La Asamblea Nacional reformó este martes la (Ley No. 735), Ley de Reformas y Adición a la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

La disposición legislativa viene a fortalecer las medidas precautelares en la investigación y el aseguramiento de activos vinculados con la intermediación financiera ejecutada por las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y por la Comisión Nacional de Microfinazas.

Con 88 votos a favor, los diputados establecieron en la reforma una disposición con el fin de que el Sistema Financiero logre adjudicarse las propiedades que sean garantía de un crédito, cuando el cliente enfrente un proceso por narcotráfico, lavado de dinero o crimen organizado.

La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia del Legislativo dijo que la reforma es producto de la política de diálogo y consenso que “impulsa nuestro gobierno”.

La reforma tiene como propósitos fortalecer jurídicamente el Sistema Financiero Nacional, así como la seguridad de los ahorrantes, dijo la legisladora que forma parte de la bancada del FSLN en el Legislativo.

Indicó que la modificación legislativa “viene a establecer mecanismos que permitan al Sistema Financiero Nacional, tanto los bancos como las financieras, establecer un mecanismo en la que ellos pueda recurrir a reclamar todos aquellos bienes que han sido incautados por estar involucrados en narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero”. Esta disposición es solamente para bienes que están prendados o en garantías de cualquier institución bancaria de país.

José Antonio Zepeda, diputado del FSLN dijo que la reformar es para ordenar el sistema jurídico con respecto al sector financiero nacional en términos de la aplicación de la Ley No. 735, con respecto a aquellos recursos que están en garantías por las instituciones financieras.

Además resguardar con mayor seguridad bienes incautados y “obviamente lo primordial es darle seguridad tanto a los inversionistas como a los nicaragüenses en general de aplicar las leyes correspondientes cuando haya delito de por medio”.

El directivo del Parlamento, doctor Wilfredo Navarro dijo que esa ley tiene que irse ajustando en el tiempo por el desarrollo de ese tipo de delitos y “esta reforma también trata de proteger los recursos de los depositantes de los bancos”.

Recordó que la ley (antes de la reforma) lestablecía en forma draconiana que “un bien que se le incautara a un delincuente narcotraficante o del crimen organizado, inmediatamente el bien era confiscado”.

Esto tiene secuela porque muchos de estos bienes estaban hipotecados con instituciones financieras y al incautarlos el Estado perjudicaba a las instituciones financieras y por lo consiguientes a los ahorrantes que son los que nutren los bancos”, dijo el doctor Navarro.

Ahora cuando un bien incautado a un narcotraficante o gente del crimen organizado está prendado con una institucion del sistema financiero, “entonces la institución financiera podrá ejecutar el crédito sobre ese bien y el remanente si existe entregarlo al Estado”, precisó el legislador.

El diputado Carlos Emilio López dijo que la reforma también protege los recursos del público y mantiene estabilidad al sistema financiero nacional “además va a resguardar los intereses de los ahorrantes y del Estado”.

Por medio de la reforma, el sistema financiero podrá recuperar su crédito a través de un juicio civil en contra del imputado.

El dictamen de la reforma a la Ley 735 fue elaborado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional dice que la modificación legislativa asegura las facultades de la Fiscalía para investigar si una propiedad hipotecada con los bancos o las microfinancieras se obtuvo con dinero ilícito.