Durante los tres meses de abril a julio de este año, la oposición política en Nicaragua y sus aliados aterrorizaron a la población en casi todo el país. Durante una serie de ataques muy bien coordinados, con uso de armas de fuego e incendios provocados, destruyeron o dañaron las oficinas de ministerios del gobierno central y de las alcaldías municipales en más de una docena de ciudades. Atacaron ambulancias, invadieron hospitales y escuelas y destruyeron cientos de negocios privados y residencias domiciliares. Sus activistas armados y sus delincuentes a sueldo extorsionaron o intimidaron a todas las personas que pasaban por los miles de tranques y barricadas que operaron en las carreteras y ciudades para impedir la libre circulación de las personas y el transporte. Abusaron y torturaron a cientos de personas identificadas como simpatizantes sandinistas.
El costo total de los daños y la destrucción sumó a mucho más de los US$200 millones. La respuesta inmediata del gobierno el fin de semana 21 y 22 de abril fue una llamada al diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Luego, los obispos católicos impusieron como precondición al diálogo el retiro de la Policía Nacional a sus cuarteles, lo cual el gobierno aceptó y cumplió en los primeros días de mayo. En seguida, los dirigentes de la oposición política exigieron la resignación inmediata del gobierno y, desde la primera semana de mayo en adelante intensificaron, su campaña de terror. Frente a estos acontecimientos la población se organizaba para defenderse. Cuando los dirigentes de la oposición se rehusaron a detener su campaña de terrorismo a medianos de junio, el gobierno ordenó a la Policía Nacional limpiar todos los tranques y barricadas lo cual se cumplió con un mínimo de pérdidas de vidas humanas.
En ese momento, harta del terror y la extorsión de la oposición y sus aliados, la gran mayoría de la población en Nicaragua apoyó la decisión del gobierno de restablecer el orden público. Para el fin del mes de julio el intento de golpe de estado de la oposición derechista en Nicaragua fue completamente derrotado. Entonces, las autoridades nicaragüenses empezaron a buscar, detener y enviar a juicio a las personas culpables de los terribles crímenes cometidos tanto contra simpatizantes Sandinistas como contra personas sin afiliación política alguna. Estos crímenes incluían el asesinato de 24 oficiales de la Policía Nacional además de 400 más oficiales policiales heridos de bala. Otros crímenes graves cometidos incluían cientos de casos de asesinato o lesiones físicas graves, violaciones, torturas, incendios provocados, extorsión, robo y daños criminales. Alrededor de 300 personas han sido arrestados por delitos comunes como estos en relación al fallido intento de golpe de estado y más de 200 personas son fugitivas de la justicia.
Prácticamente ninguno de todos estos acontecimientos, plenamente documentados y demostrados, han sido reportado fielmente por los medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales internacionales, o por organismos como las Naciones Unidas. La información recogida de manera exhaustiva y presentada por el gobierno de Nicaragua ha sido ignorada de manera sistemática. En cambio, efectivamente sin ninguna investigación o verificación responsable, se ha repetido de manera sistemática e intensiva la falsa propaganda de la oposición política nicaragüense. La mentira principal inicial, desde hace rato completamente desmentida, fue que la Policía Nacional masacró a muchos estudiantes los días 18 y 19 de abril. De hecho, nadie falleció el día 18 de abril y los primeros tres fallecidos del día 19 de abril fueron todos matados por las activistas de la oposición y sus delincuentes a sueldo. Después del éxito de esa primera gran mentira, los activistas de la oposición inundaron sin cesar las redes sociales con otras mentiras similares, por encima de todo para fingir que las protestas eran pacíficas cuando de hecho los activistas armados de la oposición constantemente aprovecharon las manifestaciones legítimas para encubrir sus ataques letales.
