En el estudio, los investigadores señalan que la carretera de más de 120 kilómetros de longitud, ha afectado la conectividad natural de las especies que habitan en esa zona considerada la más importante del Corredor Biológico Centroamericano.

De acuerdo a este estudio, las autoridades costarricenses emprendieron la construcción de la carretera violentando todos los acuerdos internacionales referidos a áreas protegidas y de conservación de ecosistemas de sitios considerados de interés mundial.

Los expertos detectaron además cientos de hectáreas de bosque afectadas y 39 puntos críticos en una vía construida sobre suelos altamente vulnerables.

“Como se puede ver la separación entre la carretera y el río es mínima”, explicó Victor Campos, subdirector del Centro Humboldt, durante la presentación del estudio titulado Valoración de impactos ambientales causados por la construcción de la ruta 1856-Juan Rafael Mora Porras en la parte baja de la cuenca del Río San Juan,

Campos señaló que cada uno de los puntos críticos donde se depositan grandes cantidades de sedimentos sobre el río, están claramente “identificados, georeferenciados, fotografiados y cuantificados” como resultado del estudio.

Diez áreas protegidas afectadas

Antonio Ruiz, de la Fundación Amigos del Rio, subrayó por su parte que existen diez áreas protegidas afectadas por la construcción de la carretera.

“Todas están afectadas con impactos directos y con impactos indirectos”, afirmó Ruiz, quien recordó que el Sistema Internacional de Áreas Protegidas para la Paz, estableció que esta cuenta es extremadamente frágil  y que debía ser conservada.

Señaló que existen además muchas rutas de conexión construidas con anterioridad, de allí que con el trazo impreciso de la nueva carretera se viene a agravar aún más la conectividad biológica de las especies de la zona.

La Fundación Amigos del Río señaló que estas rutas fueron construidas por Costa Rica precisamente para enlazar áreas de exploración minera y petrolera en un lugar no apto para ello.

“Esos hábitats alterados ya no van a poder ser recuperados significativamente. Se habla de medidas de mitigación, sin embargo, el bosque tropical una vez intervenido no recupera sus equilibrios”, denunció.

Costa Rica responsable de agroquímicos en las aguas del Río

De acuerdo a Salvador Montenegro, director del CIRA-UNAN, el estado de conservación de la cuenca del Río San Juan en territorio nicaragüense es muy distinto al que existe en Costa Rica, donde la deforestación ha arrasado con inmensas áreas de bosque.

A ello hay que sumar también la gran cantidad de agroquímicos que a diario van a parar a las aguas del Río San Juan, producto de la intensa actividad agrícola en el norte de Costa Rica.

“Costa Rica desafortunadamente ostenta el dudoso privilegio de ser el país en el mundo que emplea la mayor cantidad de agroquímicos en el planeta, al grado tal que por hectárea está consumiendo 51 kilogramos de plaguicidas”, señaló.

Entre los agroquímicos detectados están residuos de DDT, lindano, clordano, diazinón, metil paratión y etoprofos, entre otros.

“Son sustancias que se encuentran prohibidas desde hace muchos años no solo en Nicaragua, sino también en Centroamérica, pero que siguen apareciendo en los residuos”, explicó Montenegro.

“Ríos como el Río San Carlos y el Río Sarapiquí, que son los dos tributarios más caudalosos del Río San Juan, ambos procedentes de Costa Rica son los que aportan cantidades sumamente elevadas(de agroquímicos)”, añadió.

Estos elementos deben ser tomados en juicio de La Haya


Para el experto en derecho internacional, doctor Manuel Madriz, este estudio deja evidencia de los graves daños de la trocha tica en el Río San Juan.

“Creo que es un buen trabajo, que incluso recoge elementos con más detalles, que se mete a tipos de especie afectadas”, señaló Madriz, quien se rehusa a llamar carretera a la trocha tica, debido a que según explica una carretera debe cumplir con una serie de parámetros de los cuales la obra costarricense carece en su totalidad.

Madriz aseguró que Nicaragua con este estudio cuenta con un registro detallado de los daños, lo cual debe ser incluido como pruebas en el juicio que el gobierno nicaragüense lleva en contra de Costa Rica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

“Estos son elementos que vienen a ayudar, a esclarecer y a mostrar no sólo a la Corte Internacional de Justicia, sino a la comunidad centroamericana y al mundo, los efectos que ha causado esta trocha en el río San Juan”, destacó.