La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (CVJP) sostuvo un encuentro con autoridades municipales y policiales de Juigalpa, Chontales, con el objetivo de realizar una investigación y lograr el esclarecimiento de los hechos registrados durante el fallido golpe de estado por sectores de la derecha.

En todo el departamento de Chontales se reporta el levantamiento de 13 tranques de la muerte, donde se cometieron torturas, robos, extorsión y otros daños como los daños en 11 mil metros cuadrados de calle, el saqueo y destrucción de la casa materna y un total de nueve asesinatos.

El compañero Jaime López Lowery, miembro de la CVJP expresó que el aporte de las autoridades locales, permiten un profundo análisis de la situación que enfrentaron las familias chontaleñas.

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“Hemos recibido información muy importante que confirma una serie de hechos que nosotros teníamos noticia de ello, pero también nos han brindado información más acertada que nos permite hacer relaciones y correlaciones de los hechos que han venido sucediendo en esta parte del país, porque en muchos lugares encontramos patrones repetitivos”, destacó.

López destacó la gran labor que realizó el pueblo de Juigalpa, que de manera inmediata conformó una comisión de paz integrada por representantes de varios sectores como productores, intelectuales y pastores evangélicos, lo que evitó que los hechos no alcanzaran proporciones lamentables.

“Esa experiencia ha contribuido mucho durante todos los hechos, permitiendo salvaguardar la vida de la población en general y en lo particular la vida de quienes laboran para la administración pública. Dicho ejemplo nos debe servir para fortalecer la política de paz y reconciliación que tiene que ser impulsarla no solo por lo vivido sino porque el gobierno de siempre ha promovido la reconciliación”, añadió.

Odio y destrucción en tranques

El comisionado Bayardo Rosales, jefe de la Policía Nacional en Chontales, detalladamente dio a conocer los hechos perpetrados en cada uno de los 13 tranques instaurados en cada uno de los municipios del departamento, siendo el más grande y tenebroso el del municipio de San Pedro de Lóvago, desde donde se orquestaron delitos que llenaron de luto a las familias, no solo de Chontales, sino de departamentos aledaños.

“En Chontales hubo 13 tranques, en Villa Sandino levantaron dos y en San Pedro de Lóvago igual cantidad, en el resto de municipios levantaron uno en carreteras que unían con la cabecera departamental o salida a Managua. Del tranque de Lóvago salieron campesinos originarios de Nueva Guinea, totalmente armados, hacia la delegación de policía de Morrito donde murieron cuatro compañeros policías y un maestro, además del empalme de Santa Clara, otro grupo portando armas salieron a asesinar un productor de nombre Teodoro Arana”, detalló.

Además, en ese mismo tranque, conocido como el tranque madre por quienes lo crearon, se reportó el asesinato a manos de los mismos delincuentes de Néstor Molina, conocido como Tiffer, cuyo cadáver era trasladado en un camión cargado de queso y que participó en la toma de la Upoli. También se reporta la muerte de Víctor Zeledón, quien vendía piedras cantera y al no colaborar con ellos fue asesinado. “En el tranque de una de las calles de Juigalpa se realizaron torturas, desnudaron a Elías Ramírez, lo desnudaron, le pintaron su cuerpo, lo golpearon. Además saquearon una gasolinera, quemaron una camioneta, la clínica previsional se la tomaron y la utilizaron como centro de operaciones y puesto médico al igual que la casa materna. Además secuestraron por varias horas a servidores públicos, personal de salud y habitantes del municipio”, detalló.

El amor venció al odio

Los daños materiales en el municipio de Juigalpa fueron cuantiosos para el gobierno local. Sin embrago, casi de manera inmediata las autoridades dispusieron de los recursos necesarios para restablecer la tranquilidad de las familias y brindarles los servicios necesarios como la salud, educación y sobre todo la paz que tanto merecen.

“En la casa materna, la cual fue totalmente destruida, fue necesaria una inversión de 300 mil córdobas. Teníamos que solucionar esa necesidad porque la casa es de vital importancia ya que acogemos alrededor de 15 hermanas embarazadas. Lo más lamentable fue la actitud de las personas que nos hicieron sentir prisioneros durante tres meses, lo que para las familias fue difícil y nos tocó defender nuestras instituciones, donde vimos una disposición permanente del pueblo”, expresó el alcalde Ervin De Castilla.

Entre los testimonios recopilados por la Comisión, está el de la compañera Yorlenis Madrigal, que desarrolla labores de enfermería en la casa materna, donde fue víctima de agresión física y verbal por parte de los terroristas quienes la obligaron junto a las embarazadas a abandonar el lugar, el cual convirtieron en guarida.

“Me agredieron físicamente, me lesionaron uno de mis brazos, me dijeron improperios y prácticamente me obligaron a salir de la casa materna, con cuatro compañeras embarazadas las que producto de las amenazas presentaron crisis nerviosas, las llevamos al hospital donde permanecieron más seguras. Nuestra casa materna fue destruida, se robaron las ventanas. Cuando entramos nuevamente, el lugar era deplorable, había mucha suciedad, y claramente se notó que el espacio era utilizado como un motel, además encontramos bombas molotov e insumos médicos utilizados, jeringas, entre otras cosas”, subrayó.