Previo a la aprobación de la reforma al Presupuesto General de la República que fue presentado por el ejecutivo nicaragüense, el vicepresidente de la Comisión Económica diputado José Figueroa y la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Argentina Parajón, revelaron los serios daños ocasionados por el terrorismo golpista a la infraestructura pública, violentando con esto, derechos fundamentales del pueblo nicaragüense.

Figueroa dijo que el fallido golpe pretendía un cambio del gobierno legítimo del Presidente Daniel Ortega, que fue electo democráticamente conforme a la Constitución de la República.

“Este plan golpista se caracterizó por interrumpir y dañar profundamente la paz, la seguridad, la tranquilidad y el derecho a la vida de los nicaragüenses, de violentar los derechos fundamentales como el de la libre circulación, libre tránsito de vehículos y mercancía en todo el territorio, el secuestro del transporte internacional, impedir el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y al libre comercio con acciones de violencia y desestabilización”, dijo Figueroa.

Todas estas acciones ocasionaron grandes pérdidas, la principal, el asesinato de 198 personas cuyas familias exigen justicia y reparación. El golpe fallido dejó graves daños a la economía nacional, se afectó el índice de riesgo país, se daño el clima de negocios, la confianza de inversiones nacionales y extranjera, lo que vendrá a impactar en futuros negocios y generación de empleos.

Hasta finales del primer trimestre del 2018 la economía iba creciendo, se fortalecían las reservas internacionales, había un sistema financiero fuerte con una moneda estable, baja inflación y en general el país progresaba.

Durante los tres meses del golpe fallido se destruyeron 252 edificios públicos o privados, 209 kilómetros de calles o carreteras fueron destruidas, fueron quemados 278 maquinarias o equipos de construcción, 389 vehículos quemados, dañados o destruidos, particularmente de las alcaldías, del Ministerio de Transporte y de otras instituciones.

Al 31 de julio afectó 68 mil empleos de nicaragüenses que cotizaban al Sistema de Seguridad Social. Los tranques afectaron las economías locales, la producción agrícola, el transporte de ganado hacia los mataderos, la industria láctea seriamente dañada y también las micro, pequeñas y medianas empresas. En el periodo del intento de golpe se vieron afectado 8 mil 600 pequeños negocios turísticos dejando perdidas en 231 millones de dólares, dañando la marca país como destino seguro.

Figueroa explicó que el daño a las exportaciones fueron de 270 millones de dólares, mientras en el sistema financiero tuvo una desaceleración del 7% en la tasa de los depósitos y en 10.7% en el otorgamiento de créditos al sector productivo.

En los últimos 10 años solamente en dos ocasiones se han aprobado reformas para disminuir el presupuesto, una en el 2009 producto de la crisis internacional y ahora producto del plan golpista. Siempre las reformas producto de la buena marcha de la economía eran para incorporar más ingresos debido al crecimiento de las recaudaciones.

La caída de 7 mil 462 millones de córdobas corresponde al 9.2 % del presupuesto y el 1.7 del PIB nacional. Se disminuyó el IR en 1754 millones, el IVA en 3714.9 millones y el ISC en 1677.4 millones, mientras la industria fiscal se disminuyó el 966.8 millones y el impuesto especifico a los combustibles cayó en 710.6 millones.

Toda estas afectaciones en los ingresos obliga al estado realizar un ajuste en el gasto de 5330 millones de córdobas, obligando reducir presupuesto del Poder Judicial en 236.5 millones, en Hacienda 197 millones, Ministerio de Educación 1395 millones, MTI 375 millones, Ministerio de Salud 942 millones, Energía y Minas 232.1 millones, Enatrel 241.9 millones, Nuevo Fise de 171.5 millones, Transferencias Municipales 749 millones, Servicio Deuda Pública 180 millones y al resto de las instituciones 1662.7 millones de córdobas.

Un modelo de salud comunitario afectado

La diputada Argentina Parajón de la Comisión de Salud, indicó que el golpe fallido destruyó vitales infraestructura hospitalaria, sobre todo en los municipios.

Antes de abril el sistema tiene 1585 unidades de salud y en los últimos años se han construido 16 hospitales primarios en zonas donde no habían, también se construyeron 13 centros de salud, 277 puestos médicos, 52 laboratorios clínicos. La red de ambulancia consta de 431 unidades, de las cuales 177 son nuevecitas.

Después del 18 de abril se intentó dañar el prestigio del sistema de salud, mismo que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, sobre todo en la promoción y defensa de la vida del niño, mujer y adultos mayores.

Los daños en la infraestructura se localizó en las unidades de emergencia, una casa materna saqueada y destruida, dos sedes de Silais destruidas y saqueados, secuestro de trabajadores, 55 ambulancias dañadas, 6 camionetas quemadas.

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