En noviembre, Nicaragua celebrará elecciones para su próximo gobierno. En la segunda de nuestra serie de dos partes, Alborada analiza los desafíos para el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional del país (FSLN).

Puedes leer la primera parte https://alborada.net/nicaragua-elections-2021-ortega-sandinistas-part-one/ .

Reformas electorales: a la manera nicaragüense

Integral para garantizar la soberanía y la equidad en las elecciones de Nicaragua este Año, son las reformas electorales que se aprobaron recientemente después de intenso escrutinio por 85 de los 90 parlamentarios en ejercicio. Hay dos importantes aspectos en estas reformas. El primero es el gran paso hacia la equidad de género, que es parte de una campaña más amplia del FLSN por la igualdad de género. Todos los cuerpos electorales en el futuro deben estar constituidos por al menos un 50% de mujeres, necesitando una representación más amplia en las próximas listas electorales.

En contraste, cuando tales propuestas se han presentado en países como Reino Unido, se han enfrentado continuamente con oposición. No existe en el Reino Unido una ley igual que consagre la representación de las mujeres a nivel parlamentario, pero si existe en Nicaragua. Esto habla de un sistema más amplio de representación en el país, en la que todos los ciudadanos mayores de 16 años pueden votar. Tarjetas de identificación con foto y códigos de barras, que poseen ahora el 95 por ciento de los ciudadanos son utilizadas en las urnas. Un nuevo programa de tarjetas de identificación, que ha establecido 132 oficinas en todo el país, está presionando para lograr el 100% en Noviembre. La participación electoral ha promediado el 70 por ciento desde 1984.

La segunda enmienda a destacar es la que restringe el financiamiento internacional de candidatos y partidos. En esencia, mantiene la soberanía nacional sobre las elecciones y un campo de juego electoral equitativo:

El sistema de financiamiento de partidos o alianzas de partidos establece que no pueden recibir donaciones de instituciones estatales o mixtas, ya sean nacionales o extranjeros, o de instituciones privadas, cuando sean extranjeros o nacionales en el extranjero. No deben recibir donaciones de ningún tipo de entidad extranjera para cualquier propósito. Se debe notar que este mismo sistema de prohibición de fondos extranjeros para campañas electorales también se aplica en países como Alemania, Suecia, Francia, Italia, España, entre otros.

Ciertamente no es una propuesta radical, pero es necesaria considerando los eventos de 2018. Sin embargo, es esta segunda enmienda la que condujo, en parte, a la retirada de Cristiana Chamorro de la carrera presidencial de este año. Cristiana Chamorro es hija de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro, la misma ex presidenta instalada en 1990 bajo la influencia de Estados Unidos después de una década de guerra de los contras. La familia Chamorro es propietaria de La Prensa y Confidencial, periódicos financiados en parte por USAID. Solo 2020, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro recibió US$1,697,400 de USAID como parte de un Programa de Fortalecimiento de Medios. Desde 2015, han recibido US$6 millones. Mientras tanto, la Unión Europea, a través de la Agencia del Gobierno Español para la Internacional Cooperación al Desarrollo (AECID), ha transferido €831.527 a la Fundación Chamorro.

El hecho de que Cristiana Chamorro, quien es vicepresidenta de La Prensa, haya recibido millones de dólares de entidades extranjeras, que luego supuestamente ha tratado de blanquear, está en clara violación de varias leyes aprobadas por el Parlamento Nicaragüense (integrada por varios partidos políticos además del FSLN). Muchos medios de comunicación de EE. UU., obteniendo información de medios de comunicación de la oposición, han interpretado esto como una represión del FSLN a la oposición. Pero el hecho es que Chamorro ha violado varios leyes relacionadas con las actividades de agentes extranjeros y de organizaciones sin fines de lucro.

Junto a estos informes está la llamada prohibición del Partido de Restauración Democrática (PRD). Una vez más, el PRD rompió la Ley Electoral del país. Debido a la pandemia, el parlamento votó para extender por seis meses la fecha de registro para las alianzas políticas que se postulan para la presidencia. Esto significó que las alianzas podrían registrarse hasta el 7 de mayo 2021, seis meses antes del día de las elecciones, cuando tradicionalmente ha sido un año. Primero, el  PRD violó sus propios estatutos al no convocar una convención interno del partido para ratificar una propuesta de la dirigencia del partido para una alianza electoral y, luego, los dirgentes del partido intentaron inscribir esa alianza fuera del plazo de inscipción estipulado. Esto invalidó su candidatura. La “prohibición” fue, nuevamente, simplemente el Consejo Supremo Electoral siguiendo leyes electorales muy claras.

