Nicaragua dispondrá de nuevo financiamiento por 40 millones de dólares para sustentar la entrega masiva de títulos de propiedad a las familias, uno de los programas sociales que despliega el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Según informó la representación aquí del Banco Mundial (BM), el crédito aprobado la víspera por el Directorio Ejecutivo de esa entidad responde a la segunda fase del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (Prodep), iniciado en 2002.

El plan regulariza los derechos de propiedad y moderniza las instituciones encargadas de la administración de la tierra en esta nación centroamericana, recordó el reporte.

Durante la segunda etapa, se espera ejecutar el informe catastral de nueve mil kilómetros cuadrados en 20 municipios pertenecientes a los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia, indicó por el BM Camille Nuamah.

Por medio del Prodep II, el país totalizará 33 mil kilómetros cuadrados, equivalentes al 25,4 por ciento del territorio nacional, con datos actualizados sobre su registro catastral, señaló. A juicio del Procurador General de la República, Hernán Estrada, "la modernización del sistema integral de la propiedad del registro público ha sido uno de los mayores logros del proyecto en su primera etapa, mediante el desarrollo del Sistema Integrado de Información de Catastro y Registro, el cual se seguirá impulsando".

Hasta la fecha, precisó Nuamah, hay un promedio de 24 mil kilómetros cuadrados con catastro y de ese total 13 mil corresponden a áreas evaluadas por el Proded en los departamentos de León, Chinandega, Estelí y Madriz.

A partir de los estudios previstos en el proyecto, que concluirá en 2018, podrán beneficiarse otras 90 mil familias pobres en zonas rurales y urbanas, especialmente la población excluida con poca posibilidad de desarrollo y limitada por la falta de título de propiedad, apreció.

El empleo de fondos públicos y recursos externos para respaldar el programa de titulación constituye una de las prioridades del Ejecutivo, que espera cerrar 2013 con más de 240 mil familias beneficiadas en los últimos seis años, según datos de la Intendencia de la Propiedad.

En recientes declaraciones a la prensa, la titular de esa entidad, Yara Pérez, distinguió la seguridad jurídica aportada a miles de hogares en torno a terrenos y viviendas, a fin de impedir desalojos y ofrecer posibilidades de acceso a créditos y otros servicios a partir de avalar su estatus.

De los 162 mil títulos, otorgados por el gobierno de 2007 a 2011, el 60 por ciento fue a nombre de mujeres, como parte de un proceso de restitución de derechos ciudadanos con enfoque de género, destacó.

El programa de titulación, recordó, "es gratuito y por lo tanto las familias no deben pagar ni un solo centavo para que se les legalice la propiedad".

Además los documentos concedidos incluyen 15 títulos colectivos para reconocer las prerrogativas de comunidades indígenas y afrodescendientes, en las regiones caribeñas del país.