Para medianos de junio, la mayoría de la población había sufrido los efectos devastadores de la campaña de terror de la oposición y entonces la difusión masiva de las mentiras de la oposición golpista perdió su impacto. Es por ese motivo que ahora, dentro de Nicaragua, muy poca gente toma en serio los falsos cuentos de parte de la oposición golpista de una represión generalizada o de un asalto de parte del gobierno sobre la libertad de expresión. Todo el mundo sabe que la oposición política en Nicaragua controla todos los medios de prensa escrita, la mayoría de los radios y canales de televisión por cable locales y por lo menos la mitad de los canales de televisión a nivel nacional. Tampoco se preocupa a la mayoría de las personas la decisión de las autoridades nacionales de cancelar la personería jurídica de nueve organizaciones sin fines de lucro, que constituye 0.2% de las casi 4,300 organizaciones sin fines de lucro inscritas con el Ministerio de Gobernación.
Las organizaciones afectadas por la cancelación de su personería jurídica como entidades sin fines de lucro son Cisas, Ieepp, Hagamos Democracia, Cenidh, Instituto de Liderazgo de las Segovias, Ipade, Fundación del Río, CINCO y Fundación Popol Na. El comunicado del gobierno explicó:
“Esta cancelación obedeció al hecho de que estos Organismos incumplieron los requerimientos legales para su funcionamiento y que violentaron la naturaleza de sus funciones al haber participado activamente durante el fallido intento de Golpe de Estado, promoviendo Terrorismo, crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de Propiedades Públicas y Privadas, de Viviendas, Negocios, y de asalto a la Dignidad Humana de miles de personas y Familias, a quienes les fue infringido un trato denigrante, humillante, con secuestros, torturas, todo tipo de amenazas a su Vida, en absoluto irrespeto a su Dignidad y a los Derechos Humanos de [email protected] [email protected] nicaragüenses.
“Estas organizaciones gestionaron y gestionaban hasta su cierre; canalizaron y canalizaban hasta su cierre; fondos y recursos que disponían para cometer todas esas gravísimas violaciones y alteraciones a los Derechos Humanos, al Orden Público, y violentando el Derecho a la Seguridad y la Vida de las Personas y Familias en Nicaragua.
"Todos estos actos irregulares de promoción de odio, de Terrorismo y todos los crímenes derivados, constituyeron una completa desnaturalización del objetivo y la finalidad que había justificado el otorgamiento de su Personería Jurídica. Estos organismos violentaron a través de todo tipo de irregularidades, no solo la administración de los fondos gestionados y recibidos, sino atentaron gravemente contra la Paz, y los Derechos Humanos de [email protected] nicaragüenses"
Esta realidad es omitida por la falsa información impartida por los medios de comunicación y ONGs occidentales, por organismos como las Naciones Unidas y por los gobiernos de Estados Unidos y sus países aliados. Entre la minúscula minoría afectada por la decisión de las autoridades nicaragüenses, se encuentra el propagandista opositor financiado por las autoridades estadounidenses, Carlos Fernando Chamorro. Los medios y ONGs occidentales siempre describen a Chamorro como un periodista independiente. Sin embargo, Carlos Fernando Chamorro ha recibido financiamiento de las autoridades estadounidenses como USAID durante más de diez años y durante todo ese tiempo él ha sido entre los más prominentes voceros de la oposición política en Nicaragua. Aunque se le ha cerrado su ONG CINCO, sigue operando su medio de comunicación Confidencial con un rutinario contenido anti-Sandinista de reportajes sesgados y deshonestos.
Igual es el caso de Miguel Mora, un activista muy agresivo de la derecha nicaragüense quien dirige el medio televisivo 100% Noticias que difunde 100% de la propaganda falsa de la oposición derechista nicaragüense. En un intercambio con el escritor Max Blumenthal en el pasado mes de julio este año, Miguel Mora invocó una invasión estadounidense de Nicaragua al estilo de Panamá en 1989. Dijo a Blumenthal, "Yo lo que miro es los Estados Unidos haciendo una operación tipo Noriega en Panamá. Va, agarra esa familia (Ortega), se la lleva y que no se meta el Ejército. En dos días, 24 horas, eso está solucionado." A pesar de esta y otras constantes opiniones incendiarias, Miguel Mora y su equipo, como han hecho durante muchos años, siguen produciendo su falsa, venenosa propaganda sin ninguna intervención de parte del gobierno.
