La destitución de los cuatro magistrados fue aprobada dos días después de que el Parlamento resolviese investigar la conducta administrativa de los miembros de la Sala de lo Constitucional, que hace dos semanas declaró ilegal una iniciativa del legislativo sobre pruebas de confianza que se practican en la Policía Nacional.

Decenas de efectivos militares se apostaron la noche del martes en los alrededores del Congreso Nacional de Honduras, poco antes que se discutiera un posible golpe contra la Corte Suprema de Justicia.

La Sala de lo Constitucional está integrada por cinco magistrados de los cuales cuatro, José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel y Oscar Fernando Chinchilla Banegas, admitieron un recurso de amparo en contra de las pruebas de confianza que se realizan a los policías hondureños a causa del proceso de depuración.

El fallo de la sala, del 27 de noviembre pasado, causó el malestar del presidente hondureño, Porfirio Lobo, quien criticó a los magistrados que declararon inconstitucional las pruebas de confianzas orientadas a sanear una Policía Nacional salpicada por el crimen y otros hechos delictivos de algunos agentes y oficiales.

Tras un receso de más de siete horas, los diputados aprobaron a las 04.00 horas locales (10.00 GMT) la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, con el voto a favor de 97 de los 128 que integran el legislativo, mientras que los 31 restantes lo hicieron en contra.

El diputado German Leitzelar, del minoritario Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, dijo a los periodistas que ha sido un error del Parlamento destituir a los magistrados.

Agregó que, en todo caso, a quien se debió investigar era al presidente del poder judicial, Jorge Rivera, porque él es su administrador, mientras que el resto de los magistrados dictan sentencias.

El principal argumento que se alegó para destituir a los cuatro magistrados fue que la Sala de lo Constitucional falló dos días después de que el decreto sobre las pruebas de confianza ya había vencido, el 25 de noviembre.

Antes de que fuera leído el informe de la comisión especial para investigar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el presidente del Parlamento, Juan Hernández, aseguró que el fallo de los magistrados en contra de las pruebas de confianza en la Policía Nacional "es prácticamente una conspiración".

El jefe de la bancada del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra, dijo al razonar su voto que lamentaba el "mal mensaje" que se está dando a la comunidad internacional, porque el Parlamento "está violentando la independencia de poderes" del Estado.

Agregó que en su opinión no se están resolviendo los graves problemas que afectan a los hondureños, como la pobreza, la inseguridad y la ola de criminalidad, entre otros.

En opinión de algunos diputados, lo que ha hecho el Parlamento es un "golpe técnico" a otro poder del Estado, parecido al que el legislativo dio el 28 de junio de 2009, en alusión al golpe de Estado contra el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, lo que los diputados dieron en llamar una "sucesión presidencial" .

El pleno de los quince magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia tenía previsto para hoy dar su fallo a favor del que dictó la Sala de lo Constitucional el 27 de noviembre.

El Presidente Porfirio Lobo respalda la acción de los diputados

El expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de estado en 2009, publicó un twitter que "el congreso sí tiene facultades para aprobar leyes e interpelar funcionarios y formar comisiones para exigir el cumplimiento de las leyes. Lo que el congreso no puede es suplantar la autoridad del soberano y quitar a quien el Pueblo eligió. Nadie duda que algunos funcionarios confesos del golpe tienen causales de destitución. Las FFAA frente problema político entre la corte y los demás poderes del estado ofrece protección al congreso".

Rasel Tomé, del partido de Zelaya, atribuye la situación a pugnas entre la oligarquía por el manejo de negocios con el Estado.

"Hay una verdadera crisis política en Honduras y si es posible llegaremos a la madrugada para tomar decisiones respecto a la Corte Suprema de Justicia", habría dicho la noche del martes el diputado Marvin Ponce, tras confirmar que se busca destituir a por lo menos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial.

"Están en juego las elecciones del Partido Nacional y la crisis política", dijo Ponce, vicepresidente del Congreso Nacional y miembro del izquierdista Partido Unificación Democrática. "La crisis está por reventar nos ha confirmado el presidente del Congreso (Juan Orlando Hernández)" manifestó Ponce.

"Se trata de que se estaría acabando con la candidatura de Juan Orlando Hernández", agregó ante la insistencia de periodistas.