El Canciller Dennis Moncada, reiteró en la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el Gobierno de Nicaragua “tiene el deber de defender la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todas y todos los nicaragüenses”.

"Señora Embajadora Rita Hernández, Presidenta del Consejo Permanente de la OEA. Señor Luis Almagro, Secretario General de la OEA, Señor Paulo Abráo, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señores Representantes Permanentes, Alternos y Observadores de las Misiones Permanentes ante la OEA. Nicaragua desea reafirmar en este Consejo Permanente de la Organización su compromiso sostenido de respeto y protección a los derechos humanos de los nicaragüenses y a las personas de otros Estados que residen o transitan por nuestro país".

"La Constitución Política de Nicaragua reconoce y garantiza los derechos fundamentales en su artículo 46 que expresa que: En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”, detalló. 

Reiteró que el gobierno de Nicaragua continuará cumpliendo los compromisos internacionales del Estado en materia de Derechos Humano, en un esfuerzo mancomunado entre gobierno y ciudadanía, contribuyendo a restaurar la reconocida seguridad, estabilidad y paz que gozaba Nicaragua antes de los dolorosos hechos del 18 de abril.

Moncada presentó en la OEA un informe en el que detalla las acciones criminales y terroristas que la oposición ha ejecutado en el país, con el objetivo de dar un golpe de estado.

“La actividad delincuencial de la bandas terroristas realmente ha causado crímenes, asesinatos, muertes, secuestros, torturas a nuestra población durante todo este tiempo, y eso lo hemos denunciado y hemos enviado comunicación a los organismos de derechos humanos que visitan nuestro país”, indicó.

“En este contexto de intento de golpe de estado y ruptura del ordenamiento constitucional en Nicaragua el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) hace saber a las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional que como Estado y gobierno legal y legítimamente constituido tiene el deber de defender la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todas y todos los nicaragüenses, el derecho a la libre circulación de las personas, los pueblos y mercancías en todo el territorio nacional”, agregó.

El diplomático afirmó que “Nicaragua ha dicho basta ya al sufrimiento impuesto por grupos terroristas a las familias nicaragüenses que han sido rehenes a partir del 18 de abril hasta la fecha, en clara violación de la Convención Internacional contra la forma de Rehenes de las Naciones Unidas y de la Convención Interamericana contra el Terrorismo”.

“El Gobierno de Nicaragua reconoce que todo ciudadano nicaragüense tiene derechos a la libertad y a la seguridad de las personas. Así lo establece la Constitución de la República de Nicaragua, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Carta de las Naciones Unidas”, indicó

Asimismo reiteró que “el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, reitera al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional su compromiso indeclinable en continuar trabajando para restaurar la seguridad, la paz, el derecho a la vida, la armonía y la convivencia pacífica, la unidad y la reconciliación de todos los nicaragüenses para hacer frente común al terrorismo, la delincuencia, el secuestro, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, los crímenes terroristas, haciendo cumplir la constitución y las leyes del país en aras del bien común, para lo cual la Policía de Nicaragua y todas las instituciones del Estado deben cumplir y están cumpliendo con las funciones y disposiciones que les mandata la constitución y las leyes de la República”.

Añadió que “establecida la Paz, la Seguridad y el Libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses, nuestro gobierno reitera al pueblo de Nicaragua y a los países miembros de la Organización de Estados Americanos y la Comunidad Internacional, nuestra plena disposición de escuchar en el diálogo nacional todas las propuestas e iniciativas de democratización y fortalecimiento institucional dentro del marco constitucional y las leyes que rigen el país, a fin de que se puedan consensuar para su aprobación en la que se incluyan previamente los puntos relacionados con la restitución de la paz, la seguridad, la tranquilidad de todas las familias nicaragüenses, el cese del terrorismo, el libre tránsito de personas y del transporte público y privado vital para la sobrevivencia de todas las familias nicaragüenses”.

“La paz y la seguridad son valores y necesidades vitales, el diálogo es la ruta para consensuar acuerdos, respetando la constitución política de nuestro país y el Estado de Derecho”, enfatizó Moncada, quien agradeció a los representantes de los países de América Latina y El Caribe en este foro de la OEA “por sus preocupaciones, por su solidaridad, respetando la Soberanía de Nicaragua”.

El Canciller también destacó que actualmente el pueblo de Nicaragua ha sufrido los embates terroristas de grupos políticos internos y externos, a los que se ha sumado el crimen organizado transnacional, con el fin de realizar un golpe de estado y el cambio del gobierno legítimo del Presidente Daniel Ortega Saavedra, democráticamente electo conforme a la Constitución Política de Nicaragua y las leyes del país.

