Un fallo de culpabilidad dio la juez Segundo Distrito Penal de Juicio, en contra de cuatro sujetos que formaron parte del saqueo, quema y destrucción de la delegación policial del municipio de Diriamba, además de causar terror entre la población que fue violentada en sus derechos sociales, con la instalación de tranques de la muerte en diversos barrios de esta localidad ubicada en el departamento de Carazo.

Los procesados, Orlando y Harry Valverde Ortiz, Richard Sebastián López y Eddy Gertrudis González Padilla, fueron encontrados culpables por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, robo agravado, daño agravado, tentativa de homicidio contra 14 agentes de policías, posesión de armas de uso restringido y armas artesanales, incendio y facilitación para la evasión de la justicia (abrieron las celdas para que 20 detenidos por diversos delitos huyeran).

Luego de leído el fallo, la representante del Ministerio Publico, pidió por cada uno de los delitos la pena máxima que contempla el Código Penal de Nicaragua.

La acusación refiere que estos cuatro individuos, junto a otra decena de terroristas, se dieron a la tarea de asediar, saquear y prender fuego a la delegación de la Policía Nacional en Diriamba. Además de sembrar el terror y obstaculizar los principales derechos de la población con los tranques, impidiendo la movilización del comercio, los servicios de salud y el secuestro masivo a furgones con mercadería internacional.

Para llegar a este fallo de culpabilidad se requirió la presentación de las pruebas de cargo por parte del Ministerio Público, en la que declararon efectivos policiales que fueron atacados a balazos, morterazos y bombas molotov por estos acusados y por otra decena de delincuentes que perseguían crear inestabilidad en el país y romper el orden constitucional.

También declararon ciudadanos de Diriamba que identificaron plenamente a los acusados, señalando que andaban armados y se movilizaban en las calles en motocicletas, causando el temor entre la población.

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La judicial indicó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público tienen muchos criterios de veracidad, en cambio las que presentó la defensa técnica de los acusados, estaban llenas de vacíos, falsedades y contradicciones.

“Ante el uso sistemático del terror, de coacción a la sociedad al promover los acusados objetivos ilícitos contra miembros de la Policía Nacional de Diriamba, también vulneraron bienes significativamente relevantes como son la convivencia, el respeto, el patrimonio público, la seguridad y el orden público, el bien común, evitaron el ejercicio de la función policial, atentaron contra bienes de primera generación; como es la vida y la integridad física”, afirmó.

“Asimismo, realizaron voluntariamente el excarcelamiento de 20 ciudadanos que guardaban prisión por delitos comunes, afectaron el servicio del Ministerio Público, con su conducta evitaron el derecho de circulación de la población, el transporte internacional al tener retenido y secuestrado al menos 500 vehículos de carga internacional, afectaron la economía regional y el flujo mercantil centroamericano, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, los derechos de los usuarios de los servicios policiales, comerciales y perpetraron una serie de actos de violencia ya especificados buscando atención pública e igualmente esto representa un acto lesivo contra la seguridad del estado al haber actuado cada uno de los acusados consciente y voluntariamente utilizando armas para realizar los actos en contra de 20 oficiales, en contra de las instalaciones policiales, por provocar alarma, anarquía, terror y temor, por la alteración al orden constitucional y orden público, al causar pánico alteraron la paz pública (…)”, señaló la judicial al emitir su fallo.

Al momento del allanamiento en la vivienda de los hermanos Valverde Ortiz se encontró un lanza mortero, un arma artesanal, tres morteros, cinco proyectiles de AK, un par de guantes y el juego de comedor donde cotidianamente comían los policías en la delegación quemada. Hubo testificales de agentes encubiertos que siguieron el comportamiento de estos individuos.

En la vivienda donde habitaban Richard Sebastián López y Eddy Gertrudis González Padilla (ambos pareja sentimental) se encontraron radios de comunicación, 52 mil 692 córdobas y más de 32 mil 756 dólares repartidos en billetes todas las dominaciones. El Ministerio Público demostró que este dinero era utilizado para pagar a los delincuentes que se encontraban en los tranques.

La defensa alegó que el efectivo incautado, eran ahorros de actividades comerciales de la pareja, sin embargo, no demostró que el dinero se originaba de su supuesto trabajo de estilista y de prestamista. La judicial señaló que la prueba aportada por la defensa era contradictoria y falsa, pues más bien perjudicó a sus defendidos, ya que presentó solamente recibos de pagare de deudas contraídas por Eddy Gertrudis y nunca presentó recibos de ingreso por sus actividades.

"Sobre la prueba de la defensa ya me he referido y sobre la declaración de la acusada (Eddy Gertrudis) está llena de falsedades, incongruencias y contradicciones", puntualizó la judicial.

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