No obstante, sostuvo que el Estado conserva el 16% de las acciones.

En declaraciones a los periodistas, Arce expresó que los nuevos dueños de la empresa tienen que cumplir con las exigencias del Estado nicaragüense en cuanto a la inversión para mejorar el servicio que se le brinda a la población.

"Yo entiendo que ellos decidieron vender todo el negocio a otra empresa, fue un negocio entre privados, pero no sé qué pactaron entre ellos, tampoco sé en cuánto la vendieron", aseguró Arce a periodistas.

La multinacional, que operaba en Nicaragua desde 2000, aseguraba tener pérdidas de hasta por 50 millones de dólares anuales por conexiones ilegales y fallas técnicas en la precaria red de distribución de energía.