La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se dirigió al pueblo brasileño y expresó que lo que está en juego en Brasil no es solo su mandato sino el respeto a las urnas y a la voluntad soberana de los 54 millones de personas que la eligieron.

También las conquistas de los últimos 13 años, los beneficios para las personas más pobres y de clase media, la valorización del salario mínimo, los médicos que atienden a la población y la realización de una casa propia.

Más temprano la mandataria brasileña manifestó en su perfil de Facebook que "es golpe" la decisión tomada este jueves por el Senado de abrir el juicio político en su contra.

Rousseff, que se ve obligada a separarse de su cargo por 180 días, publicó unos vídeos de la intervención de su abogado defensor, José Eduardo Cardozo, quien "recordó que se usan pretextos jurídicos para sacar del poder a una presidenta legítimamente elegida, en una injusticia histórica".

Se espera que la mandataria realice un pronunciamiento oficial a las 10H00 (hora local).

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se vio obligada a separarse de su cargo por un período no mayor a 180 días, luego de que el Senado aprobara la ejecución del juicio político con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).

En este período las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas que no fueron presentadas ni en la Cámara baja, ni en el Senado y que pese a ello fue aprobado el juicio político, un hecho que es considerado por analistas como un golpe de Estado a una mandataria electa a través del voto popular por más de 50 millones de personas.

La acusación contra Rousseff es la supuesta violación de normas fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables "ilegales" para "maquillar" los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

El Abogado General de la Unión, José Eduardo Cardozo, ha dicho que este proceso contra Rousseff carece de los requisitos legales mínimos, como la indudable comprobación de un “delito de responsabilidad”.

El juicio político contra Dilma fue aprobado el pasado 17 de abril por la Cámara de Diputados con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausencias.

Luego pasó al Senado (de mayoría opositora) donde una comisión especial conformada por 21 senadores se encargó de analizar el caso y el 6 de mayo votó a favor del informe de su relator, Antonio Anastasia, quien recomendó que el proceso avanzara hacia la destitución.