Nicaragua ofreció en la semana que concluye hoy su aporte jurídico a la construcción de una zona económica común para América Latina y el Caribe, como propuesta unitaria frente a los esquemas tradicionales del comercio internacional.

Con 65 votos a favor, 24 en contra y una abstención, el Parlamento aprobó este jueves el acuerdo para la constitución del Espacio Económico de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (EcoALBA-TCP).

Para la comisión económica de la Asamblea Nacional, se trata de una iniciativa revolucionaria frente a los esquemas que regulan actualmente el comercio internacional, cuya principal herramienta de aplicación son "los tradicionales y en muchas ocasiones poco justos y equitativos tratados de libre comercio".

En el debate hubo posiciones encontradas, más por razones políticas que por fundamentación económica: diputados opositores manifestaron su divergencia ideológica con el Frente Sandinista de Liberación Nacional a la cabeza del Ejecutivo nacional y con otros gobiernos del área, entre ellos el de Venezuela, también suscriptor del EcoALBA-TCP.

Partidarios del tratado apreciaron el valor de ese instrumento jurídico para ordenar y dinamizar las relaciones económicas entre los países integrantes del bloque ALBA-TCP, compuesto por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y las Granadinas.

Según coincidieron, también ayudará a consolidar mecanismos financieros a través del Banco del ALBA y del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), en función del desarrollo económico con justicia social.

Un aspecto clave de este acuerdo internacional es su respeto a la soberanía de los Estados, ello implica que el intercambio comercial y la cooperación privilegian la solidaridad y la complementariedad económica con justicia social por encima de cualquier juicio de valor o criterios políticos particulares, señalaron los diputados.

Lo anterior supone el irrestricto respeto a la autodeterminación de cada país y la inexistencia de condiciones, normas, obligaciones, imposiciones o compromisos a cambio de las ventajas que ofrece el pacto, subrayó el dictamen de la comisión económica.

A juicio del diputado Wálmaro Gutiérrez, se trata de establecer "reglas de juego en materia de intercambio comercial, cooperación y transferencia tecnológica muy positivas para economías emergentes como la nicaragüense".

Significa refrendar como política de Estado el intercambio justo y equitativo mediante un acuerdo marco, a partir del cual se podrán desprender futuros convenios bilaterales o multilaterales, precisó.

La construcción del Eco-ALBA-TCP fue aprobada en febrero de 2012 por los jefes de Estado y de Gobierno que conforman en bloque, y actualmente cuenta con la ratificación de los parlamentos de Venezuela y Nicaragua, lo cual sienta las condiciones legales para su entrada en vigor.