“Los magistrados evadieron la responsabilidad, el decreto de emergencia nacional no se justificaba. Si se hubiera dado a lugar esta acción de Inconstitucionalidad, por asuntos procesales, se hubieran suspendidos todos los procedimientos administrativos, se paraliza la gestión y la entrada de posibles dineros”, señaló Sagot.

Un informe sobre daño transfronterizo, publicado por el Centro de Investigación para los Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CIRA-UNAN), el Centro Humboldt y la Fundación del Río informa sobre un daño innegable, y que continúa vigente, es un insumo para que Costa Rica investigue por su cuenta los efectos negativos de la trocha, mencionó el abogado ambientalista.

El decreto de estado de emergencia, ante la posible invasión de militares nicaragüenses en el territorio nacional, se declaró el 7 de marzo del 2011, y el recurso de Inconstitucionalidad se presentó el 9 junio del 2012, fue declarada por el fondo sin lugar, aunque ya en este momento se habían denunciado diversas irregularidades en la ejecución de este Proyecto.

El abogado ambientalista se cuestiona, “no entiendo el motivo por el que se tuviera que hacer una trocha que parece más una carretera, de 160 km, por una situación ocurrida en el cantón de Pococí, en 10 km”.

Añade “En razón de un daño ambiental que estaba generando Nicaragua, que nosotros reaccionemos ocasionando un problema mayor no lo comprendo. Yo desde ningún aspecto justifico lo que Nicaragua  estaba haciendo, pero tampoco justifico la medida que nuestro país tomó.”

Además, Sagot exhorta sobre la inversión de grandes proporciones que se decide ejecutar en esta trocha, sin considerar que en caso de invasión no sería tan útil como se proyectaba y  que se tienen muchos problemas con acceso de vías a San José como para estar destinando fondos sin planificación alguna.

Actualmente, la Secretaría Técnica Ambiental, SETENA, y la fiscalía ambiental están en investigación sobre problemas éticos y ambientales de este Proyecto.

Para reparar los daños ambientales ocasionados el Tribunal ambiental administrativo, tramitaría las infracciones privadas o públicas, inclusive contra el mismo Gobierno, por estar a cargo del Proyecto.

Y en este punto es necesario señalar que si el Gobierno debe indemnizar  ambientalmente los problemas generados, todos los ciudadanos del país tenemos que participar de forma económica. Esto significa que fondos del Estado que están destinados para otras causas deben invertirse en reparar un daño producido por la falta de planificación de los dirigentes.

Por daños ambientales se buscarían responsables tanto por acción o por omisión, bajo el criterio de Responsabilidad objetiva, que señala que con intención o no si se genera un daño aun por una acción que sea licita, se debe reparar.

Apuntó que se deben identificar entonces los que formaron parte de la responsabilidad administrativa de la trocha, para que se ejecutaran los procedimientos administrativos necesarios, desde todos los niveles.

“Como con el caso Crucitas, los jueces del Tribunal contencioso administrativo señalaron que hubo una orquestación de voluntades, en esta situación de la trocha yo opino lo mismo, hubo una orquestación de voluntades para que el proyecto se iniciara, siguiera y mantuviera”, exhortó Sagot.

Estudio nicaragüense reflejó grave daño ambiental por trocha fronteriza

El estudio realizado por expertos científicos nicaragüenses en el fronterizo río San Juan concluyó que la construcción de una carretera costarricense junto al caudal afectó al menos a 600 especies de animales.

"Entre los impactos sobre la biodiversidad se destacan daños directos sobre la zona del corredor binacional por 44 especies en su movilidad terrestre y acuática, 600 por impacto en su hábitat y 150 en su condición de irreemplazables", señala el informe al que tuvo hoy acceso Efe.

Expertos del Centro de Investigación para los Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CIRA-UNAN), el Centro Humboldt y la Fundación del Río trabajaron por más de un año en la realización del estudio.

"Al menos 100 kilómetros lineales de la carretera fueron construidos en estas zonas de alta fragilidad y sensibilidad ecológica", advierte el informe, titulado "Valoración de impactos ambientales causados por la construcción de la ruta 1856-Juan Rafael Mora Porras, en la parte baja de la cuenca del río San Juan".

Nicaragua alega que los sedimentos arrojados desde Costa Rica contaminan el río, atentan contra su biodiversidad, ponen en riesgo la vida de las poblaciones cercanas y viola leyes internacionales de protección ambiental.

El estudio indica que "las alteraciones provocadas (por la carretera), son significativas y ponen en peligro la conectividad biológica del istmo (centroamericano)".

En un mínimo de 100 kilómetros lineales, la vía afectó "35 hectáreas de bosque y 300 hectáreas de suelo, más 39 puntos críticos", detalla el informe de los expertos

El informe destaca que la construcción "cambió el uso de suelo, afectó la calidad del agua y puso en riesgo a la población".

El estudio realizado a lo largo de 2012 determinó  que hay lugares en el río San Juan de Nicaragua en que el oxígeno disminuyó hasta en un 40 %, gracias a la saturación de sedimentos causados por la carretera.

Dichos sedimentos, según el informe, contienen "altos niveles de aluminio y manganeso... la calidad del agua (es) pobre y (hay) contaminación orgánica severa".

Para obtener resultados comprobables, los investigadores se basaron en la metodología del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (Cepredenac), para la evaluación y análisis de vulnerabilidad de obras de inversión pública.