de Haití. Y también de la misma manera que Estados Unidos ordenó asesinar a Benjamín Zeledón y a nuestro General Sandino, asesinaron de la manera más cobarde al héroe nacional de la resistencia a la ocupación yanqui de Haití, Charlemagne Péralte. Durante décadas, ambos países sufrieron bajo regímenes criminales totalmente al servicio del dominio neocolonial estadounidense. El triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979 logró la liberación de Nicaragua del sistema neocolonial estadounidense pero, a la vez, convenció a las élites occidentales de no permitir algo parecido en otros países de la región.

Así que cuando una fuerza política progresista y nacionalista y su dirigente Jean Bertrand Aristide ganó las elecciones presidenciales en Haití en 1991, solo duró nueve meses antes de ser víctima de un golpe de estado promovido por Estados Unidos. Mientras, en Nicaragua, Estados Unidos impuso el neoliberalismo durante los 17 años entre 1990 y 2006 por medio de los gobiernos sumisos de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, en Haití se impusieron los términos de sumisión neocolonial del Consenso de Washington, con todo su aparato de ajuste estructural, por la fuerza, con una directa ocupación militar que duró hasta el año 2000 cuando Jean Bertrand Aristide y su partido Fanmi Lavalas ganaron las elecciones por una segunda vez.  Luego el segundo período de gobierno electo del Presidente Aristide  terminó en 2004 con otro golpe de estado, su secuestro y envío involuntario a la República Centroafricana y subsiguiente forzado exilio en Sudáfrica.

Elecciones bajo el neocolonialismo

Las últimas elecciones en Haití con un alto nivel de participación de alrededor de 60% fueron las elecciones bajo la ocupación de MINUSTAH en 2006, ganadas por René Préval. El proceso había sido postergado cuatro veces desde 2005. Las subsiguientes elecciones de 2010 y 2015 también fueron procesos caóticos con resultados amañados en base, en ambos casos, a una participación de votantes de menos de 23%. Con el partido Fanmi Lavalas excluido del proceso, Michel Martelly ganó las elecciones de 2010, y Jovenal Moïse, del mismo partido, ganó las elecciones programadas para 2015, pero que finalmente tomaron lugar en noviembre de 2016. Por la falta de elecciones en el año 2020 el Presidente Moïse gobernó por decreto desde enero del 2020 en una situación de crónica crisis constitucional y la ausencia de un legislativo nacional desde abril del mismo año.

El 7 de julio de 2012 un grupo de mercenarios colombianos asesinaron al Presidente Moïse  con la posible complicidad de uno u otro de los miembros de su propio círculo gobernante. Estados Unidos y sus aliados intervinieron directamente para imponer como primer ministro de facto a Ariel Henry. De hecho Haití no tiene un gobierno legítimo y tampoco tiene una legislatura. En efecto, el país está dirigido por los gobiernos de varios países extranjeros designados como el Grupo Núcleo, coordinado por Estados Unidos. Siguiendo las orientaciones del Grupo Núcleo Ariel Henry solicitó una intervención armada de parte de las Naciones Unidas, lo cual se ha logrado con la aprobación de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. Como lo ha comentado el compañero Kim Ives, veterano de la solidaridad con Haití, es como si un títere fuese a plantear una solicitud de apoyo a su maestro de marionetas.

El espurio pretexto para la aprobación de esta nueva intervención armada neocolonial en Haití ha sido el aumento de la violencia armada y el crimen organizado en el país. El consenso manipulado por Estados Unidos y sus aliados atribuye este fenómeno exclusivamente a la actividad de pandillas criminales, especialmente en la capital Puerto Príncipe. Esta falsa versión de la situación omite dos hechos de fundamental importancia. Primero las pandillas criminales son controladas principalmente por las mismas élites haitianas que colaboran políticamente con Estados Unidos y sus aliados. Fue durante un pleito interno entre estas élites locales que ocurrió el asesinato de Jovenal Moïse en 2021. Los grupos criminales en Haití cumplen una función política para aplicar el terrorismo contra las fuerzas populares en oposición al gobierno de facto y a la intervención extranjera.

En segundo lugar, varias fuerzas populares han tomado las armas para proteger sus comunidades precisamente de los ataques armados contra la población de parte de las bandas criminales dirigidas por las élites locales, muchas veces en contubernio con la corrupta policía haitiana. En realidad, la aprobación de esta nueva intervención armada significa aumentar las fuerzas de represión antidemocrática del gobierno de facto en Haití y sus dueños norteamericanos y europeos para suprimir la oposición política en el país y aniquilar su capacidad de resistencia armada. Un amplio grupo de organizaciones populares haitianas explicó esta realidad en una carta abierta a las y los dirigentes de la Unión Africana en el pasado mes de agosto, donde escribieron:

Hemos recibido con asombro la sorprendente noticia de que un país hermano como Kenya ha aceptado dirigir contra Haití una fuerza de ocupación estadounidense-ONU disfrazada bajo el rótulo de “fuerza multinacional” para seguir engañando mejor a la opinión pública nacional e internacional, tratando así de ocultar el lado maquiavélico de esta iniciativa criminal. Cabe señalar que para preparar a la opinión pública nacional e internacional para la aceptación de esta felonía, se han movilizado bandas armadas a escala nacional con el objetivo de crear un caos total susceptible de justificar la ocupación estadounidense-ONU de nuestro país. Así, las bandas armadas están autorizadas para violar colectivamente a niñas y mujeres jóvenes, masacrar, secuestrar y aterrorizar a la población indefensa a diario.”

Esta aseveración confirma un reporte en enero de este año, en que la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos en Haití comentó que "tiene fuertes razones para creer que el deterioro acelerado de la situación de seguridad en el país, después de unos días de calma, tiene la intención de justificar y obtener de la comunidad internacional el despliegue de una fuerza militar extranjera en Haití.…”. Así que esta cínica, sádica manipulación ha sido un componente crucial de la presión de parte de los Estados Unidos y sus aliados precisamente por este tipo de intervención. Ha sido decepcionante que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la declaración de su Séptima Cumbre en enero de este año, avaló este tipo de maniobra imperialista para forzar una intervención ilegal en los asuntos internos de un país de la región.

En sano contraste a la lamentable declaración de la cumbre de la CELAC, el gobierno de Cuba ha insistido en un comunicado emitido después de la decisión  del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Haití que “Defendemos los legítimos derechos de su pueblo a encontrar una salida pacífica y sostenible a los enormes desafíos que enfrenta, sobre la base del pleno respeto a su soberanía. La principal tarea pendiente de la comunidad internacional con Haití no es enviar un contingente militar. Esa hermana nación caribeña, con la que la Comunidad internacional tiene una enorme deuda moral, necesita más recursos financieros para su desarrollo. Requiere, con urgencia, más y mejor asistencia y cooperación internacional, no solo para su reconstrucción, sino, además, para avanzar en el desarrollo sostenible del país.”

La argumentación racional y sensata de Cuba concuerda totalmente con el llamado del grupo de organizaciones populares haitianos en agosto a la Unión Africana, donde observan “queremos terminar recordándoles la urgente necesidad de brindarnos su solidaridad concreta en esta situación de extrema amenaza. Queremos mantener la firme convicción de que Ustedes no dejarán de tomar una posición abierta contra el criminal proyecto de ocupación de Haití.”