Nicaragua tuvo una participación contundente en la audiencia del Tribunal Internacional de los Pueblos, con la presentación de nueve testimonios de víctimas de las agresiones de la política guerrerista, intervencionista e injerencista de los Estados Unidos y sus adláteres contra el pueblo nicaragüense.
Las personas que brindaron sus testimonios son: Amada Pineda; Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral; Alma Nubia Baltodano, magistrada del CSE; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el abogado y notario público Orlando Tardencilla; Wilfredo Navarro, abogado y parlamentario de la Asamblea Nacional nicaragüense; Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público; así como la doctora Sonia Castro, Asesora Presidencial para Asuntos de Salud.
El último ponente fue Camilo Mejía, activista nicaragüense radicado en Estados Unidos, quien habló ante el Tribunal Internacional de los Pueblos de las agresiones financiadas por Estados Unidos, para fomentar el fallido golpe de estado en el 2018, en Nicaragua, en la que también financiaron noticias falsas en las redes sociales y medios de comunicación escritos que estaban al servicio de los terroristas, golpistas y del imperio norteamericano.
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En su exposición, el ministro Iván Acosta, expresó ante los miembros del Tribunal Internacional de los Pueblos (conectados de manera virtual), sobre el gran daño que le ha causado el imperialismo estadounidense al pueblo de Nicaragua.
La denuncia y condena permanente del pueblo de Nicaragua y su dirigencia política, es una de muchas formas de derrotar a la política ilegal, ilegítima, antiética, sanciones y medidas coercitivas y económicas implementadas, mayoritariamente por los Estados Unidos y la Unión Europea.
Acosta exhortó que se debe construir un consenso internacional, en torno a la legalidad de esas decisiones y medidas unilaterales, bilaterales, multilaterales, así como de manera urgente emprender acciones legales contra esa actitud espuria y violatoria del derecho internacional y la dignidad humana, de parte de las agresiones imperialistas y neocolonialistas.
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“Cerramos expresando que la mejor actitud de los pueblos es condenar, como en efecto estamos solicitando ante este tribunal, se condene de manera firme y sin apelación alguna, al imperialismo y a sus adláteres, por el daño causado en sus políticas, sanciones y de medidas coercitivas, económicas que han implementado, demandando una justa reparación de los daños causados”, demandó Acosta.
El testimonio de ocho, de las nueve personas ante los miembros del Tribunal Internacional de los Pueblos sobre Nicaragua, se realizó en el Salón Las Banderas de la Cancillería de la República de Nicaragua; el testimonio de Camilo Mejía fue desde Estados Unidos.
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El titular del MHCP afirmó que en nombre de la paz, democracia, libertad y la justicia, el imperialismo ha cometido los mayores crímenes de lesa humanidad.
“En este contexto acudimos a este tribunal a acusar al imperialismo en todas sus manifestaciones y expresiones, en ese sentido, apoyamos la decisión general del tribunal, de que las sanciones, bloqueos y las medidas coercitivas económicas ilegítimas, ilegales y antiéticas constituidas por el imperialismo, diseñadas para mantener el orden capitalista neoliberal, neocolonial y el empoderamiento masivo de los monopolios y la industria militar occidental”, señaló.
Intervenciones por más de un siglo
Acosta aseguró que Nicaragua ha sido el país centroamericano, con la mayor historia de intervenciones, por parte de Estados Unidos en el siglo XX.
“Estas intervenciones han tenido un impacto determinante en el nivel de pobreza acumulada durante todo el siglo XX; el país más pobre de Centroamérica, con mayor concentración de riquezas, donde las tierras estaban el 50 por ciento, en el 2 por ciento de la población, un analfabetismo acelerado de más del 57 por ciento, tasa de mortalidad para niñez y mujeres; un país ocupado, oprimido y asesinado donde la Guardia Nacional contaba con 15 mil hombres para 2.3 millones de personas, probablemente la mayor per cápita de represión a nivel mundial”, denunció.
Acosta recordó que el daño estimado a 1987, por parte de los Estados Unidos al pueblo y Estado de Nicaragua, se estimaba en más de 17 mil millones de dólares.
