Michelle Bachelet, Alto Comisionado de la ONU para la Defensa del Crimen Organizado

Submitted by tortilla on Jue, 24/06/2021 - 13:29

Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 23 de junio de 2021

 

Las recientes declaraciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dejan claro que ella apoya abiertamente el crimen organizado en Nicaragua financiado por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. Que lo haga no es una sorpresa para cualquiera que haya seguido su historial de informes de mala fe sobre Venezuela y Nicaragua.

Sus últimos comentarios se derivan directamente de los falsos informes sobre Nicaragua producidos por el equipo de funcionarios de su oficina que visitó el país en 2018. Esos funcionarios no cumplieron con los términos formales de su visita, nunca entrevistaron a las víctimas de la violencia terrorista infligida al por mayor por los activistas golpistas, pero aun así afirmaron falsamente que la violencia en Nicaragua en 2018 fue resultado de la represión policial desproporcionada de las protestas pacíficas. Entre la gran mayoría de la población de Nicaragua y Venezuela, la Alta Comisionada de la ONU Bachelet y sus colegas responsables de los informes deshonestos en los que ha basado sus repetidos ataques a los gobiernos de esos países, tienen cero credibilidad.

En el caso de Nicaragua, en 2018 el país sufrió un vicioso y violento intento de golpe de estado fallido, que duró desde el 18 de abril hasta el 17 de julio de ese año, con el objetivo de derrocar al gobierno electo del país. La intentona golpista fue planificada, organizada y financiada por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados europeos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos disimularon deliberadamente las consecuencias para los derechos humanos de la intentona golpista, encubriendo la violencia terrorista generalizada que la caracterizaba. Sus representantes dijeron a las autoridades nicaragüenses que consideraban la violencia de la oposición como un delito común que no era de su competencia. Luego, cuando las autoridades nicaragüenses persiguieron esos delitos, la oficina de Bachelet y la CIDH alegaron inmediatamente, con un cinismo total, que los procesos eran políticos, como siguen haciendo.

Pocos observadores esperan que la Organización de Estados Americanos y las instituciones que la componen, como la CIDH, informen con imparcialidad, porque han sido cooptadas permanentemente por el gobierno de Estados Unidos desde la fundación de la OEA en 1948. Más preocupante es que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está ahora tan evidentemente corrompida como otros organismos internacionales que han sido igualmente cooptados por los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, de los cuales el ejemplo reciente más escandaloso ha sido la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y sus falsos informes sobre Siria. Los comentarios de Michelle Bachelet en su declaración ante la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, además de ser en su mayoría falsos en cuanto a los hechos, buscan en efecto asegurar la impunidad de los crímenes cometidos por individuos y organizaciones financiados por Estados Unidos y la UE en Nicaragua, en violación tanto del derecho interno como del internacional.

En cuanto al derecho interno, la Constitución de Nicaragua obliga explícitamente a sus ciudadanos en su artículo primero:

La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.

Asimismo, el Artículo 24 de la Constitución de la república establece el deber de todos los ciudadanos de respetar no sólo sus obligaciones con la nación, sino los derechos de las demás personas en Nicaragua y de la humanidad en general:

Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la patria y la humanidad. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común.

Estas disposiciones fundamentales de la Constitución de la República de Nicaragua han sido elaboradas y expresadas con más fuerza y detalle en la legislación nacional posterior y también a través de la ratificación por parte del Estado nicaragüense de numerosos instrumentos jurídicos internacionales. Entre muchos otros, las medidas internacionales relevantes para las recientes detenciones de personas involucradas en el crimen organizado en Nicaragua incluyen la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que entró en vigor en 2002, el mismo año en que fue ratificada por Nicaragua, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 y otros instrumentos relacionados con formas específicas de delincuencia terrorista como la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979.