Incluso con Cristiana Chamorro y PRD fuera de carrera, todavía quedan 17 partidos que compiten por las elecciones de noviembre, incluidos seis partidos regionales que representan en líneas generales los movimientos autonómicos indígenas. De estos 17 partidos, 11 se agrupan en alianzas. Esta es una sana y competitiva democracia, notablemente diferente de la carrera cuatrienal de dos caballos en Estados Unidos que corren por una elección. Los críticos del FLSN señalan continuamente que Daniel Ortega se postulará para un cuarto mandato, pronunciando la palabra “dictador” al mismo tiempo. Esos mismos críticos rara vez señalan que Angela Merkel ha sido Canciller de Alemania durante 16 años seguidos, que son cuatro mandatos. Algunos incluso han pedido un quinto período de merkelismo.

Los ataques de los medios a las próximas elecciones en Nicaragua muestran un claro sesgo. En conjunto con la Ley RENACER y la misión RAIN, hay un intento flagrante de Estados Unidos y sus aliados ideológicos para sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones y, en el peor de los casos, crear disidencia violenta en las calles. No podemos olvidar que todo esto está sucediendo con el telón de fondo de Covid-19, del cual el FSLN ha manejado ejemplarmente.

Covid-19 en Nicaragua

Parte de la razón por la que Estados Unidos y sus aliados podrían estar intensificando la guerra híbrida es por la forma en que el sandinismo ha manejado la pandemia. Un sistema de salud gratuito, con solo una minúscula cantidad de recurso en comparación con comparativamente con los encontrados en países como el Reino Unido o EE. UU., ha logrado mantener las muertes por Covid (en el momento de escribir este artículo) en solo 185, de una población de aproximadamente 6,5 millones. Este es un logro notable para las métricas de cualquiera. Ha hecho esto sin tener que utilizar encierros continuos, debilitantes, emblemáticos de otras partes del mundo. John Perry escribe:

Nicaragua anunció su estrategia mucho antes (a fines de enero, cuando la mayoría de los países occidentales todavía rechazaban la posibilidad de una pandemia); preparó salas en 18 hospitales para recibir pacientes con COVID, y reservó un hospital únicamente para este propósito; puso controles de salud en los puntos de entrada al país con cuarentenas obligatorias, e inició un programa para combatir la desinformación que se distribuye a través de las redes sociales, medios de comunicación (varias rondas de visitas de casa en casa, una línea telefónica gratuita, clínicas en la calle y más).

Lo más impresionante de la respuesta de Nicaragua es que solo ha tenido un pico COVID y subsecuentemente "aplanó la curva" de casos y muertes. La mitad de sus casos y muertes ocurrieron entre mediados de mayo y mediados de julio de 2020, y desde entonces Nicaragua ha mantenido el virus en niveles muy bajos. Controles estrictos en las fronteras y activas visitas casa a casa de “brigadas de salud” han sido esenciales en esto y ayuda a explicar cómo Nicaragua ha evitado repetidos encierros. Desde Marzo de 2020 Nicaragua ha tenido el nivel más bajo de infección y la más alta tasa de recuperación en la región.

El país también tiene una de las tasas de mortalidad más bajas por cada 100.000 habitantes en el mundo. Artículos recientes han cuestionado esto, señalando que las estadísticas sobre el exceso de muertes desafía los informes oficiales de muerte de Covid-19, pero incluso si esto resultara ser el caso, Nicaragua tiene que ser visto como exitoso en contener la pandemia y en permitir que las personas trabajen y alimenten a sus familias, una prioridad muy alta en un país que carecería de recursos para apoyar a las personas que perderían sus trabajos por causa de la pandemia.

Pinta el país un marcado contraste con sus vecinos neoliberales como Honduras, que hoy funciona como una neo-colonia narco-estatal de Estados Unidos. En comparación, Honduras ha sufrido 6.259 muertes por Covid-19 de un población de 10 millones. Eso es 623 muertes por millón, en comparación con solo 28 muertes por millón en Nicaragua. La administración de Ortega está recibiendo millones de dosis de vacunas Sputnik V y Covishield, vacunando gratuitamente a casi toda la población mayor de 60 años con una dosis, con la segunda dosis a partir del 7 de junio. Al 28 de mayo, los menores de 60 años recibe sus vacunas gratuitas “brigadas de salud” extendidas en todo el país.

El mundo ha visto lo rápido que pueden desmoronarse estas historias de éxito de Covid. Pero si el FSLN puede continuar con su éxito en la gestión de Covid-19 hasta noviembre, probablemente pagará dividendos en las urnas. Desafortunadamente, antes de eso, tendremos que ser testigos de una mayor interferencia desvergonzada por parte de potencias imperialistas. Por tanto, incumbe a todos los internacionalistas, anti-imperialistas y socialistas defender la autonomía nicaragüense y su derecho a la autodeterminación.