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“Que se proyecta a ser a valor presente en 50 mil millones de dólares, más o menos de daños; es decir, tres veces más del PIB per cápita actual”, contabilizó.
Por lo tanto, en el período de 1981 a 1990, se destruyeron capacidades importantes expresadas en esa cuantificación de daños, las oportunidades de construir carreteras, electrificación, ampliar el servicio de salud, de mejorar y desarrollar calidad de la Educación.
A partir de los años 90, se deben contabilizar los daños a la economía, debido a las medidas de ajustes económicos y estructurales, promovidos por los organismos financieros, donde tiene mayoría accionaria los Estados Unidos.
La demanda de 1984 ante La Haya
Por su parte, Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, expuso el caso de Nicaragua contra Estados Unidos en La Haya, tribunal internacional al que acudió en 1984, debido a las agresiones del imperio que fueron promovidas tres años antes, en 1981 por el presidente Ronald Reagan, quien apoyó a la contra con el propósito de derrocar a la Revolución Sandinista.
Ramos hizo una remembranza del contexto histórico, político, militar y legal que antecedieron, antes que Nicaragua demandara a Estados Unidos ante La Haya.
“El 26 de noviembre de 1984, la corte (de La Haya) dio a conocer su decisión sobre cuestión de la jurisdicción y admisibilidad de la demanda, decidiendo que tiene jurisdicción y competencia para conocerla y no encontrando razón alguna que hiciera inadmisible dicha demanda”, explicó.
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El 27 de junio de 1986, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua y condenó sin vacilación a Estados Unidos, por violar los principios fundamentales del derecho internacional, general y consuetudinario.
La resolución consta de 16 puntos, en el cual el 13 establece que Estados Unidos está en la obligación de indemnizar a Nicaragua por todos los daños causados, por las violaciones de las obligaciones de conformidad con el derecho internacional consuetudinario.
Testimonios desgarradores
Alma Nubia Baltodano, magistrada del CSE, brindó su testimonio de cómo perdió ambas manos, ante el Tribunal Internacional de los Pueblos.
“Apuntaban las 5:00 de la tarde en una casa de Monseñor Lezcano, faltaba una hora para el toque de queda, un 12 de abril de 1979, en un cuarto estábamos más de cinco chavalos adolescentes, todos, tenía 16 años, como en muchas otras casas preparábamos bombas de contacto, era una actividad común en esa época, fue una forma en que todos los ciudadanos aportábamos en la lucha contra la dictadura; era un Jueves Santo, cuando un chasquido anunció la tragedia, solo me dio tiempo de advertir a mis compañeros que la bomba había sonado. Lo próximo que recuerdo es levantarme de la cama rodeada de una nube de humo, me sentía como en una burbuja, no recuerdo dolor, solo escuchaba silencio, hasta que empecé a ver los rostros horrorizados de mis amigos; me encontraba ya sin manos, la bomba que empezaba a montar había explotado, una leve fricción dentro del aparato había originado una chispa que provocó la explosión”, describió.
Baltodano mencionó que su seudónimo era Silvia, porque así ocultaban su verdadera identidad ante la criminal y represiva guardia, al servicio del régimen somocista.
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También contó que su hermana Zulema Baltodano de 17 años de edad, fue asesinada el 15 de junio de 1979, por la guardia somocista, en la masacre de Batahola, en Managua.
El abogado Orlando Tardencilla compareció ante Tribunal Internacional de los Pueblos, y aportó detalles del conjunto infinito de actos, hechos y eventos que él y los nicaragüenses enfrentaron y que fueron desarrollados por Estados Unidos, en la etapa final de la liberación contra la tiranía somocista.
Tardencilla demandó que se respete el derecho de los nicaragüenses a ser libres y soberanos y, por supuesto, “que nuestra dignidad como pueblo, como seres humanos que habitamos en esta tierra, sea respetada. Mil gracias a este tribunal, mil gracias que nos acompañen y que Dios nos bendiga a todos”.
