Los Embajadores de Bolivia, Venezuela y Surinam ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteraron su rechazo a la conformación de un grupo de trabajo para tratar los asuntos del estado de Nicaragua sin su anuencia.

El delegado de la República Bolivariana de Venezuela reiteró su posición relativa a la situación de Nicaragua, manifestada en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 2 de agosto de 2018, por cuanto la conformación del grupo de trabajo sobre Nicaragua, señalando que constituye una intromisión abusiva a los asuntos del estado nicaragüense y que a su vez la resolución viola la carta de la OEA que es una norma de rango superior.

Agregó que la imposición a un estado soberano de cualquier agencia extranjera que viole su independencia y su autodeterminación solo puede terminar en el debilitamiento de la OEA y su función multilateral.

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“Por tanto, la Republica Bolivariana de Venezuela aprovecha la oportunidad de rechazar este ejercicio injerencista y extiende sus palabras de solidaridad al Gobierno constitucional de Nicaragua, encabezado por el Presidente Daniel Ortega”, subrayó.

Por su parte el delegado de Bolivia dijo que tal y como ya lo hiciera en la sesión donde se aprobó esta resolución, reitera su rechazo a la conformación de un grupo de trabajo para tratar los asuntos del estado de Nicaragua sin su anuencia.

“Un grupo de trabajo impuesto y de carácter intervencionista no contribuye a la búsqueda de soluciones duraderas y genera distanciamiento del país concernido. Cualquier resultado que se vaya a lograr sin la participación del estado de Nicaragua no será de utilidad para los nicaragüenses”, enfatizó.

Añadió que Bolivia considera importante que se sigua explorando mecanismos diplomáticos, pero en el marco de la carta y las normas de la organización y reiteró que el diálogo entre los actores políticos nacionales, es el único camino para la construcción de soluciones certeras y duraderas.

Por su parte la delegada de Surinam fue enfática al rechazar la resolución del 2 de agosto, en cuanto a la conformación de un grupo de trabajo para tratar los asuntos del estado de Nicaragua sin su consentimiento. Dejó claro que su país no está de acuerdo con esas herramientas de intervención.

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