Organizaciones en Occidente como Amigos del ATC (Asociación de Trabajadores del Campo), La Vía Campesina, el Grupo de Acción de la Campaña de Solidaridad con Nicaragua y Alianza por la Justicia Global, están haciendo un trabajo fantástico -mano a mano con los nicaragüenses- para combatir esta injerencia política. Deberíamos empujar a más grupos, incluidos los sindicatos, a participar. Entretanto, periodistas mencionados en la primera parte como John Perry, Ben Norton, Stephen Sefton y Rick Sterling están realizando un trabajo de investigación esencial para proporcionar recursos en inglés sobre Nicaragua y la intromisión imperialista. Si nosotros apoyamos estos esfuerzos, apoyamos la soberanía de Nicaragua. No debemos permitir que Nicaragua se convierta en una colonia, nunca más.

Este artículo fue elaborado en colaboración con el Grupo de Acción de la Campaña de Solidaridad con Nicaragua. Para obtener más información sobre NSCAG, haga clic aquí http://www.nscag.org/. Con agradecimiento a John Perry por sus sugerencias.

Lea la primera parte de 'El período previo a las elecciones de 2021 en Nicaragua' aquí: https://alborada.net/nicaragua-elections-2021-ortega-sandinistas-part-one/

Sobre el Autor:

Rohan Rice es escritor, traductor y fotógrafo de Londres, Reino Unido. Encuentra más de su trabajo aquí: https://rohanjrice.wordpress.com/

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VERSIÓN EN INGLÉS 

If the Sandinista government can continue its success in managing Covid-19, it will likely pay dividends at the ballot box despite increased interference by foreign powers.

This November, Nicaragua will hold elections for its next government. In the second of our two-part series, Alborada analyses the challenges for the country’s governing Sandinista National Liberation Front (FSLN).

You can read part one here.

Electoral reforms: the Nicaraguan way

Integral to ensuring sovereignty and fairness in Nicaragua’s elections this year are the electoral reforms that were recently passed after intense scrutiny by 85 out of 90 sitting parliamentarians. There are two important aspects to these reforms. The first is the huge step towards gender parity, which is part of the wider FLSN campaign for gender equality. All electoral bodies in the future must constitute at least 50 per cent women, necessitating wider representation on upcoming electoral lists.

In contrast, when such proposals have been put forward in countries such as the UK, they have continually been met with opposition. No such law enshrining women’s representation at parliamentary level exists in the UK, but it now does in Nicaragua. This speaks to a broader system of electoral representation in the country, in which all citizens 16-years-old and over can vote. Photo ID cards with barcodes, which 95 per cent of citizens now possess, are used at the ballot box. A new ID card programme, which has set up 132 offices across the country, is pushing for 100 per cent attainment by November. Electoral turnout has averaged 70 per cent since 1984.

The second amendment of note is the one restricting international financing of candidates and parties. In essence, it maintains national sovereignty over elections and an equal electoral playing field:

The financing system for parties or alliances of parties establishes that they may not receive donations from state or mixed institutions, whether national or foreign, or from private institutions, when they are foreigners or nationals while abroad. They may not receive donations from any type of foreign entity for any purpose. It should be noted that this same system of prohibition of foreign funds for the electoral campaign is also applied in countries such as Germany, Sweden, France, Italy, Spain, among others.

It’s certainly not a radical proposal but one that is necessary considering the events of 2018. However, it is this second amendment that led, in part, to the withdrawal of Cristiana Chamorro from this year’s presidential race. Cristiana Chamorro is the daughter of former Nicaraguan president Violeta Barrios de Chamorro, the same former president installed in 1990 at the behest of the US after a decade of contra warfare. The Chamorro family owns La Prensa and Confidencial, newspapers funded partly by USAID. In 2020 alone, the Violeta Barrios de Chamorro Foundation received US$1,697,400 from USAID as part of a Media Strengthening Programme. Since 2015, they have received US$6 million. Meanwhile, the European Union, through the Spanish government’s Agency for International Development Cooperation (AECID), have transferred €831,527 to the Chamorro Foundation.

The fact that Cristiana Chamorro who is vice president of La Prensa is in receipt of millions of dollars from foreign entities, which she then allegedly tried to launder, is in clear violation of laws passed by the Nicaraguan parliament (which comprises various political parties aside from the FSLN). Many US media outlets, sourcing information from opposition media, have spun this as a clampdown on the FSLN’s oppostion. But the fact remains that Chamorro broke various  laws relating to the activities of foreign agents and of non profits.

