En horas de la noche de este viernes concluyó el juicio contra 12 personas acusadas de terrorismo y portación ilegal de armas de fuego; sin embargo, el veredicto final se dará a conocer el próximo martes 2 de octubre a las 9 de la mañana.

En este proceso se señala a pobladores de Tipitapa que organizaron actos de violencia, instalaron tranques que impidieron la libre circulación y movilización de la población, a la cual extorsionaban cobrando peaje y amenazaban con matarlos si no accedían a sus exigencias.

La titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicio, doctora Adela Cardoza, tras escuchar los alegatos finales del fiscal y del defensor, decidió suspender la audiencia, debido a que Wilmer Martínez, líder de esta agrupación delincuencial presentó problemas de salud que requerían el suministro de medicamentos.

Además de Wilmer, se acusa a Ervin Alexander Zamora Peña, Daniel Alexander Sánchez, Júnior Alexander Sánchez, Guillermo José Ruiz, Juan Carlos Bermúdez, José Margarito García Orozco, Yader Rubén Cantón Rodríguez, Francisco José López Rivera, Wilfredo Antonio Orozco Urbina, Mauricio Antonio Paniagua García y Yudielka Yaneris Flores Aburto, acusada que se encuentra con arresto domiciliario por estar embarazada.

La acusación del Ministerio Público refiere que los detenidos, actuando de común acuerdo, de forma organizada y utilizando distintas armas de fuego industriales y artesanales, realizaron actos de intimidación contra la población, alterando el orden público, impidiendo la circulación vehicular.

El fiscal hizo la prueba de descargo con las testificales de peritos y detectives policiales que durante varios días dieron seguimiento a las actuaciones de estos sujetos, que fueron identificados por las autoridades policiales y población cuando cometían los ilícitos.

Judicial llama atención a abogado defensor

Las investigaciones determinaron que Wilmer Martínez Díaz, portaba una escopeta marca Maverick y un revolver marca ruby calibre 22.  Cada uno de los detenidos portaba algún tipo de arma, ya sea artesanal o industrial con las que intimidaban y cometían asaltos contra la población que solamente deseaba paz, tranquilidad, para poder trabajar.

Cabe destacar que durante este proceso, la doctora Cardoza en diferentes ocasiones llamó la atención al abogado defensor Julio Montenegro porque actuaba a criterio de la judicial con actitud desleal y pretendía introducir al proceso elementos de nulidad, que podían afectar la sanidad procesal del juicio.

Montenegro acusó a Cardoza de impedir la defensa de los procesados, lo que fue rechazado de plano por la judicial, quien le argumentó que en todo momento fue transparente y siempre atendía en su despacho al abogado defensor cuando lo solicitaba.

El representante del Ministerio Público pidió a la Doctora Cardoza un veredicto de culpabilidad porque su teoría fue demostrada plenamente con los actos investigativos realizados por autoridades policiales y por las denuncias hechas por la población afectada.

No solamente se encontraban en ese lugar resguardando los tranques, sino que estaban armados, realizaban disparos y atemorizaban a la población de los barrios aledaños, condicionaban la circulación peatonal y vehicular por dinero, de manera que esos hechos atentaban contra el orden público, contra la seguridad ciudadana y estaban dirigidos a afectar una serie de bienes jurídicos, por eso el delito de terrorismo precisamente es un delito pluriofensivo porque estamos en presencia de una afectación de pluralidad de bienes jurídicos”, planteó el fiscal.

Los tranques donde operaban estos 12 sujetos estaban ubicados en el barrio Tangara, del colegio Gaspar García Laviana 7 cuadras al sur 150 metros al este y otro en la parada de buses del colegio Salomón Ibarra Mayorga.