Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron con mayoría de votos la reforma y adición a la Ley 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que establece la obligación de reportar operaciones inusuales al Poder Judicial por parte de los abogados y notarios públicos, quienes analizarán la información y, de detectar situaciones irregulares, deberán enviar un reporte de operación sospechosa a la UAF a fin de fortalecer la protección contra delitos cómo lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El diputado José Figueroa, miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, dio lectura a la exposición de motivos y fundamentos de la reforma, destacando que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y la justa exigencia del bien común.
“No es un derecho absoluto la confidencialidad cliente, abogado y notario público cuando por encima de este deben primar el derecho, bienestar y seguridad de las mayorías, máxime cuando la prevención de delitos de la Ley de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Armas de Proliferación Masiva, representa un eje de interés nacional para el sano funcionamiento del sistema financiero y de la economía nicaragüense”, señaló.
“No podemos obviar que el desarrollo de algunas actividades ilícitas tienen el propósito de complejizar el esquema de lavado e impedir su rastreo, por lo tanto, recurren al uso de los servicios profesionales para legitimar dichas actividades como por ejemplo, a través de la elaboración de instrumentos notariales se podría ocultar la identidad de propietarios reales o beneficiarios finales, facilitar el anonimato en las adquisiciones de bienes e inmuebles, crear estructuras jurídicas como fachadas, sociedades de negocios, utilizar testaferros, entre otros”, añadió.
La aprobación de la reforma contó con el respaldo de los diputados de la bancada sandinista, quienes destacaron que la misma garantiza la seguridad de las familias y un marco normativo orientado a impedir que los profesionales del derecho sean utilizados cómo piezas claves para la comisión de delitos.
“Instrumentos de este tipo son los que nos permiten desnudar las verdaderas intenciones de algunas bancadas cómo la del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) quienes apuntan a afectar al pueblo de Nicaragua a través de su voto razonado, sin embargo, no pudieron ni podrán y es por eso que la bancada sandinista con todos sus votos respalda el dictamen de mayoría, porque creemos que tenemos que defender la economía de este país, a los sectores económicamente vulnerables, porque tenemos que defender a nuestro sector empresarial, productivo contra el flagelo de la narcoactividad, crimen organizado y blanqueo de capitales”, subrayó Wálmaro Gutiérrez.
