Desde hace varios años, un frente constante en la implacable guerra propagandística de las ONG y los medios de comunicación occidentales contra el gobierno sandinista de Nicaragua ha sido de acusar  falsamente a las autoridades nacionales de perjudicar o descuidar los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas del país. En realidad, es todo lo contrario. Los pueblos indígenas de Nicaragua disfrutan del sistema de autogobierno más progresista y avanzado del hemisferio. Pero los informes de la industria occidental de los derechos humanos, en particular de las ONG estadounidenses y europeas que dicen defender a los pueblos indígenas, omiten
sistemáticamente este hecho para centrarse en incidentes esporádicos de violencia, los cuales tergiversan sistemáticamente.

En general, la propaganda antisandinista norteamericana y europea publicada por organizaciones financiadas por las corporaciones y fundaciones de las elites internacionales, por ejemplo como Global Witness o el Oakland Institute y por los medios de comunicación internacionales, avanzan tres principales mentiras: 

• el gobierno nicaragüense permite, e incluso fomenta, la invasión por parte de los foráneos llamados "colonos" de las tierras indígenas, afectando en particular a la Reserva de la Biosfera de Bosawas.

• el gobierno no investiga ni remedia los incidentes de violencia contra las comunidades de los pueblos indígenas del país .

• los pueblos indígenas afectados son invariablemente víctimas inocentes cuyos intereses están representados y defendidos por ONG locales con financiación extranjera .

Varios reportajes y entrevistas de primera mano en el último año han demostrado categóricamente que cada una de estas afirmaciones propagandísticas es falsa. Recientemente, un grupo de reporteros visitó el lugar de un ataque muy publicitado que ocurrió en Kiwakumbai, en el núcleo de la Reserva de la Biosfera de Bosawas. Su reportaje demostró que algunos miembros de las propias comunidades indígenas locales no sólo promovieron el uso ilícito de las tierras de su pueblo causando la deforestación y la contaminación de las fuentes de agua, sino que también participaron en la violencia asesina. El incidente de Kiwakumbai y otro posterior, que afectó a una comunidad cercana llamada Palan, arrojaron nueva luz sobre hechos similares ocurridos en la comunidad de Alal en la zona de Bosawas en enero de 2020.

Todos estos acontecimientos demuestran:

los asentamientos de tierras en la zona tienen una larga historia en la que está claro que algunos miembros de las comunidades indígenas locales realicen transacciones irregulares de tierras con personas ajenas a ellas, lo que ocasionalmente da lugar a disputas violentas en las que algunos miembros de las comunidades indígenas han participado en ataques mortales.

• a pesar de la lejanía de la zona y de la dificultad del terreno, los incidentes violentos son investigados siempre de forma oportuna y exhaustiva por las autoridades.

• las instituciones gubernamentales, incluyendo la policía y el ejército, se coordinan con el gobierno autónomo regional, los gobiernos territoriales indígenas y los gobiernos comunales indígenas, así como con la autoridad municipal pertinente, tanto para reparar las pérdidas y los daños a las víctimas, como para resolver el conflicto inmediato, a la vez que se busca prevenir futuros conflictos.

Nada de esta realidad es reportada por los medios de comunicación locales de la oposición, que citan acríticamente la información de las ONG locales financiadas con fondos extranjeros como el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (CALPI) o la Fundación del Río, todas ellas alineadas con la oposición política de Nicaragua. Estas ONG afirman falsamente que representan a los pueblos indígenas de la zona, una afirmación rechazada por los propios líderes indígenas, por ejemplo, los dirigentes de la Nación Mayangna, cuyas tierras incluyen las comunidades de Alal, Kiwakumbai y Palan.

En una extensa entrevista de noviembre de 2020, estos líderes reconocen el papel positivo del gobierno nicaragüense en la remediación y resolución de los conflictos. También reconocen la participación de algunos miembros de sus propias comunidades indígenas en las transacciones irregulares de tierras.

Esto hace que la información disponible sobre los conflictos que afectan a los pueblos indígenas en Nicaragua sea muy diferente a la información sobre ese tipo de conflicto en la vecina Honduras, por ejemplo. En Honduras, los informes sobre la situación de los pueblos indígenas suelen basarse en la información de organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una organización que representa auténticamente al pueblo lenca del oeste de Honduras. Asimismo, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), genuínamente representa al pueblo garífuna que vive en la costa caribeña del país. Ambas organizaciones cuentan con el apoyo masivo de sus pueblos de base en la resistencia a la depredación empresarial, la cual se desarrolla con la complicidad de las corruptas autoridades hondureñas.

Por lo tanto, cuando las ONG internacionales basan sus informes en la información de estas organizaciones u otras similares en Honduras, pueden considerarse generalmente fiables. Esto se ha confirmado, por ejemplo, en los casos de Bertha Cáceres o de los cuatro activistas garífunas desaparecidos a la fuerza en julio de 2020. En cambio, en el caso de Nicaragua, las ONG internacionales que se hacen pasar por defensoras de los derechos de los indígenas basan sus informes en organizaciones locales no representativas financiadas con fondos extranjeros, todas ellas alineadas con la oposición política del país. Su versión de los acontecimientos en la Costa Caribe de Nicaragua contradice directamente la de los representantes electos de los gobiernos de los pueblos indígenas de la región.

El material recogido aquí incluye un análisis por parte del escritor independiente John Perry de la información sobre la situación de los pueblos indígenas de Nicaragua. También incluye entrevistas e reportes sobre el violento incidente de Kiwakumbai y su contexto social y económico. Prácticamente todo lo que se desprende de esas entrevistas e informes confirma las opiniones expresadas por los líderes de la Nación Mayangna en su extensa entrevista de noviembre de 2020. En conjunto, este material demuestra la absoluta falsedad de la información sobre Nicaragua divulgada por las ONG y los medios de comunicación internacionales.

Sería un error desestimar esta realidad como una especie de desafortunado descuido o malentendido por parte de las organizaciones internacionales en cuestión. La industria occidental de los derechos humanos depende de la financiación de grandes corporaciones y entidades afines cuyo objetivo es promover los intereses sociales, económicos y políticos de las poderosas élites occidentales y sus aliados. Evidentemente, un corolario de ese objetivo es atacar a cualquier gobierno que esté dispuesto a defender la soberanía nacional de su país contra los intereses corporativos y de las élites relacionadas.

Para ello, las organizaciones de derechos humanos occidentales y las instituciones internacionales como las de las Naciones Unidas han sido intensamente cooptadas por el corrupto poder corporativo y entidades afines como, por ejemplo, la influyente red de Bill y Hillary Clinton, entre otros. Esa es la explicación subyacente del implacable asalto al gobierno sandinista de Nicaragua por parte de la industria occidental de los derechos humanos en general y, en la presente caso, de su rama subsidiaria de los derechos de los pueblos indígenas. Son organizaciones financiadas por las élites occidentales que han saqueado, esclavizado y masacrado a los pueblos indígenas del mundo durante siglos. En verdad, el gobierno revolucionario de Nicaragua promueve la defensa de los derechos de los pueblos originarios con el modelo de autonomía más avanzado de América Latina y el Caribe.


Stephen Sefton, 19 de octubre 2021

 

Consulte aquí investigación completa:  “La verdad sobre la violencia en Bosawás, Nicaragua”.