En efecto, Chamorro, Mora y las y los dirigentes de las ONGs aliadas de la oposición política en Nicaragua han trabajado durante muchos años como agentes de poderes extranjeros, principalmente, pero no solamente, los Estados Unidos. Las autoridades nicaragüenses han mostrado una tolerancia excepcional frente al asalto permanente de estos medios y ONGs locales que contrasta fuertemente con las acciones de las autoridades estadounidenses por ejemplo en los casos notorios de sus ataques contra las organizaciones de los pueblos afrodescendientes y originarios, sus abusos de las leyes de espionaje para silenciar a disidentes, o sus ataques sobre Wikileaks y Julian Assange. Otro caso notorio en la actualidad es lo de Maria Butina, una ciudadana rusa falsamente acusada por el sistema de injusticia estadounidense de ser una agente de la Federación Rusa. En flagrante violación de sus derechos, se mantiene a Maria Butina en detención solitaria 22 horas al día.
Por contraste, en Nicaragua individuos como Carlos Fernando Chamorro están abiertamente financiados por las autoridades estadounidenses para desempeñar actividades que promueven la política regional estadounidense en Nicaragua. Sin embargo, lo único que le ha pasado a Chamorro y sus compañeros agentes de la política estadounidense en Nicaragua es que se les ha cerrado sus organizaciones sin fines de lucro, mientras ellos siguen atacando al gobierno de Nicaragua de la misma manera agresiva y deshonesta de siempre y esto todavía después del infame decreto del Presidente Trump que designa a Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, lo cual en efecto es una declaración de agresión prácticamente sin límites.
Submitted by tortilla on Mar, 18/12/2018 - 17:50
Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 16 de diciembre 2018
VERSIÓN EN INGLÉS
Nicaragua and the limits of tolerance
Stephen Sefton, Tortilla con Sal, December 16th 2018
For three months starting on April 18th this year, Nicaragua’s political opposition and their allies terrorized people across the country. In well coordinated attacks, using firearms and arson, they destroyed or severely damaged offices of central government and local authorities in over a dozen cities. They attacked ambulances, invaded hospitals and schools and destroyed hundreds of private businesses and homes. They killed at least two hundred people. Their armed activists and paid delinquents extorted or intimidated anyone trying to cross the hundreds of roadblocks and barricades they set up. They abused and tortured hundreds of people identified as government supporters.
The cost of the damage and destruction totaled well over US$200 million. The government’s immediate response on April 21st and 22ndwas to call for dialogue with the mediation of the Catholic Church hierarchy. Subsequently, the Catholic bishops set as a precondition the withdrawal of the police from the streets, to which the government agreed in early May. The opposition leaders demanded the resignation of the government and from early May onwards intensified their campaign of terror. That led ordinary people in the main areas affected to organize themselves in self defense. When the opposition refused to stop their terror campaign, the government in mid-June ordered the police to clear all the roadblocks and barricades.
By then, the great majority of people in Nicaragua, sick of opposition terror and extortion, supported the government’s decision to reestablish public order. By the end of July the opposition’s attempted coup d’etat was completely defeated. Nicaragua’s authorities then began to seek out, arrest and send to trial people guilty of the terrible crimes committed against both Sandinista supporters and people with no political affiliation at all. These crimes included the murder of 22 police officers, with another 400 suffering gunshot wounds. Other serious crimes included hundreds of cases of murder or grievous bodily harm, rape, torture, arson, extortion, robbery and criminal damage. Around·300 people have been arrested on such charges in relation to the failed coup attempt. Over 200 more are fugitives.
Practically none of these unquestionably well-corroborated events have been faithfully reported by foreign news media, non governmental organizations or bodies like the United Nations. Information offered by the government has been systematically ignored, while Nicaraguan opposition propaganda has been equally systematically repeated with virtually no responsible investigation or verification. The main initial lie, long shown to be completely false, was that Nicaraguan police massacred students on April 18th and 19th. In fact, no one died on April 18th and the first three deaths on April 19th were all of people killed by opposition activists and allied delinquents. After the success of that big initial lie, the opposition continued flooding social media incessantly with similar lies, above all claiming that the protests were peaceful, when in fact opposition activists persistently used legitimate demonstrations as a cover for their attacks.