Entre la legislación interna de Nicaragua relevante para desmentir las falsas acusaciones de Bachelet sobre la falta de legalidad en las actuaciones recientes de las autoridades nicaragüenses se encuentran :

  • Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro
  • Ley 919, Ley de Seguridad Soberana
  • Ley 977, Ley Contra El Lavado De Activos, El Financiamiento Al Terrorismo Y El Financiamiento A La Proliferación De Armas De Destrucción Masiva
  • Ley 996, Ley de Amnistía
  • Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros
  • Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz

La Convención de la ONU contra la Financiación del Terrorismo data de 1999 y el presidente Enrique Bolaños (qepd) decretó la ratificación de parte de Nicaragua en 2002 a través del Decreto 3287, comprometiendo así al país a adoptar las recomendaciones generadas por el funcionamiento de dicha convención. Según explicó Javier Morazán, entonces director de la Unidad Especial contra el Crimen Organizado del Ministerio Público de Nicaragua en una entrevista de 2018, la Ley 977 fue aprobada en julio de 2018 precisamente para que Nicaragua pudiera cumplir con las exigencias bajo la convención de parte de organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano (GAFILAT) para controlar el lavado de dinero y las actividades delictivas asociadas.

En su última declaración sobre Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet se refirió, de la manera muy selectiva y deshonesta típica de su cargo, a sólo una parte de esta amplia y profunda base legal para la detención de las personas actualmente investigadas por las autoridades nicaragüenses. Afirmó falsamente que las detenciones estaban relacionadas con el proceso electoral que se está llevando a cabo para las elecciones generales de Nicaragua previstas para noviembre de este año. Entre sus muchas acusaciones completamente falsas, afirmó incorrectamente que a dos partidos políticos se les había negado arbitrariamente el permiso para participar en las elecciones, cuando en realidad esos dos partidos, el Partido Conservador y el Partido de Restauración Democrática, habían violado explícita y flagrantemente la ley electoral vigente.

Bachelet utilizó esa cínica falsedad como contexto para poder afirmar, también falsamente, que las recientes detenciones de personas involucradas en el lavado de dinero, la colaboración con potencias extranjeras para desestabilizar el bienestar económico y social de Nicaragua y el incumplimiento de las normas relativas a las organizaciones sin fines de lucro, son un abuso ilegal departe de las autoridades nacionales relacionado con el actual proceso electoral. De hecho, un vistazo a las disposiciones tanto de la legislación interna nicaragüense pertinente como de los instrumentos internacionales de los que Nicaragua es signataria muestra que su afirmación es a la vez groseramente engañosa y, en última instancia, extremadamente siniestra.

Cinco de las diversas personas recientemente detenidas, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, habían expresado sus aspiraciones a presentarse como candidatos presidenciales, pero ninguno de ellos es miembro de ninguno de los diecisiete partidos políticos que pueden participar en las elecciones. Entre los detenidos, sólo dos figuras menores son miembros de partidos políticos legítimos. Algunos de los cinco individuos mencionados representan a movimientos marginales de la oposición en Nicaragua como el movimiento de la Unidad Nacional Azul y Blanco o el movimiento de la Alianza Cívica, ambos financiados y apoyados por varios gobiernos, agencias y fundaciones extranjeras. Todos ellos son individuos con un largo historial de colaboración con gobiernos estadounidenses y europeos y con agencias financiadas por esos gobiernos y por empresas extranjeras. Su relación con gobiernos y agencias extranjeras de facto dejó sin efecto sus aspiraciones a ser candidatos presidenciales, como explicó el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua en un detallado comunicado sobre el tema el 3 de junio de este año.

Esto significa de forma muy explícita que la afirmación de Michelle Bachelet de que las detenciones tenían como objetivo impedir que las personas en cuestión se presentaran como candidatos a las elecciones es descaradamente falsa, como prácticamente todo lo que afirmó en sus declaraciones. Incluso si no hubieran sido detenidos, ningún partido político podría haberlas presentado como candidatos ni a la presidencia ni a la legislatura. En el caso de Nicaragua, también hay que señalar que Michelle Bachelet defiende a varios individuos responsables de promover las siguientes acciones en 2018 que la oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen Organizado define como terrorismo y crimen organizado:

