El doctor Carlos Argüello Gómez, Embajador de Nicaragua ante el Reino de los Países Bajos, indicó en su discurso ante esa sesión que "de hecho la regla fundamental que contiene la Convención para las delimitaciones marítimas de zonas económicas exclusivas y plataforma continental – que debe tener un resultado equitativo - proviene de los principios y normas legales identificados por la Corte en los casos del Mar del Norte en 1969".

El Embajador Argüello destacó que 14 casos han sido presentados a la Corte en relación a este tema y los mismos han permitido interpretar las reglas establecidas por la Convención que se limitan a proveer un marco básico para el manejo de las relaciones entre los estados en estas cuestiones.

Estos han permitido que la Convención no se vuelva un instrumento estático y por el contrario la Corte ha logrado adaptar las normas a las diferentes circunstancias con el objetivo único de obtener un resultado equitativo basado en el derecho internacional, dijo el diplomático nicaragüense.

Indicó que con esa seguridad de obtener un resultado positivo es que Nicaragua acudió a la Corte en el Caso de Colombia.

"En el caso específico de Colombia era claro para Nicaragua que la jurisprudencia de la Corte Internacional y de los principales Tribunales Arbitrales dejaban clarísimo que tratándose de una delimitación que involucraba islas pequeñas de un estado frente a extensas costas de otro estado – caso islas de San Andrés de 42 km2 de extensión reclamadas por Colombia y las costas de Nicaragua de más de 500 km de extensión – cualquier resultado equitativo implicaría concederle a Nicaragua una parte sustancial de los espacios marítimos a delimitarse".

"En este caso la Corte resolvió lo que cualquiera que hubiese estudiado los casos que se han ventilado ante ella hubiera fácilmente anticipado. En fin, Nicaragua no encuentra sorpresas en la sentencia del 19 de Noviembre sino una confirmación de cómo la Corte ha venido interpretando las normas de derecho internacional desde hace décadas", dijo Argüello.

Por considerarlo de interés, publicamos íntegramente la exposción del embajador nicaragüense:

Dr. Carlos Argüello-Gómez

Embajador de Nicaragua ante el Reino de los Países Bajos

Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas en conmemoración al XXX Aniversario de la Convención de Derecho del Mar

11 de Diciembre 2012


Presidente, S.E.Vuk Jeremic

Excelencias,

Sr. Presidente,

La Convención de Derecho del Mar (Convemar) ha sido descrita como la “constitución”[1] de los océanos, y refleja un delicado balance de intereses que cubren una serie de temas como la definición de las zonas marítimas, la protección del medio ambiente y el uso de los recursos marinos, entre otros. El impacto de la Convención ha sido en distintas esferas, particularmente en el mantenimiento de la paz y seguridad mundial, en tanto ha brindado seguridad jurídica en los distintos aspectos que regula y al mismo tiempo ha establecido mecanismos de solución pacífica de controversias y creado las instituciones necesarias para llevar a cabo esta tarea. De igual forma ha establecido normas para el uso sostenible de los recursos marinos y ha fortalecido al desarrollo del comercio internacional, que ya de por si utiliza los océanos como “conducto por el que se cursa el 90 por ciento del comercio mundial”[2]. Además dio un paso histórico al desarrollar y plasmar como parte del ordenamiento jurídico que rige los océanos, el principio que  reconoce que la zona de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así como sus recursos, son patrimonio común de la humanidad, y que por tanto su exploración y explotación se deben realizar en beneficio de toda la humanidad.

164[3] Estados han ratificado la Convención y aquellos pocos que aún no lo han hecho, participaron intensamente en las negociaciones y en la práctica reconocen que el contenido de este instrumento refleja el derecho del mar actual y que muchas de sus normas son parte del derecho consuetudinario. De estos 164 estados, 29 pertenecen a Latinoamérica y el Caribe, de los cuales Ecuador[4] ha sido el último en ratificar la Convención. Basta con ver estos números para tener un indicio de la aceptación e importancia que tiene dicho instrumento en nuestra región, siendo que solamente 4 países aún no son parte de la misma.

En el caso de Nicaragua, siendo un estado ribereño con amplias costas en el Pacífico y en el Atlántico y con islas y cayos que forman parte de su territorio, la Convención del Mar ha sido la base sobre la que ha partido para hacer valer los derechos que le son reconocidos como tal. De esta forma, Nicaragua procedió a solicitar a la Corte Internacional de Justicia la delimitación de sus fronteras marítimas con las Repúblicas de Honduras y de Colombia. En este último caso el fallo fue dictado por la Corte Internacional de Justicia el 19 de Noviembre pasado. El mismo, representa un hecho histórico para nuestra nación en cuanto ha reconocido los derechos que le corresponden a Nicaragua a espacios marítimos en el Mar Caribe, de conformidad con la historia, la geografía y el derecho internacional.  Especialmente, cabe señalar la delimitación de las doscientas millas náuticas de zona económica exclusiva y el reconocimiento de que Nicaragua cuenta con una plataforma continental en el Caribe, y la recuperación de derechos soberanos sobre los vastos recursos naturales que contienen. Esto tendrá efectos positivos en el desarrollo económico del país y facilitará el estrechamiento de las relaciones con los países de la región, particularmente del Caribe, así como permitirá negociar los límites marítimos pendientes en un clima de seguridad jurídica.