Dijo que el Gobierno de Nicaragua, el pasado 30 de mayo, firmó un acuerdo con la Secretaría General de la OEA y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, con la finalidad de apoyar y coadyuvar en las acciones investigativas iniciadas por el Estado nicaragüense, para el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos del 18 de abril al 30 de mayo del año en curso.

“Oficialmente recibimos a los integrantes de estos grupos de expertos el pasado 2 de julio y la Secretaría Ejecutiva de la CIDH anunció en Managua la instalación oficial de dicho grupo el día 3 de julio. Conforme el acuerdo de creación del grupo interdisciplinario de expertos independientes, nos encontramos en este momento en proceso de acordar un protocolo de actuación para establecer un marco referencial de colaboración que permita implementar y cumplir dicho acuerdo basado en estado de derecho y respeto a la soberanía de Nicaragua”, explicó.

Agregó que en la primera semana de julio arribó también a Nicaragua el equipo técnico de mecanismos de seguimiento de la CIDH a realizar acompañamientos y asistencia a la comisión de verificación y seguridad de la mesa del diálogo nacional. De igual manera se hizo presente la delegación de la Secretaría General de la OEA.

Durante su estancia en Nicaragua se hicieron coordinaciones para que ese equipo técnico se desplazara y visitara los centros de detención en los cuales ellos han podido constatar el estado en que se encuentra los detenidos y verificar que no fueron objeto de tortura, desmintiendo lo expresado por medios de comunicación que se oponen al gobierno.

Así mismo expresó que el Gobierno de Nicaragua ha recibido la visita de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, para los que el Gobierno de Nicaragua ha brindado apoyo para que puedan observar la situación de los derechos humanos en el país.

“Nuestro Gobierno ha estado informando de manera constante a la CIDH, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y a las distinguidas misiones permanentes y observadores sobre los hechos terroristas provocados por los grupos delincuenciales que intentan derrocar al legítimo y constitucional gobierno de Nicaragua”.

“El Gobierno de Nicaragua continúa trabajando por el restablecimiento de la paz y la seguridad que ha sido interrumpida desde el sábado 18 de abril con los actos terroristas, asesinatos, secuestros, incendios, torturas, saqueos y destrucción de viviendas familiares, edificios públicos y privados cometidos por los grupos vandálicos y terroristas”, remarcó el Compañero Denis Moncada.

Terrorismo y el crimen organizado intentan destruir Nicaragua

El Canciller subrayó que el terrorismo y el crimen organizado transnacional intentan destruir Nicaragua.

En el país se inició “y continúa desarrollando un intento de golpe de estado, una ruptura del orden constitucional. Hoy Nicaragua está siendo afectada por ese fenómeno, mañana puede ocurrir en uno u otro de los países de América Latina y El Caribe miembro de la Organización de los Estados Americanos. Es un peligro latente, es una amenaza presente que afecta en este momento no solo a Nicaragua, sino también a la seguridad y a la estabilidad de la región”, expuso.

El diplomático invitó a los representantes a analizar con calma el fenómeno que está ocurriendo en Nicaragua, y acentuó que el Gobierno está cumpliendo con la Constitución y la Ley actuando “en correspondencia para resolver la situación interna de Nicaragua por un lado en el diálogo conversando para rescatar, restituir la estabilidad, la seguridad, el cese a la violencia, y el libre tránsito en todo el país; y el diálogo y la conversación para discutir los grupos que algunos grupos pequeños de oposición están planteando como necesidad de fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad en Nicaragua”.

También remarcó que el Gobierno está abierto al diálogo sobre los temas de democratización, pero aseguró que “es necesario sí crear las bases de la paz y la estabilidad para poder dialogar y consensuar lo que sea consensual en el marco de la constitución, del ordenamiento jurídico, del Estado de Derecho”.

Explicó que si se rompe la constitucionalidad y el estado de derecho “difícilmente podemos hablar de fortalecimiento de la democracia y fortalecimiento de la institucionalidad”.

“Cualquier ruta que diseñemos necesariamente pasa por el respeto a la Constitución Política de Nicaragua, o de cualquier otro país en casos similares, al respeto en su ordenamiento jurídico y al respeto al Estado de Derecho de forma plena”, valoró.