  • el uso ilegal de la violencia y la intimidación, especialmente contra civiles, en la búsqueda de objetivos políticos.
  • la realización de actos violentos premeditados o la amenaza de violencia perpetrados por miembros de un grupo organizado, diseñados para crear miedo en un adversario o en un segmento específico de la sociedad
  • la creación y explotación deliberada del miedo mediante la violencia o la amenaza de violencia en la búsqueda de un cambio político
  • la amenaza o el uso real de la fuerza y la violencia ilegales para alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social mediante el miedo, la coacción o la intimidación
  • el uso ilegítimo de la fuerza para lograr un objetivo político dirigiéndose a personas inocentes

Además, los golpistas de 2018, organizados y financiados por varias de las personas a las que apoya Michelle Bachelet, habitualmente tomaron rehenes, violando la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979, lo cual es un acto terrorista. La convención define al tomador de rehenes como "Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará ''el rehén'') o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén".

Asimismo, en relación con la organización y financiación del golpe de Estado de 2018, la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional define la delincuencia organizada como "un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material." Entre las definiciones de la delincuencia organizada transnacional del Convenio se encuentra cualquier delito cometido en un Estado cuando una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control tiene lugar en otro Estado. Todas estas definiciones se aplican a los crímenes violentos de la oposición nicaragüense financiada por Estados Unidos en 2018, que Javier Morazán también describió en la entrevista que concedió en 2018.

Asimismo, en el marco del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, una persona comete un delito si:

"directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer:

a)Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en ese tratado;

b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo"

Michelle Bachelet no sólo dio falso testimonio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al vincular falsamente las recientes detenciones en Nicaragua con el proceso electoral del país, sino que también omitió cuidadosamente la muy relevante Ley de Amnistía 996. El Artículo 3 de dicha ley establece que "Las personas beneficiadas por la presente Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley. " Varias de las personas actualmente detenidas e investigadas por las autoridades nicaragüenses se beneficiaron de esa Ley de Amnistía y se puede comprobar que violaron la condición de no repetición de la ley.

En general, las distintas personas detenidas están acusadas de diferentes cargos. Algunos tienen que ver con el incumplimiento de la ley que regula las actividades de las organizaciones sin fines de lucro, otros con la colaboración con potencias extranjeras para dañar la estabilidad económica y social de Nicaragua, otros en relación con el lavado de dinero y otros delitos financieros, y otros tienen que ver con la violación de los términos de la ley de Amnistía de 2018. Las acusaciones penales formales completas se conocerán a medida que concluyan las investigaciones en curso.

Las recientes declaraciones de Michelle Bachelet confirman que no sólo niega el derecho de Nicaragua a defender su soberanía, independencia y autodeterminación contra la intervención extranjera. Además, apoya a personas y organizaciones que han demostrado estar implicadas en el crimen organizado y el terrorismo financiado por gobiernos, agencias y fundaciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Bachelet ha dejado muy claro, una vez más, que una de las principales funciones de su cargo es subvertir la soberanía de los Estados nación a instancias de los gobiernos occidentales y de las élites empresariales decididas a suprimir los auténticos movimientos populares y a destruir los gobiernos revolucionarios en América Latina y el Caribe y en otros lugares.

VERSIÓN EN INGLÉS:

 

Michelle Bachelet, UN High Commissioner for the Defense of Organized Crime

Submitted by tortilla on Mié, 23/06/2021 - 17:35

Stephen Sefton, Tortilla con Sal, June 23rd 2021

 

Recent remarks by UN Human Rights High Commissioner Michelle Bachelet, make clear she now openly supports organized crime in Nicaragua financed by the United States and European Union governments. That she does so comes as no surprise to anyone who has followed her earlier record of bad faith reporting on Venezuela and Nicaragua.

Her latest remarks derive directly from false reports on Nicaragua produced by the team of officials from her office that visited the country in 2018. Those officials failed to comply with the formally agreed terms of their visit, never interviewed victims of the coup activists' wholesale terrorist violence, but still falsely claimed the violence in Nicaragua in 2018 resulted from disproportionate police repression of peaceful protests. Among the great majority of people in Nicaragua and Venezuela, UN High Commissioner Bachelet and her colleagues responsible for the dishonest reports on which she has based her repeated attacks on those country's governments, have zero credibility.

