La Asamblea Nacional ratificó de manera unánime una reforma a la Ley 977 o Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que tiene por objeto fortalecer el trabajo del Consejo Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos, contra el financiamiento de al terrorismo y contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Esta iniciativa fue remitida por la Presidencia de la República y por decisión de la Junta Directiva y los coordinadores de las bancadas de las fuerzas políticas con presencia en la Asamblea Nacional, se decidió aprobar con carácter de urgencia.

La exposición de motivos explica que el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, contra el financiamiento al terrorismo y contra el financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creado mediante la Ley 977, destaca que constantemente se debe evaluar los riesgos nacionales relacionados con estas actividades ilícitas.

Ante esto se requiere actualizar las políticas públicas contra el lavado de activos, contra el terrorismo y contra la proliferación de las armas de destrucción masiva.

"Esta iniciativa busca el fortalecimiento de dicho Consejo Nacional en función de reorganizar sus integrantes y de esa manera fortalecer su alcance contra el Lavado de Activos, contra el financiamiento al terrorismo y contra el financiamiento a la Proliferación de Armas Masivas", destaca la iniciativa.

La reforma a la Ley 977 destaca que hace un cambio en la estructura del Consejo Nacional, que estará integrado de la siguiente manera:

El Director de la Unidad de Análisis Financiero, Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Procuradora General de la República, Presidente del Banco Central, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Fiscal de la República, Director de la Policía, Ministro Asesor Para Asuntos de Seguridad. La Secretaría Técnica será asumida por el director de la UAF. El Consejo Nacional elaborará y aprobará su propio reglamento, el que será evaluado de manera periódica.