Esta iniciativa permitirá a los hondureños, entre otros aspectos, la celebración del plebiscito y el referéndum total y parcial, con la participación del dos por ciento de la población inscrita en el padrón electoral.

Igualmente, la norma contempla la participación del pueblo hondureño en el debate de asuntos de interés nacional, directamente en las sesiones del ente legislativo. Sin embargo, aunque los ciudadanos tendrán voz en las discusiones, no tendrán derecho a votarlas

"Trae un beneficio moral y político, la posibilidad de que haya paz y tranquilidad, ya que sectores gremiales de cualquier nivel están obteniendo la representación en el Congreso Nacional, a través de una de las figuras que se aprobaron", expresó el diputado German Leitzelar, del partido Innovación y Unidad (Pinu).

Asimismo, la ciudadanía podrá elevar propuestas al Parlamento durante las sesiones, siempre y cuando sustenten o apoyen su iniciativa con al menos tres mil firmas.

De los temas y leyes que podrán ser aprobadas o improbadas por vía del plebiscito o referéndum, únicamente se excluyó el veto presidencial.

Además, la nueva Ley también específica que las figuras de plebiscito y referéndum deberán celebrarse el mismo día de las elecciones generales, por el alto coste económico que representa una consulta popular.

La aprobación en único debate de esta normativa especial dio lugar a diferentes cuestionamientos sobre las intenciones del Poder Legislativo. No obstante, los diputados estiman que con esta regulación, los hondureños podrían participar en un primer plebiscito en las elecciones generales de noviembre de 2013.

El legislador Leitzelar asomó como posible la realización de una eventual consulta para la modificación de los llamados artículos pétreos de la Constitución, es decir, los inamovibles, como el que no permite la reelección presidencial, quedaría a la "interpretación para su aprobación".

Durante la sesión, fue leída una solicitud de Leitzelar, respecto a su participación en la comisión que investigará la conducta de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aquellos que declararon inconstitucional el decreto de depuración policial.