La Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos dio a conocer este lunes el plan de trabajo que han diseñado para dar cumplimiento a la Ley 994, Ley de Atención Integral a las Víctimas, ordenamiento jurídico aprobado por la Asamblea Nacional para restituir en términos prácticos los daños ocasionados a personas durante los hechos violentos iniciados en abril de 2018.
Las líneas de acción fueron dadas a conocer por la compañera Corina Centeno, procuradora de la Defensa de los Derechos Humanos.
De acuerdo con Centeno, los trabajos empiezan por organizar y actualizar el registro de víctimas además del seguimiento y monitoreo a la atención brindada por todas las instituciones volcadas a cumplir con la ley.
En ese orden, señaló que se garantizará el acceso a servicios sociales, de seguridad y salud que permitan mitigar las consecuencias negativas y así alcanzar el pleno ejercicio de los derechos y reparación del daño ocasionado.
Para tal fin, dijo que se desarrollarán reuniones interinstitucionales que permitan definir las acciones conjuntas.
Uno de los programas a través de la cual se canalizará la atención será el “Todos con Voz”, además del trabajo del Gabinete de las Personas con discapacidad concretando medidas como la de identificar a personas que producto de esta violencia padece hoy en día de una discapacidad, para luego brindar además de la rehabilitación, atención psicosocial y de salud mental.
Conjunto al Ministerio de la Familia también se coordinará para levantar un censo de niños, niñas y adolescentes dejados en orfandad, serán celebrados encuentros con la delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la mesa de negociación para intercambiar información y dar a conocer el plan de trabajo.
La procuradora Centeno explicó que también habrá reuniones con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, encuentros interdenominacionales y ecuménicos con líderes religiosos, encuentros durante los cuales se pueda tomar medidas apegadas a la ley.
Para dar seguimiento a la atención también se harán visitas a familiares de los fallecidos, a las familias de los lesionados y a las que sufrieron la destrucción de sus propiedades privadas.
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La procuradora afirmó que esperan tener un impacto positivo debido a la necesidad que tienen estas personas. “Nosotros creemos que sí va a ser positivo, porque igual que nosotros que vamos a estar abocados, van a estar todas las instituciones del Estado involucradas, los sectores y movimientos sociales van a estar integrados en esta actividad”, precisó.
“Pensamos que va a ser una integración total de la sociedad para que poco a poco podamos ir sanando esas heridas y devolviéndole la esperanza a las familias y a las personas que fueron víctimas”, añadió.
Asimismo, expuso que esta es una muestra de que el Gobierno sandinista está comprometido a seguir restituyendo los derechos de los nicaragüenses, particularmente aquellos que se vieron afectados de manera directa con esta situación.
“Yo creo que aquí se ratifica la vocación del Gobierno del Frente Sandinista con restituir derechos y la preocupación fundamental nace precisamente de la voluntad del Gobierno del Frente Sandinista, no solamente para reparar daños, para restituir esos derechos fundamentales de las familias y de las víctimas producto de estos hechos de violencia”, aseguró.