Alongside these reports is the so-called banning of the Democratic Restoration Party (PRD). Once again, the PRD broke the country’s electoral law. Owing to the pandemic, parliament voted to extend the registration date for political alliances running for the presidency, including forming alliance pacts, by six months. This meant that alliances could register until 7 May 2021, six months before election day, when it has traditionally been one year. The PRD first violated its own statues by failing to hold an internal convention to ratify an electoral pact proposed by its leadership and then the leadership attempted to register that political alliance after the registration date. This invalidated their candidacy. The ‘banning’ was, again, simply the Supreme Electoral Council following very clear electoral laws.

Even with Cristiana Chamorro and PRD out of the race, that still leaves 17 parties competing for November’s election, including six regional parties that broadly represent indigenous, autonomous movements. Of these 17 parties, 11 are grouped into alliances. This is a healthy, competitive democracy, remarkably different from the quadrennial two-horse race in the US that passes for an election. Critics of the FLSN continually point out that Daniel Ortega will be running for a fourth term, uttering the word ‘dictator’ in the same breath. Those same critics rarely point out that Angela Merkel has been Chancellor of Germany for 16 years straight, which is four terms already. Some have even called for a fifth term of Merkelism.

The media attacks on Nicaragua’s upcoming elections show a clear bias. In tandem with the RENACER Act and RAIN mission, there is a blatant attempt by the US and its ideological allies to sow doubt around the legitimacy of the elections and, at worst, create violent dissent on the streets. We cannot forget this is all happening to the backdrop of Covid-19, of which the FSLN’s handling has been exemplary.

Covid-19 in Nicaragua

Part of the reason the US and its allies might be escalating the hybrid war is because of the way Sandinismo has handled the pandemic. A free public healthcare system, with just a miniscule amount of the resources comparatively found in countries like the UK or US, has managed to keep Covid deaths to just 185 (at the time of writing) from a population of approximately 6.5 million. This a remarkable achievement by anyone’s metrics. It has done this without having to result to the continual, debilitating lockdowns emblematic of other parts of the world. John Perry writes:

Nicaragua announced its strategy much earlier (in late January, when most Western countries were still dismissing the likelihood of a pandemic); it prepared wards in 18 hospitals to receive COVID patients, and reserved one hospital solely for this purpose; it put health checks in place at points of entry to the country with mandatory quarantines, and it began a program to combat misinformation being purveyed via social media (several rounds of house-to-house visits, a free phone line, streetside clinics and more).

What’s most impressive about Nicaragua’s response is that it has had just one COVID peak then subsequently ‘flattened the curve’ of cases and deaths. Half of its cases and deaths took place between mid-May and mid-July 2020, and since then Nicaragua has kept the virus at very low levels. Strict controls at the border and active door-to-door ‘health brigades’ have been essential in this and help explain how Nicaragua has avoided repeated lockdowns. From March 2020, Nicaragua has had the lowest level of infection and the highest recovery rate in the region.

The country also has one of the lowest death rates per 100,000 population in the world. Recent articles have questioned this, pointing out that statistics on excess deaths challenge the official Covid-19 death reports, but even if this turns out to be the case, Nicaragua has to be seen as successful in containing the pandemic and still enabling people to work and to feed their families, a very high priority in a country which lacks the resources to support people who lose their jobs because of the pandemic.

It paints the country in stark contrast to its neoliberal neighbours like Honduras, which today function as a narco-state neo-colony of the US. For comparison, Honduras has suffered 6,259 deaths from Covid-19 from a population of 10 million. That’s 623 deaths per million, compared with just 28 deaths per million in Nicaragua. The Ortega administration is receiving millions of doses of Sputnik V and Covishield vaccines, freely vaccinating almost the entire population of over-60s with one dose, with the second doses beginning on 7 June. As of 28 May, those under 60 are now receiving their free vaccinations from the country’s extensive ‘health brigades’.

The world has seen how quickly these Covid success stories can fall apart. But if the FSLN can continue its success in managing Covid-19 until November, it will likely pay dividends at the ballot box. Unfortunately, before then, we will have to witness increased shameless interference by global imperialist powers. It’s therefore incumbent on all internationalists, anti-imperialists and socialists to defend Nicaraguan autonomy and its right to self-determination.

Organisations in the West like Friends of the ATC (Rural Workers Association), La Via Campesina, the Nicaragua Solidarity Campaign Action Group and the Alliance for Global Justice are all doing fantastic work hand-in-hand with Nicaraguans to combat this political interference. We should push more groups, including trade unions, to participate. Meanwhile, journalists mentioned in part one like John Perry, Ben Norton, Stephen Sefton and Rick Sterling are doing essential investigatory work to provide English-language resources about Nicaragua and imperialist meddling. If we support these efforts, we support Nicaraguan sovereignty. We must not allow Nicaragua to become anyone’s colony, ever again.

This was produced in collaboration with the Nicaragua Solidarity Campaign Action Group. For more information about NSCAG, click here. With thanks to John Perry for his suggestions.