Nicaragua, vive desde hace unos meses una coordinada y temeraria operación política tendiente a desestabilizar su estructura Constitucional y, por medio de acciones violentas como lo son los tranques, ataques incendiarios, emboscadas y provocación a la fuerza policial, pretenden alterar su Institucionalidad basada en sus procesos eleccionarios democráticos y en el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. Hay una mayoría de hombres, mujeres y jóvenes que ante estos hechos delictivos y terroristas solo piden que retorne la Paz al País.

COMITÉ ECUMENICO LATINOAMERICANO POR LA PAZ EN NICARAGUA

Análisis Político-Social sobre la realidad de Nicaragua

Hasta el mes abril pasado en Nicaragua reinaba la paz, la seguridad, la tranquilidad y la estabilidad, el país se encontraba fortaleciendo y desarrollando un Modelo Constitucional de Alianzas, Diálogo y Consensos, a Nivel Nacional y Local, asegurando Cohesión Social y estabilidad para el Desarrollo Económico, Social, Cultural y luchando permanentemente por sus Propósitos de Bienestar, Progreso, Trabajo y Paz, avanzando en todos los campos de la economía nacional, lo que se traduce en un desempeño macroeconómico de casi 5% consecutivo en los últimos 6 años, como resultado de un buen manejo de las finanzas públicas, reconocido por los Organismos Internacionales.

Nicaragua se encontraba con Seguridad Soberana, considerada uno de los países más seguros de la región latinoamericana, con la tasa de criminalidad más baja de la región centroamericana, siendo a su vez un de Muro de Contención contra el Crimen Organizado, con su Modelo Proactivo, Preventivo y Comunitario, implementado por la Policía Nacional, con la participación protagónica de los habitantes, la familia y la comunidad, en estricto apego a la Constitución Política y las leyes de la República.

Las protestas de estudiantes universitarios se iniciaron en la primera semana de abril, en el contexto del incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz, las que se desarrollaron en redes sociales y puntos claves de la capital. En ellas, se expresaba que el gobierno estaba haciendo muy poco por detener el fuego en la reserva, en un contexto de manipulación mediática, promovida por algunos medios de comunicación, a pesar de que el Gobierno estaba atendiendo la situación desde el primer momento y se logró sofocar el incendio con la colaboración de los Gobiernos de México, El Salvador y Honduras.

El desarrollo de estas protestas que iniciaron como pacíficas, fueaprovechado por algunos grupos políticos, que, manipulando las protestas, provocaron un proceso de desestabilización nacional, generando caos y violencia con el objetivo de instalar en la población un clima de ingobernabilidad y mostrar a Nicaragua ante el mundo como un país violento, que requiere de la injerencia y sanciones de organismos internacionales de Derechos Humanos.

Es conocido por todos, que el segundo episodio de esta protesta se produjo a partir del día miércoles 18 de abril, a raíz de las reformas al Reglamento General de la Ley de Seguridad Social de Nicaragua, las que iniciaron como pacíficas y que igualmente fueron aprovechadas por grupos 6 políticos de oposición, con el claro objetivo de manipularla y agudizarla a través de medios de comunicación igualmente opositores, utilizando también las redes sociales con el objetivo de crear caos y desestabilización nacional, produciéndose en este contexto las primeras víctimas en el Municipio de Managua.

A partir de este momento, se desarrollaron una serie de acontecimientos, dirigidos y financiados por un grupo de personas ligadas a la oposición, que han puesto en grave riesgo la estabilidad y el normal desarrollo del Estado, del Gobierno y sus instituciones. Afectando también en algunos aspectos a la seguridad ciudadana, la paz social, la propiedad pública y privada y la tranquilidad de la población, pretendiendo quebrantar la legitimidad del Gobierno de Nicaragua, democráticamente electo y alterar el orden Constitucional.

Alteraron gravemente el orden público. Estos grupos violentistas atentaron contra el Estado democrático y sus instituciones legalmente establecidas, de manera premeditada afectaron la seguridad e integridad física de las y los nicaragüenses; logrando alterar la estabilidad social, económica y política del país, causando lamentables pérdidas de vidas humanas y lesionadas, así como destrucción de propiedad pública y privada.