“No se puede tratar de resolver una situación si los países amigos nos piden que rompamos o quebramos la constitución para resolver una situación. Nosotros solicitamos la comprensión de todos los países de América Latina y El Caribe para que apoyen a nuestro gobierno de Nicaragua en el fortalecimiento institucional basado en el respeto al Estado de Derecho, basado en el respeto a la Constitución”, añadió.

“No podemos sentar precedentes en América Latina y El Caribe, y en el seno de esta organización de cambiar un gobierno ipso facto, de la noche a la mañana, hoy mismo o mañana, planteando rupturas del orden constitucional, lo cual como ustedes saben le ha costado mucho a América Latina y El Caribe”.

“Todavía existe el dolor y el recuerdo de épocas pasadas difíciles y duras, por consiguiente debemos ser mesurados, ponderados en el análisis y la reflexión para no acusar de primas a primeras de señalar a un Estado, a un gobierno por violaciones que no está cometiendo, que está siendo víctima de la confabulación internacional de pequeños grupos políticos combinados con fuerzas transnacionales de delincuencia organizada internacional y con financiamiento externo para romper y terminar con un gobierno legalmente constituido, un gobierno constitucional como es el gobierno del Presidente Daniel Ortega”, expresó el Canciller.

“Cuidémonos del terrorismo disfrazado de grupos políticos y disfrazados y apoyados por grupos internacionales de la delincuencia transnacional”, advirtió Moncada.

Detalles de las acciones terroristas

Denunció que el pasado 19 de junio un grupo de terroristas armados y encapuchados robaron dos cisternas de combustible, las que ubicaron a cien metros de distancia de la delegación de Policía de Jinotepe, en una zona poblada, lanzando morterazos y cocteles molotov, amenazando con hacerlas explotar, poniendo en riesgo la vida de la población, acción a todas luces terroristas.

La dirección del cuerpo de bomberos alertó, en ese momento, que una explosión afectaría a familias y viviendas de cuatro barrios de Jinotepe, poniendo en riesgo la seguridad y las vidas.

En esta ciudad de Jinotepe y lugares circundantes, estos mismos terroristas, durante más de 40 días, mantuvieron secuestrados en carácter de rehenes, a más de 400 furgones y sus conductores, transportistas centroamericanos, provenientes de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Honduras, quienes padecieron hambre, enfermedades, hostigamientos, y amenazas de muerte.

“La Constitución Política de Nicaragua, reconoce el derecho a la protesta pacífica y establece la protección estatal y el reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, así mismo se contempla que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común”, subrayó Moncada.

Añadió que no puede confundirse una protesta pacífica, con actos terroristas, cuya secuela ha dejado en la población una estela de asesinatos, secuestros, torturas, amenazas de explosiones y todas de rehenes como el caso de los más de 400 conductores y transportistas en sus furgones, y conductores centroamericanos.

“Ante el llamado y preocupación de los gobiernos de los países del Sistema de Integración Centroamericano, expresada en la cumbre de jefes de estado el pasado 30 de junio en República Dominicana, nuestro gobierno expresó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y a la CIDH, en su carácter de acompañante, la necesidad urgente de proteger la vida y los derechos de estos transportistas centroamericanos, sin obtener resultados positivos, ni pronunciamiento en lo que se denunciara las violaciones de derechos humanos a los que fueron sometidos estas personas centroamericanas”.

Moncada dejó claro que el Gobierno de Nicaragua ha condenado de manera enfática todos los hechos de violencia terroristas ocurridos desde el 18 de abril hasta la fecha, que han enlutado a las familias nicaragüenses. “Repudiamos estas acciones que han venido atentando en contra de la paz, la estabilidad, la unidad y la reconciliación de la que veníamos gozando todos los nicaragüenses sin distinción de ninguna naturaleza”.

"Entre los crímenes cometidos por los grupos vandálicos en Jinotepe y Diriamba, 8 compañeros y compañeras han sido asesinados. 20 compañeros y compañeras secuestradas, 16 Instituciones públicas, han sido atacadas, saqueadas, incendiadas y destruidas. Padres e hijos han sido asesinados como el caso de Cristhoper Castillo y Roberto Castillo Cruz. Compañeras y compañeros de la Policía, Militantes del FSLN y la Juventud Sandinista han sido secuestrados, asesinados y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, nunca antes visto en la historia de nuestro país. Eso no es protesta pacífica es terrorismo, violencia encaminada a sembrar el caos y la ruptura el orden constitucional".