Sr. Presidente,

En ese sentido, Nicaragua destaca la contribución de la Corte Internacional de Justicia en las delimitaciones marítimas entre estados. De hecho la regla fundamental que contiene la Convención para las delimitaciones marítimas de zonas económicas exclusivas y plataforma continental – que debe tener un resultado equitativo - proviene de los principios y normas legales identificados por la Corte en los casos del Mar del Norte en 1969. Incluyendo ese caso señero, 14[5] casos han sido presentados a la Corte en relación a este tema, los cuales han permitido a la Corte desarrollar e interpretar las reglas establecidas por la Convención que se limitan a proveer un marco básico para el manejo de las relaciones entre los estados en estas cuestiones, y por ende ha permitido que la Convención no se vuelva un instrumento estático y por el contrario la Corte ha logrado adaptar las normas a las diferentes circunstancias con el objetivo único de obtener un resultado equitativo basado en el derecho internacional.

Con esta seguridad de obtener un resultado equitativo es que Nicaragua recurrió a la Corte en los dos casos señalados. En el caso específico de Colombia era claro para Nicaragua que la jurisprudencia de la Corte Internacional y de los principales Tribunales Arbitrales dejaban clarísimo que tratándose de una delimitación que involucraba islas pequeñas de un estado frente a extensas costas de otro estado – caso islas de San Andrés de 42 km2 de extensión reclamadas por Colombia y las costas de Nicaragua de más de 500 km de extensión – cualquier resultado equitativo implicaría concederle a Nicaragua una parte sustancial de los espacios marítimos a delimitarse. En este caso la Corte resolvió lo que cualquiera que hubiese estudiado los casos que se han ventilado ante ella hubiera fácilmente anticipado. En fin, Nicaragua no encuentra sorpresas en la sentencia del 19 de Noviembre sino una confirmación de cómo la Corte ha venido interpretando las normas de derecho internacional desde hace décadas.

Nicaragua siempre ha sido un país con vocación pacifista y respetuosa del derecho internacional, y siempre ha cumplido fielmente con sus obligaciones internacionales, incluyendo las decisiones de la Corte y esperamos reciprocidad por parte del resto de estados en respeto a su obligación de acatar los fallos de la Corte Internacional de Justicia en las causas en que son parte.

Un hecho significativo reciente en nuestra región que demuestra esa vocación de paz es el caso del Golfo de Fonseca, el cual ha sido declarado por los presidentes de los 3 países ribereños – Nicaragua, Honduras y El Salvador - como una “Zona de Paz, desarrollo sostenible y seguridad”[6] y recientemente se ha conformado una comisión trinacional[7] para hacer efectiva esta declaración.

Sr. Presidente,

Me permito finalizar con el reconocimiento a la labor del Tribunal de Mar, el que recientemente ha emitido su primera sentencia sobre delimitación marítima, y un reconocimiento a la labor de la Comisión para los límites de la Plataforma continental. La labor de dicha Comisión, resulta particularmente importante para países pequeños y en desarrollo como Nicaragua, que ya ha presentado su Información Preliminar y que próximamente presentará su solicitud formal para el reconocimiento de su plataforma continental más allá de las 200 millas en el mar Caribe. Por lo tanto resulta indispensable otorgarle los fondos y la flexibilidad necesaria a la Comisión para poner al día la carga de trabajo rezagada y lograr cumplir con el objetivo por el que fue conformada.

Muchas Gracias

[1] Discurso de Tommy T.B. Koh (Singapur), Presidente de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar durante la sesión final de la Conferencia el 11 de Diciembre 1982, disponible en http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/koh_spanish.pdf

[2] Pacto de los Océanos, Naciones Unidas, Julio 2012, disponible en http://www.un.org/Depts/los/ocean_compact/SGs%20OCEAN%20COMPACT%202012-SP-low%20res.pdf

[3] http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The United Nations Convention on the Law of the Sea

[4]24 de Septiembre 2012.

[5] Discurso del Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Juez Peter Tomka, ante la Sexta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, 2 de Noviembre 2012.

[6] Declaración de Managua "Golfo de Fonseca una Zona de Paz, Desarrollo Sostenible y Seguridad", firmada en la ciudad de Managua, el cuatro de octubre del año dos mil siete.

[7] Declaración de los presidentes de las repúblicas de El Salvador, Nicaragua y Honduras, reunidos en la ciudad de Managua, el 4 de diciembre del 2012.