 

In Nicaragua's case, in 2018 the country suffered a vicious, violent failed coup attempt, lasting from April 18th to July 17th of that year, aimed at overthrowing the country's elected government. The coup attempt was planned, organized and financed by the United States government and its European allies. The Office of the UN High Commissioner for Human Rights and the Inter-American Commission for Human Rights purposefully dissembled the human rights consequences of the coup attempt, covering up the widespread terrorist violence it involved. Their representatives told the Nicaraguan authorities that they classed opposition violence as common crime falling outside their remit. When the Nicaraguan authorities then prosecuted those crimes, Bachelet's office and the IACHR immediately cynically claimed the prosecutions were political, as they continue to do.

 

Few observers expect impartial reporting from the Organization of American States and its component institutions, like the IACHR, because they have been permanently co-opted by the US government since the founding of the OAS in 1948. Of more concern is that the office of the UN High Comissioner for Human Rights is now self-evidently as corrupted as other international bodies that have been similarly co-opted by the United States and European Union governments, of which the most egregious recent example has been the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) and its false reporting on Syria. Michelle Bachelet's remarks in her declaration to the 47th session of the UN Human Rights Council, apart from being mostly factually false, in effect seek impunity for crimes committed by US and EU funded individuals and organizations in Nicaragua in violation of both domestic and international law.

 

In terms of domestic law, Nicaragua's Constitution explicitly obliges its citizens in Article One:

 

"Independence, sovereignty and national self-determination are inalienable rights of the people and foundations of the Nicaraguan nation. Any foreign interference in the internal affairs of Nicaragua or any attempt to undermine these rights is an attempt against the life of the people. It is the duty of all Nicaraguans to preserve and defend these rights."

Likewise, the Constitution's Article 24 establishes  the duty of all citizens to respect not only their obligations to the nation but the rights of others in Nicaragua and among humanity in general:

"Every person has duties to the family, the community, the nation and humanity. The rights of each person are limited by the rights of others, by the security of all, and by just demands for the common good."

Those fundamental provisions in the Constitution of the Republic of Nicaragua have been elaborated and expressed more strongly and in more detail in subsequent national legislation and also via the ratification by the Nicaraguan State of numerous international legal instruments. Among many others, the international measures relevant to the recent arrests of people involved in organized crime in Nicaragua include the UN Convention against Transnational Organized Crime, which came into force in 2002 the same year it was ratified by Nicaragua, the 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism  and other instruments related to specific forms of terrorist crime such as the 1979 International Convention against the Taking of Hostages.

Among Nicaragua's domestic legislation relevant to Bachelet's false accusations of lack of legality in the actions of Nicaragua's authorities are :

The UN Convention Against Financing Terrorism dates from 1999, President Enrique Bolaños (qepd)  decreed Nicaragua's ratification in 2002  via Decree 3287, thus committing the country to adopting the recommendations generated by the operation of that convention. As explained by Javier Morazán, then Director of the Special Unit against Organized Crime of Nicaragua’s Public Prosecutor’s Office in a 2018 interview, Law 977 was passed in July 2018 precisely so as to enable Nicaragua to comply with the demands under the convention of international organizations like the Latin American Financial Action Group (GAFILAT) to control money laundering and associated criminal activities.

In her latest declaration on Nicaragua to the UN Human Rights Council, Michelle Bachelet referred, in the very selective and dishonest way typical of her office, to just part of this broad and deep legal basis for the arrest of  the individuals currently under investigation by the Nicaraguan authorities. She falsely claimed the arrests were related to to the electoral process currently under way leading up to Nicaragua's general elections scheduled for November of this year. Among her many completely false accusations, she claimed incorrectly that two political parties were arbitrarily denied permission to participate in the elections, when in fact those two parties had explicitly and flagrantly violated long standing electoral law.

Bachelet used that egregious falsehood as context to be able to claim, also falsely, that the recent arrests of people involved in money laundering, collusion with foreign powers to destabilize Nicaragua's economic and social well being and breach of regulations relating to non profits, are an unlawful abuse related to the electoral process. In fact, a glance at the provisions of both the relevant Nicaraguan domestic law and the international instruments to which it is a signatory show that her claim is at once grossly misleading and ultimately extremely sinister.

