La Ley 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado fue reformada este martes por diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, para establecer a este ente regulador un rango de acción de carácter preventivo.
El doctor Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, afirmó que estas reformas responden a la adecuación del cuerpo normativo a la nueva Constitución del país.
En tal sentido, afirmó que anterior a los cambios, el papel que realizaba la Contraloría era “yo diría extiempo, está fuera de tiempo”.
“Nosotros no necesitamos eso, nosotros necesitamos una Contraloría que haga los procesos en paralelo, a la par. Que revise, es decir que tenga una acción preventiva, que prevenga los errores, que prevengan ya sean errores voluntarios e involuntarios. Que prevenga los robos o las pérdidas si fuera involuntario, pero al fin y al cabo que prevenga y que defienda el patrimonio del pueblo de Nicaragua”, destacó.
Porras mencionó que también se incluyen conceptos que permiten avanzar en equidad de género y estableciendo la figura de la Copresidencia.
“Estamos dándole funciones para que se realicen los procesos de auditoría, los procesos de control, los procesos de revisión en forma preventiva. No hasta que ya quedó consumado, ya se cerró el año correspondiente y lo que revisás es para atrás. No, en forma preventiva, en caliente diríamos, en paralelo, para poder ir viendo y ajustar los procesos que no están en correspondencia con los intereses del pueblo nicaragüense y con las leyes y la Constitución de la República”, precisó.
En esta misma sesión, fue aceptada la carta de renuncia de la doctora María José Mejía García, quien era miembro propietario de la Contraloría, y posteriormente fue nombrada la compañera María Elieth Esquivel Tinoco, propuesta por la Presidencia de la República para reponer la vacante.