Ante estos hechos, el Gobierno de Nicaragua reaccionó inmediatamente, haciendo un llamado a la paz, a la no violencia y a realizar las protestas pacíficamente, llamando al respeto y a la convivencia como hermanos. Pese a ello, los grupos violentos intensificaron la estrategia de terror, mentiras y agresiones a través de bandas delincuenciales/pandillas, destruyendo bienes públicos y privados, saqueando supermercados y negocios, cometiendo vandalismo, destruyendo buses del transporte público, imposibilitando la libre circulación de los nicaragüenses y el comercio/inversión, en todo el territorio nacional.

El Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra,realizó una oportuna convocatoria a un Diálogo Nacional el 21 de abril, abierto a todos los sectores sociales, invitando a la Conferencia Episcopal de Nicaragua a acompañar dicho diálogo como mediadores y testigos, quienes se pronunciaron el 25 de abril de manera positiva aceptando dicha invitación gubernamental.

La Asamblea Nacional de Nicaragua con el objeto de contribuir a la paz, el entendimiento y el esclarecimiento de lo sucedido, creo el 27 de abril la "Comisión de la Verdad, Justicia y Paz", integrada por personalidades públicas y juramentada, para que en un lapso de tres meses presenten su informe al país.

Las Instituciones del Estado, que, por Ley, están llamadas a proteger los Derechos Humanos, activaron todos los mecanismos de Protección (Ministerio Público, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de la Familia, Ministerio de Educación, entre otros).

En busca del esclarecimiento de las muertes generadas en estos días de caos y violencia, el Estado de Nicaragua ha iniciado a través del Ministerio Público, el proceso de investigación de pérdidas de vida, lesiones ocasionadas, saqueos,robos y daños a la propiedad pública y privada, para hacer justicia a las víctimas y sus familiares. Estas acciones se aplicaron de inmediato, mucho antes de que arribaran al país algunas Comisiones internacionales de derechos humanos.

El Gobierno, de manera responsable, ha dado los pasos necesarios para el aseguramiento del diálogo y el restablecimiento de la paz, cumplimiento las condicionalidades exigidas por los estudiantes, para iniciar el proceso de diálogo,como fue la derogación de la reforma del INSS, retirar a la policía de las protestas y la participación de todos los sectores propuestos para establecer el diálogo e invitar a la CIDH a venir a Nicaragua. Teniendo a la Conferencia Episcopal como mediador y testigo.

A raíz de los graves disturbios violentos iniciados a mediados del mes de abril, la actividad económica ha sido afectada en el desempeño esperado. Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Hacienda realizó una estimación a fin de cuantificar el impacto negativo de los eventos sobre la actividad económica, en el período del 18 de abril al 17 de mayo, considerando que las actividades de mayor afectación han sido el comercio, turismo, construcción, transporte e industria.

En este delicado contexto de coyuntura política, a nivel eclesial y desde su más alta esfera, fue una grata sorpresa escuchar las ponderadas palabras del Papa Francisco en el post Ángelus que dicen textualmente:"Renovando mi oración por el amado pueblo de Nicaragua, deseo unirme al esfuerzo que están realizando los obispos de este país y tantas personas de buena voluntad en su rol de mediación y testigos para el proceso de diálogo nacional en curso, en camino hacia la democracia".( 1ro de Julio, 2018 ).

Sin duda que estas palabras expresadas por el Pontífice son un fuerte espaldarazo a lo que se viene realizando en el contexto de la Mesa de Diálogo Nacional con el auspicio de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y con la participación de diversos estamentos sociales, políticos y gubernamentales.

Como primera observación desde la óptica política es que los sectores más extremos de la derecha nicaragüense quedan bastante inhabilitados ante la solicitud papal: Diálogo para la Paz. Se deduce de esta clara afirmación y solicitud que, por sobre la violencia, la intolerancia, las acciones desestabilizadoras y la tentación de asonadas sediciosas de algunos que piden renuncias a diestra y siniestra, se debe anteponer el Diálogo que garantiza
acuerdos políticos que restablezcan la convivencia nacional, los caminos del desarrollo y la paz social que pide y espera la inmensa mayoría ciudadana que no participa en las llamadas “auto convocatorias”.

El único afán de este sencillo Documento es exponer a quien quiera ver que en Nicaragua, su Gobierno y una inmensa mayoría ciudadana, luchan día a día por mejorar la calidad de vida de su pueblo y que esa acción social, enmarcada en planes y servicios creíbles confirma lo que se escucha por todo el territorio de esta bella tierra:

Nicaragua es Cristiana, Socialista y Solidaria.

CONSULTE EN EL SIGUIENTE ENLACE EL DOCUMENTO COMPLETO NICARAGUA SANDINISTA Y JUSTICIA SOCIAL