El 71 por ciento de las unidades agropecuarias en Nicaragua pertenecen a pequeños productores debido al apoyo estatal, pero es preciso desarrollar fórmulas asociativas para mejorar canalización de recursos y tecnología, estimó hoy el gobierno.

A juicio de Pedro Haslam, ministro de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, uno de los principales éxitos del Ejecutivo en el último sexenio es la inserción productiva de cientos de miles de familias rurales, para combatir la pobreza y avanzar en términos de soberanía alimentaria.

De las 264 mil entidades agropecuarias en el país, el 71 por ciento corresponde a productores con menos de 20 manzanas de tierra (14 hectáreas); ello expresa las transformaciones, bajo la administración del presidente Daniel Ortega, para asegurar el derecho de los hogares al acceso a los alimentos, consideró.

Actualmente el 75 por ciento del consumo nacional de renglones agropecuarios se cubre con las producciones internas aunque hay zonas deficitarias, como las ubicadas en el llamado corredor seco, donde condiciones naturales y cultura agrícola limitan rendimientos y estabilidad de las siembras, señaló.

Según confirmó, el Ejecutivo seguirá fomentando la creación de cooperativas y otras formas de asociación, pues resulta la mejor manera de ayudar a las familias campesinas a incrementar la productividad, los financiamientos y la asistencia técnica.

Haslam informó que el país alista condiciones para iniciar a mediados de este mes un nuevo ciclo agrícola, el cual volverá a contar con respaldo gubernamental, cuyas interioridades serán dadas a conocer por el presidente Ortega.

El gabinete también identificó las ofertas crediticias del sector privado, las microfinancieras y del estatal Banco Produzcamos a fin asegurar necesidades básicas del sector, comentó.

Programas estatales de asistencia a agricultores priorizarán en 2013 a cooperativas y grupos solidarios de pequeños productores con solvencia económica; es decir, a los que han sabido utilizar bien las ayudas brindadas por el gobierno.

Por una parte, explicó, se trata de colocar los limitados recursos donde mejor puedan aprovecharse para incrementar la producción nacional de alimentos y por otra de incentivar el esfuerzo de los colectivos.

En opinión del ministro, la asociación también ofrece ventajas a los campesinos a la hora de discutir precios con las empresas comercializadoras y exportadoras, cuando es sabido que grandes compañías sacan las mayores ventajas y tratan de reducir los precios de compra a los productores directos.

Para el Estado resulta imposible imponer cuantías en esas negociaciones, pero interviene como facilitador del diálogo y la búsqueda de soluciones, mientras fortalece su papel mediante el apoyo prioritario a los pequeños productores mediante programas a corto, mediano y largo plazo, evaluó.