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La magistrada Brenda Rocha, presidenta del CSE, le contó al Tribunal Internacional de los Pueblos cómo perdió su mano derecha, cuando defendía la Revolución Sandinista, de la contra, cuya guerra había sido impuesta por Estados Unidos.
“Un sábado 24 de julio de 1982, ocho milicianos estábamos en la represa del salto grande, municipio de Bonanza, resguardando esa presa hidroeléctrica que es la que genera energía al pueblo de Bonanza”, mencionó.
Eran más de 100 armados de la contra, que atacaron a ocho jóvenes, “a mí me dieron primero en las piernas, sentí calor en todo mi cuerpo, después me dieron en el brazo derecho, en ese momento me puse boca arriba, cuando me vieron el brazo derecho, estaba totalmente ensangrentada, no podía moverlo, me acomodé, de repente escuché un sonido y era una granada que tiraron a don Lázaro y Arístides que estaban un poco más largo y quedaron desbaratados”, describió entre sollozos la magistrada Rocha.
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Indicó que se hizo la muerta, los contras pateaban los cuerpos, “me dolía todo el cuerpo, me patearon, me contuve, entonces, alguien de ellos (contra) gritó que venía el refuerzo y salieron caminando hacia el río, cuando vi pasó frente a mí Aaron Toledo, otro que estaba con nosotros que tenía 15 años, igual que yo en ese momento, que fue que lo encontraron más adelante torturado, desnudo totalmente”.
Rocha después se trasladó arrastrada hasta una comunidad, la llevaron a Bonanza y finalmente a Managua, donde le dieron atención, hicieron hasta lo imposible por salvar su brazo derecho, “tenía 14 orificios, pero no lograron salvarlo, me lo amputaron”, recordó.
De los ochos compañeros, solo Brenda sobrevivió; es un dolor que todavía no se va y está presente con ella.
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Amada Pineda también brindó su testimonio ante el Tribunal Internacional de los Pueblos, en el que contó como fue violada por la guardia de Somoza, También narró el asesinato atroz de su hijo Francisco Ramón Aráuz Pineda, en los tranques de la muerte, en Managua en el 2018, que habían instalado los grupos terroristas de la derecha golpista.
Desde William Walker
El diputado Wilfredo Navarro hizo una síntesis de las intervenciones de Estados Unidos en Nicaragua, desde los tiempos de William Walker.
Mencionó que a lo largo de la historia, Nicaragua ha sido objeto de parte de los Estados Unidos de invasiones, ocupaciones, intervenciones, sanciones, acosos políticos, legales, comerciales, militares, financiamiento y entrenamiento de mercenarios, bloqueos y minados de puertos, terrorismo y todo tipo de sabotaje.
Navarro le expresó al Tribunal Internacional de los Pueblos, “mis saludos respetuosos de parte del pueblo de Nicaragua a los miembros del Tribunal Internacional de los Pueblos, a quienes les transmito el mensaje de denuncia y solicitud de condena al injerencismo y a las agresiones contra nuestra patria y reiterarles nuestra voluntad permanente de vivir libre, sin intervenciones, sin agresiones en un mundo solidario y fraterno, igual para todos”.
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Finalmente, la doctora Sonia Castro habló sobre el impacto de las medidas coercitivas al sector de Salud, de parte de Los Estados Unidos. “Los yanquis denunciados, acusados y condenados históricamente”, señaló.
Castro puntualizó que las agresiones del imperialismo yanqui, tuvieron efectos en la salud de los nicaragüenses, desde inicio del siglo XIX e inicio del siglo XX, Nicaragua ha sido víctima de las agresiones militares de Estados Unidos, lo que condujo a la falta de desarrollo de un sistema de salud nacional, que se ha extendido hasta la actualidad.
“Con este testimonio que abarca diferentes momentos de la historia de nuestro país, estamos denunciando, acusando y condenando al imperialismo yanqui, al gobierno de los Estados Unidos por su responsabilidad de los daños continuos y permanentes en la salud del pueblo de Nicaragua en los últimos dos siglos”, expuso la doctora Castro, ante el Tribunal Internacional de los Pueblos.
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