Listado de crímenes cometidos contra los compañeros sandinistas en Jinotepe y Diriamba.

Dentro de estos actos de terrorismo se han cometido también los siguientes asesinatos:

Asesinato del militante del FSLN y servidores públicos del Gobierno de Nicaragua.

Marcos Gutiérrez, combatiente histórico del FSLN del municipio de Jinotepe, asesinado por impacto de bala en la cabeza por grupos armados el 12 de junio.

Guillermo Méndez, combatiente histórico del FSLN, del municipio de Jinotepe, asesinado por impacto de bala en la cabeza por grupos armados el 18 de junio.

Cristopher Castillo, estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, del municipio también de Jinotepe, asesinado por disparo de motociclistas encapuchados y armados, el 24 de junio.

Su padre denunció la muerte de su hijo, y días después, diez, quince días aproximadamente, el padre también es asesinado y lanzado su cuerpo a un basurero. El padre Roberto Castillo Cruz, era trabajador de la empresa de Enacal.

El joven Kevin Cruz Ruiz, militante del FSLN, y trabajador del departamental del FSLN, del municipio de El Rosario, también muerto de forma violenta por el grupo terrorista.

Suboficial de la Policía Nacional Hilario de Jesús Ortiz Zavala del municipio de Managua, asesinado por franco tirador desde el torreón de la Farem Carazo, el domingo 8 de julio.

El oficial de la Policía Nacional Faber Antonio López Vívas, de Zelaya Central, asesinado por franco tirador, desde el torreón de la misma Farem Carazo, el domingo 8 de julio.

Secuestros y torturas con trato crueles e inhumanos y degradantes cometidos por los grupos terroristas en esta misma región.

Jerson Castillo, del Municipio de Jinotepe, secuestrado por grupos armados, amarrado y robado en el tranque San José.

Francisco Polanco, del municipio de Jinotepe secuestrado por grupos armados y golpeado en el tranque del colegio San José.

Junior Baltodano, del municipio de San Marcos, secuestrado en Jinotepe por grupos armados y llevado al tranque del colegio San José.

Camilo Rosales, hermano originario del municipio de Jinotepe, secuestrado y torturado por grupos armados del colegio San José.

Además de Camilo Rosales, sus hermanos Juan Rosales y Reinaldo Rosales, también víctimas de secuestro y tortura por grupos terroristas en esa zona.

Mario Sánchez, del municipio de Santa Teresa, secuestrado y torturado por grupos armados ubicados por el colegio San José.

Lester Martín Fletes, del municipio de Santa Teresa, secuestrado y torturado por grupos armados dentro del colegio San José.

Félix Morales Velásquez, municipio de Jinotepe, secuestrado y torturado por grupos armados dentro del colegio San José.

Alberto Pérez, del municipio de Santa Teresa, secuestrado y torturado por grupos armados del hospital regional Santiago de Jinotepe.

Henry Serrano, también del municipio de Jinotepe, secuestrado y torturado por los grupos terroristas armados.

Omar González, del municipio de Santa Teresa, secuestrado y torturado por grupos armado dentro del colegio San José.

Roberto Castro, del municipio de Diriamba, secuestrado y torturado por grupos armados en el tranque de La Inmaculada.

José Antonio Palacios, del municipio de Diriamba. Secuestrado y torturado por grupos armado en el tranque La Inmaculada.

Erasmo Vicente Hernández Palacios, del municipio de Jinotepe, secuestrado y torturado por grupos armado el 4 de julio en el sector de Petronic.

Suboficial Mayor de la Policía Nacional, Erling Celestino García Cortez, secuestrado por grupos armados el 4 de julio en Cuatro Esquinas en Jinotepe.

Pedro Antonio Nicaragua Ruiz, del municipio de El Rosario, secuestrado y torturado el 5 de julio en el Puente de Belén en Jinotepe.

Hilda del Carmen Alegría, secuestrada por grupos armados el primero de julio, desnudada y manoseada.

Adaluz Aburto Alegría, secuestrada por grupos armados, el primero de julio, desnudada y manoseada.

Oficial de la Policía Nacional Yadira Castillo, secuestrada y torturada por grupos armados ubicados en el tranque de Hertylandia, el 5 de julio.

Adicionalmente desde el 5 de junio, hasta 8 de julio, más de 400 transportistas internacionales estuvieron secuestrados y sometidos a todo tipo de vejámenes en esa misma región.

