Los acusados autorizaron ventas de propiedades del Estado nicaragüense por valores inferiores establecidos en los Avalúos Catastrales y por disponer de otros bienes aún cuando ya habían cesado en sus funciones, como miembros de la Junta Liquidadora.
El 11 de noviembre de 2011, la PGR introdujo una acusación directa contra estos ex funcionarios en el juzgado a cargo de la doctora Ugarte, que giró un oficio para que comparecieran ante esa autoridad. No obstante los acusados no se presentaron a la audiencia en un total desprecio a las autoridades jurisdiccionales.
Ante esa situación, la Procuraduría General de la República solicitó a la doctora Concepción Ugarte, declarar en rebeldía de los acusados William Báez Sacasa, Víctor Arce Ugarte y Jerónimo Sequeira Gómez; petición que la judicial declaró ha lugar y como consecuencia ordenó girar las correspondientes órdenes de captura y allanamiento, que fue entregada a las autoridades policiales para su inmediata ejecución.
La acusación se sustenta sobre la base del Informe de Auditoría y Resolución RIA-335-2011, emitido en fecha 30 de junio del 2011, unánimemente por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, que el 09 de septiembre del 2011 remitió el informe a la Procuraduría General de la República.
William Báez fue ministro del Ministerio de Acción Social (MAS), durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, Gerente General de la Lotería Nacional con la administración y Enrique Bolaños; también se desempeño como presidente de la Junta Directiva del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE).
Según la nota de la PGR, estas acciones forman parte del enfoque punitivo en la lucha contra la corrupción por parte del GRUN, contra todos aquellos servidores públicos que ocasionaron un perjuicio a la población.