By mid-June, most people in Nicaragua had suffered the devastating effects of the opposition terror campaign and the mass propagation of opposition lies via social media lost its effect. That is why, now, inside Nicaragua, very few people take seriously opposition claims of widespread repression, of political prisoners or attacks on freedom of expression. Everyone knows the political opposition control all the main newspapers, most local radio and cable television outlets and at least half of the country’s television stations. Nor are most people concerned about the government’s decision last week to strip nine mainly US funded non-governmental agencies of their non-profit status. Nicaragua has over 4000 non profit organizations registered with the government authorities.
The organizations affected by the cancellation of their non-profit status are Cisas, Ieepp, Hagamos Democracia, Cenidh, Instituto de Liderazgo de las Segovias, Ipade, Fundación del Río, CINCO and Fundación Popol Na. The government announcement stated:
“This cancellation is due to the fact that these organizations did not comply with the legal requirements for their operation and violated the nature of their functions by actively participating in the failed coup attempt, promoting terrorism, hate crimes, encouraging and celebrating the destruction of public and private property, of domestic residences and businesses, assault on the dignity of thousands of people and families who suffered denigrating treatment, humiliation, unlawful detention, torture and all kinds of threats to their lives in absolute disrespect for the dignity and human rights of all Nicaraguans.
“Until their closure, these organizations organized and channeled their funds and resources so as to commit these very serious human rights violations and disturbances of public order, abusing the right to security and life of people and families in Nicaragua. All these irregular actions, promoting hatred and terrorism and the crimes derived from them constitute a complete contravention of the objectives and ends that justified giving these organizations their legal personality.”
This reality is omitted from the false information imparted by Western media outlets, NGOs, bodies like the UN or the US and allied governments. Among the tiny minority affected by the government move, quoted in Western media reports is the US funded opposition propagandist Carlos Fernando Chamorro. Western media and NGOs invariably describe Carlos Fernando Chamorro as an independent journalist. But Chamorro has received funding from the US authorities via USAID for over a decade, during which time he has been a leading spokesperson for the country’s right wing political opposition. While his CINCO non-profit has been shut down, his opposition media outlet Confidencial continues to operate with its usual mendacious anti-Sandinista news coverage .
The same is true of Miguel Mora, the aggressive right wing activist who heads the 100% Noticias opposition propaganda outlet. Talking to US writer Max Blumenthal in July this year, Miguel Mora invoked a Panama 1989 style invasion, saying, “What I see is the United States doing a Noriega type operation as in Panama. They go, grab the (Ortega) family, take them off without the army here intervening. In a couple of days or 24 hours everything would be solved.” Even so, Miguel Mora and his team, as they have done for many years now, continue to produce their venomous, fact-free opposition propaganda without government intervention.
In effect, Chamorro, Mora and the unrepresentative political opposition aligned leaders of Nicaragua’s non-profit sector have been working in many cases for well over a decade as the agents of foreign powers, principally, but not only, the US. The Nicaraguan authorities have shown remarkable restraint in the face of the permanent assault from those local media and NGOs in sharp contrast to cases in the US like the notorious attacks of the 1980s on Black and Native People’s organizations or more recent attacks on Wikileaks and Julian Assange. Another current case is that of Maria Butina framed by the US authorities as an agent of the Russian Federation.
Maria Butina, in flagrant violation of her rights, is kept in solitary confinement 22 hours a day falsely accused of conspiracy to act as an agent of foreign influence. By contrast, in Nicaragua, people like Carlos Fernando Chamorro are openly funded by the US to advance US foreign policy objectives in Nicaragua. But all that has happened to him and his fellow agents of US foreign policy is that their non-profit organizations have been shut down, while they continue to freely attack the Nicaraguan government as viciously as ever. That is despite President Trump's decree citing Nicaragua as a threat to the national security of the United States, in effect a declaration of practically unlimited aggression.
