Jueces y magistrados del Poder Judicial de todo el país disertaron sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer o Ley 779, en la que la titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, defendió el impulso de esta iniciativa.

Según Ramos, aquellos que argumentan que la norma es para un grupo de mujeres, demuestran el desconocimiento del fenómeno de la violencia, el cual ha alcanzado una dimensión que exige un tratamiento diferenciado.

La magistrada Ramos fue la primera en tomar la palabra, subrayando que la Ley 779, responde a los Principios de Igualdad y No Discriminación, establecidos en la Constitución Política de Nicaragua.

Este encuentro se realizó en el marco del taller evaluativo sobre la aplicación de la Ley 779, en la que jueces y magistrados de la Sala Especializada en Violencia de todo el país, dieron a conocer sus opiniones sobre la ley y cómo promoverla a favor de la sociedad.

“Los fundamentos jurídicos de la Ley 779, que se encuentran en la Exposición de Motivos, señalan el mandato constitucional que establece el reconocimiento de los derechos humanos, los derechos individuales, el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral. El derecho a no estar sometida a torturas, el derecho a la honra, a la dignidad, a la libertad personal, a la seguridad y a la capacidad jurídica”, expresó Ramos.

Igualmente enfatizó que la Constitución Política, en los artículos 27 y 48, establece los principios de igualdad formal y real, reconociendo la prohibición de la discriminación.

“Quienes cuestionan el alcance del artículo 48 de la Constitución Política, de no discriminación y el principio de igualdad, deben de conocer que la prohibición de discriminar es una medida de tutela adicional que encuentra su razón de ser precisamente en la insuficiencia del principio de igualdad formal, que no ha logrado garantizar a toda la ciudadanía el pleno goce y disfrute de los derechos fundamentales y libertades”, valoró la titular de la CSJ.

Agregó que es al Poder Legislativo, al que le compete derogar o reformar aquella legislación que no esté en correspondencia con los principios de igualdad y no discriminación. Actualmente existe todo un debate sobre la Ley 779, pues algunos sectores califican la norma como inconstitucional, mientras otros defienden su aplicación contra aquellos hombres que maltratan física y psicológicamente a las mujeres.

La doctora y magistrada Juana Méndez Pérez, en un análisis realizado sobre la ley 779, dice que “no es finalidad de la ley o del legislador discriminar o reprimir a ultranza al género masculino, porque la ley tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres”.

Al encuentro asistieron las cuatro magistradas de la Corte Suprema de Justicia que integran la comisión de género del Poder Judicial: doctoras Alba Luz Ramos Vanegas, Juana Méndez Pérez, Yadira Centeno González y Ligia Molina Argüello.

También participó la ministra de Familia, compañera Marcia Ramírez; la fiscal adjunta, doctora Ana Julia Guido; la jefa de las Comisarías de la Mujer, comisionada mayor Erlinda Castillo; la diputada Marta Marina González presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional; y la procuradora para los derechos de la mujer, Deborah Gradinson.

También asistieron los magistrados de la CSJ, Francisco Rosales Argüello, Rafael Solís Cerda y Armengol Cuadra López.