Five of the various people recently arrested, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga, Juan Sebastian Chamorro and Miguel Mora had expressed their aspirations to run as presidential candidates but none of them are members of any of the seventeen political parties eligible to take part in the elections. Among those detained only two minor figures are members of legitimate political parties. Some of the five individuals mentioned represent marginal opposition movements in Nicaragua like the National White and Blue Unity movement or the Civic Alliance movement both of which are funded and supported by foreign governments, agencies and foundations. All of them are individuals with a long record of collaboration with US and European governments and agencies funded by those governments and by foreign corporations. Their relationship with foreign governments and agencies de facto rendered their aspirations to be presidential candidates moot, as Nicaragua's Supreme Electoral Council explained in a communiqué on the issue on June 3rd this year.

This means very explicitly that Michelle Bachelet's claim that the arrests were meant to stop the individuals concerned running as election candidates is egregiously false, like practically everything else she affirmed in her remarks. Even if they had not been arrested no political party could have presented them as candidates either for the presidency or for the legislature. It should also be noted in the case of Nicaragua, that Michelle Bachelet is defending several individuals responsible for promoting the following actions in 2018 which the UN office on Drugs and Organized Crime define as terrorism and organized crime:

  • the unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians, in the pursuit of political aims.
  • the conduct of premeditated violent acts or the threat of violence perpetrated by members of an organized group, designed to create fear in an adversary or specific segment of society
  • the deliberate creation and exploitation of fear through violence or the threat of violence in the pursuit of political change
  • the threatened or actual use of illegal force and violence to attain a political, economic, religious, or social goal through fear, coercion or intimidation.
  • illegitimate use of force to achieve a political objective by targeting innocent people

Furthermore, the 2018 coup activists, organized and financed by several of the individuals whom Michelle Bachelet is supporting, routinely took hostages in violation of  1979 International Convention against the Taking of Hostages which is a terrorist act. The convention defines a hostage taker as “any person who seizes or detains and threatens to kill, to injure or to continue to detain another person in order to compel a third party, namely, a State, an international intergovernmental organization, a natural or juridical person, or group of persons, to do or abstain from doing any act as an explicit or implicit condition for the release of the hostage”.

Similarly, in relation to the organization and financing of the 2018 coup, the UN Convention against Transnational Organized Crime defines organized crime as "A structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit." Among the Convention's definitions of transnational organized crime is any offence committed in one State but when a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State. All these definitions apply to the violent crimes of the US funded Nicaraguan opposition in 2018, which Javier Morazán also described in the interview he gave in 2018.

Likewise, within the framework of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, a person commits a criminal offence if they: [B]y any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully, provide or collect funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out: [...] (b) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act.

Michelle Bachelet not only gave false witness to the UN Human Rights Council by falsely linking the recent arrests in Nicaragua to the country's electoral process, she also carefully omitted the highly relevant Amnesty Law 996. Article 3 of that law states "The persons benefited by this Law must refrain from perpetrating any new action that may result in repetitive behavior generating the crimes contemplated herein. The non-observance of the principle of Non Repetition will result in the revocation of the benefit established by this Law." Several of the people currently arrested and being investigated by Nicaragua's authorities benefited from that Amnesty Law and may be found to have violated the law's condition of non-repetition.

Overall the various people under arrest are accused of different charges. Some have to do with breaking the law regulating the activities of non profits, some over collaborating with foreign powers to damage Nicaragua's economic and social stability,  some in relation to money laundering and other financial malfeasance, and some have to do with violating the terms of the 2018 Amnesty law. The complete formal criminal indictments will be known as and when the current investigations are completed.

Michelle Bachelet's recent remarks confirm that she not only denies Nicaragua's right to defend its sovereignty, independence and self-determination against foreign intervention. She also supports individuals and organizations demonstrably involved in organized crime and terrorism financed by governments, agencies and foundations of the United States and the European Union. Bachelet has once again made very clear that a principal function of her office is to subvert the sovereignty of nation states at the behest of Western governments and corporate elites determined to suppress genuine popular movements and destroy revolutionary governments in Latin America and the Caribbean and elsewhere.