El doctor Zacarías Duarte Castellón, director general del Instituto de Medicina Legal (IML), explicó en una entrevista concedida al portal web Tortilla con Sal, sobre las funciones y trabajo de esta institución adscrita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), principalmente después del intento de golpe de estado.

Al IML el Estado de Nicaragua le asignó recursos extraordinarios y especiales para poder atender a la población que resultara afectada por los hechos de violencia, sin discriminación alguna y con inmediatez.

En ese sentido, se fortaleció la infraestructura, equipamiento, dotación de recursos humanos y técnicos, insumos médicos y se creó un equipo multidisciplinario profesional que garantizara la atención a las personas en lo médico legal, las 24 horas del día.

Duarte señaló que, en el caso de los fallecidos, cuando la familia ha tenido dudas de los resultados de la autopsia, el IML ha accedido y facilitado que traigan a sus propios médicos privados y de confianza, así como representantes de organismos de derechos humanos para que constaten el profesionalismo, humanismo y trato basado en el respeto a los derechos humanos que tiene todo el personal del Instituto.

El IML siempre actúa en base a las leyes y protocolos internacionales para la realización de su trabajo, y lo que “nosotros garantizamos a la población y al sistema de justicia son pruebas que han sido obtenidas cumpliendo los estándares internacionales y los estándares nacionales en el campo de la medicina legal y la ciencia forense, lo que significa que dichas pruebas tienen el fundamento técnico y científico requerido a nivel nacional e internacional. Y este ha sido el actuar del Instituto de Medicina Legal durante los eventos de violencia que han ocurrido en Nicaragua después del 18 de abril”, indicó el Director General del Instituto de Medicina Legal.

Mencionó que el IML actúa a solicitud de una autoridad competente y esas son, la Policía Nacional, el Ministerio Público, jueces, magistrados que forman parte del sistema de justicia, los Procuradores para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República.

Atención inmediata y sin discriminación

Sin embargo, explicó que en los medios de comunicación se informó que cualquier persona o familiar podía llevar el cuerpo de una persona que hubiera fallecido en hechos de violencia o bien si era herida e iban a ser atendidos de manera inmediata y sin ser discriminados.

“Quiero manifestar que fueron numerosas las veces que sacerdotes católicos, representantes de organizaciones civiles, grupos de manifestantes, representantes de organizaciones de derechos humanos y hasta representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vinieron a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal a acompañar a víctimas y personas fallecidas a quienes se les realizó una pericia médico-legal clínica o una autopsia médico legal”, aseveró Duarte.

Información en redes es falsa

Por esto aclaró que “toda la información que circula en las redes sociales divulgada por organizaciones nacionales o internacionales no gubernamentales en relación con no brindar por parte del Instituto de Medicina Legal, la debida atención médico-legal o de hacer firmar a la familia que autorice la autopsia pero que no denuncie, es totalmente falso y no tiene ningún fundamento. Es una información que tiene por propósito desinformar, desprestigiar, confundir a la población y está totalmente alejada de la realidad. El Instituto de Medicina Legal no actúa a petición de un familiar, actúa a solicitud de una autoridad facultada por la Ley”.

Reveló que hubo ocasiones en que los peritos llegaban al lugar de los hechos y familiares o personas que se encontraban no permitían que los cuerpos fueran trasladados al IML para realizarle los estudios. Incluso, en algunos casos, cuando permitían llegar hasta donde estaba el fallecido, fue bajo el control de las personas, quienes les apuntaban con armas de fuego, registraban el vehículo y también los registraban. Además, fueron objetos de robos de equipos técnicos y daños a los vehículos.

Asimismo, aclaró que los únicos casos en los cuales el IML no pudo cumplir con su función fue en aquellos en donde los familiares o manifestantes lo impidieron o negaron.

El director del IML expresó que aún no existe una cifra concluida sobre las personas fallecidas, heridas o lesionadas, ya que continúan llegando lesionados a ser valorados y esta institución no realiza investigaciones sobre las circunstancias que ocurrieron los hechos, y no solamente se atienden los sucesos de violencia ocurridas a partir del 18 de abril.

“Nosotros tenemos datos de todas las muertes violentas que ocurrieron durante todos esos meses, pero dentro de esas muertes violentas hay muertes por accidentes de tránsito, hay muertes por otros tipos de accidentes y muertes homicidas (…). Pero los detalles y la información precisa sobre las circunstancias de estas muertes no le corresponden al Instituto de Medicina Legal investigarlas”, concluyo diciendo el Director General del IML.