El colombiano, que se hacía pasar por miembro del grupo editorial español Edefa, también declaró acerca de la complicidad de miembros del Ejército de Nicaragua a cambio de remuneración económica. Por esta razón la Fiscalía inició una investigación que resultó en la condena a 18 años y la baja deshonrosa del capitán Rubén Castillo y al teniente Amaru Vicente Álvarez, ambos nicaragüenses.
En la primera audiencia del colombiano, el Ministerio Público presentó numerosas pruebas testimoniales y documentales ante el Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencia, a cargo del juez Julio César Áreas.
Por su parte el gobierno de Juan Manuel Santos, abrió una investigación el pasado 17 de junio ante un acto que Nicaragua consideró agresivo. Ambos gobiernos tienen relaciones sensibles, pues mantienen en la Corte Internacional de Justicia un diferendo por límites marítimos en el Mar Caribe.
