La Iglesia española silenció durante décadas la mayoría de los casos de abusos sexuales a menores que conoció o juzgó en sus tribunales eclesiásticos, revela el diario El País.

Según un reportaje de José Manuel Romero publicado este domingo por el rotativo español, la iglesia de ese país no comunicó estos hechos a la Fiscalía para abrir un proceso judicial ni ha hecho públicas las condenas impuestas a los sacerdotes pederastas, salvo contadas, y en algún caso forzadas, excepciones”.

El problema de la pederastia en la Iglesia, “solo se conoce parcialmente en España a través de los casos tramitados en los tribunales de justicia”, se afirma en el reportaje titulado “La Iglesia española silencia desde hace décadas los casos de pederastia”.


En España, las condenas judiciales por pederastia los últimos 30 años solo afectan a menos del 0.02% de los religiosos, y en media docena de las sentencias conocidas, las víctimas afirman que decidieron acudir a los tribunales ante la falta de respuesta de la Iglesia.

Según el reportaje se trata de “hasta 33 condenas a sacerdotes en causas abiertas por abusos a 80 menores de edad” con penas que “han ido desde la multa económica hasta los 21 años de prisión” y en algunos casos, “indemnizaciones a las víctimas de entre 1.200 y 70.000 euros”.

Pero esas cifras son muy pequeñas ya que “España tiene 23.000 parroquias y 18.000 sacerdotes”.

Mientras que el Código Penal castiga el abuso a menores con penas de años de cárcel, el Código Canónico que rige en la iglesia “solo prevé penas de privación del oficio de párroco durante un tiempo determinado y, en casos muy graves, la expulsión del estado clerical”.

La iglesia española guarda silencio

Según el reportaje, ni la Conferencia Episcopal ni la “inmensa mayoría de las 70 diócesis españolas consultadas” por el rotativo quisieron ofrecer información sobre las denuncias de pederastia presentadas en las últimas décadas.

Sólo 18 diócesis accedieron a responder a las preguntas del periódico. De esas, solo cinco respondieron que no les constaba un solo caso. Otras cuatro admitieron al menos un caso (una de ellas explicó que se trataba de una denuncia falsa), mientras que otras evitaron hablar de las denuncias recibidas. “Más de 50 diócesis (de las 70 consultadas) ni siquiera contestaron a los correos electrónicos remitidos por este periódico”, indica el reportaje.

Roma ve 500 casos al año

Según la Congregación para la Doctrina de la Fe, ministerio de la Santa Sede que aplica el derecho canónico a los casos de pederastia, “Cada año ingresan en ese organismo entre 400 y 500 casos de abusos a menores, aunque la información que facilita la Congregación no detalla cuántos procedimientos corresponden a cada país”.

A pesar del hermetismo de la iglesia española, otras conferencias episcopales han sido más abiertas sobre el tema.

Mientras que la Conferencia Episcopal de Alemania ha informado al Papa de 3.677 casos en los últimos 70 años, las autoridades eclesiásticas españolas no han pedido información a sus 70 diócesis para elaborar un reporte similar.

No podemos informar sobre esos asuntos; primero por respeto a las víctimas y después porque somos un órgano colegiado, la información depende de las diócesis, que solo responden ante el Papa”, señalaron al El País, aunque varias, entre ellas la de Madrid, aseguraron que “están dispuestas a colaborar” con la Conferencia Episcopal “en lo que haga falta”.

La opacidad en la Iglesia española y la falta de colaboración con la justicia sufrieron un serio revés a partir de marzo de 2010.

Esto motivó a la Conferencia Episcopal Española a redactar un protocolo de actuación que señala que “invita o aconseja a los denunciantes a presentar ellos mismos la denuncia ante la policía, el ministerio fiscal o el juzgado de instrucción”, explica el reportaje de El País.

Hoy, siete años después, al menos tres diócesis “han aprobado protocolos más amplios donde consideran ‘imprescindible’ que el Obispado ‘notifique a los servicios especializados y al ministerio fiscal’ la información de que disponga”.

“Desde 2015 hay una ley vigente en España de protección jurídica del menor que les obliga a notificar las denuncias que reciban”, recuerda el reportaje de El País y agrega que desde 2010 se han registrado dos casos en que las diócesis han comunicado denuncias de ese tipo de delitos a la fiscalía. “Sin embargo, este comportamiento todavía no se ha generalizado”, constata el rotativo.

“Los dos procesos que más escándalo social han causado en estos años, Granada —caso Romanones— y León —Seminario de La Bañeza—, fueron gestionados por las respectivas diócesis con secretismo. Solo el malestar de las víctimas por el trato recibido de la Iglesia provocó que sus procesos eclesiásticos se hicieran públicos”, indica el reportaje.

En las causa abierta en Granada, el denunciante acudió a la Fiscalía tras desconfiar del tribunal eclesiástico que había empezado a instruir el caso pero en el juicio, el abogado del sacerdote imputado llegó a pedir que se anulara el testimonio de tres colegas suyos ante el tribunal eclesiástico de la Diócesis por considerarlo una “violación al secreto pontificio”.

El artículo 2.3 del “Concordato”, un “acuerdo firmado entre España y el Vaticano establece que ‘en ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio’”.

“Finalmente, la Audiencia de Granada absolvió al principal acusado”, constata el reportaje de El País.