Compañeros lesionados y torturados:

El 2 de julio delincuentes armados atacaron la estación policial del municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, lesionando con arma de fuego al compañero Arlen Francisco Guzmán Muñoz de 20 años, suboficial de la Policía Nacional.

El 28 de mayo, en el municipio de Jinotepe, en la salida sur, lugar conocido como Dulce Nombre, tres cuadras Oeste, colegio Manuel Hernández, departamento de Carazo, grupo de delincuentes encapuchados con violencia intentaron ingresar al colegio para impedir las clases.

Padres de familia se opusieron a la toma del centro de estudios y delincuentes a bordo de vehículos dispararon con armas de fuego, resultando lesionado José Andrés Calderón Barahona de 20 años, y Yasser Aarón Jarquín Martínez, de 40 años.

Del 21 de abril al 9 de junio, terroristas armados causaron lesiones a los siguientes oficiales:

Comisionado Juan Ismael Gaitán Moreno, Teniente Yesenia del Socorro López Castillo, Teniente Wilson Javier Brenes Hernández, Suboficial Gustavo Adolfo Baltodano Hernández, Suboficial Orlando Segundo Alemán Narváez, Suboficial Mayor Yader Bismarck Cortez González, Suboficial Mayor María Dolores Pérez Guevara, Suboficial Mayor Gadiel Elieser Guevara Ramos, Policía Carolina del Socorro Arias Ortiz, Policía Blanca Maciel Alemán Mercado, Inspector Juan Carlos Molina Ortiz.

El 30 de mayo, el Suboficial Mayor Henry Isabel Espinoza, Aguilar y el Subinspector Mario José Jirón Martínez.

El 9 de junio, el agente policial Armando José Rocha García.

Daños a bienes públicos que, afectado la atención a las familias, provocadas por grupos terrorista

Registro Público de la propiedad en Jinotepe, saqueado el cien por ciento el 8 de junio.

Delegación del Ministerio de Transporte e Infraestructura saqueado el cien por ciento el 12 de junio también en Jinotepe.

El Silais de Jinotepe, saqueado en un 75 por ciento, el 12 de junio.

Juzgado de Distrito Civil de Jinotepe, saqueado en un 80 por ciento, el 12 de junio.

Juzgado Distrito Penal de Jinotepe, saqueado el cien por ciento, el 12 de junio.

Delegación departamental del Ministerio de Educación de Jinotepe, saqueada el cien por ciento el 11 de junio.

La delegación de Enacal de Jinotepe, saqueado en un 20 por ciento el 13 de junio.

Lotería Nacional de Jinotepe, amenazas a la institución y sus vigilantes, el 13 de junio.

Comisaría de la Mujer de Jinotepe, saqueada y quemada en un cien por ciento el 13 de junio.

Farem Unan Jinotepe, saqueda y destruida en un 80 por ciento, tomada por grupos armados terroristas desde el 12 de junio.

Alcaldía Municipal de Diriamba, incendiada el cien por ciento el 21 de abril.

Estación de la Policía Nacional de Diriamba, incendiada el 100 por ciento el 12 de junio.

Subestación de la Policía Nacional de Jinotepe, incendiada el ciento por ciento el 12 de junio.

Subestación de la Policía Nacional La Esquina San Marcos, incendiada el cien por ciento el 12 de junio.

Delegación del Instituto de Medicina Legal del Poder Judicial, incendio y destrucción a equipos y expedientes.

Centro Tecnológico Inatec, de Jinotepe, saqueo y destrucción.

Vehículos destruidos y robados de instituciones del Gobierno:
Todos los vehículos destruidos por grupos armados pertenecen al Silais de Jinotepe y hay una lista de 5 vehículos, camionetas y vehículos de trabajo.

Daños en bienes privados:

Casa departamental del FSLN en Jinotepe, saqueada e incendiada el cien por ciento el 21 de abril.

Casa municipal del FSLN, Diriamba, saqueada e incendiada el cien por ciento, el 21 de abril.

Además, la casa del Alcalde de Jinotepe, Mariano Madrigal, saqueada e incendiada el 21 de junio.

Auxiliadora Porras, casa saqueada e incendiada al cien por ciento el 12 de junio.

Gutenberg Castro, ingresaron con violencia a su casa, la saquearon el 12 de junio.
Claudia Cruz, casa saqueada en un cien por ciento el 12 de junio.

Comisionado en Retiro Roberto González Kraudy, casa saqueda y robo de armas el 24 de junio.

Allan Zuñiga, casa saqueada y robada en un cien por ciento, el 25 de junio.