Durante la audiencia de este primer día de juicio, se brindaron las declaraciones de 8 testigos, entre estos cuatro miembros de la Policía Nacional, el Director del Puesto Fronterizo Las Manos en el municipio de Ocotal, Nueva Segovia y tres trabajadores del hotel Holiday Inn.

En esta audiencia estuvo presente el cónsul de la embajada de México Germán Munguía, quien durante un primer receso que brindó el judicial Altamirano, conversó un par de minutos con los abogados defensores de estos mexicanos. También se le vio platicando con la ex juez Orieta Benavides, que representa a la empresa Televisa.

El primero de los testigos con rostro oculto e identificado con el Código 3, relató los primeros movimientos que hiciera Raquel Alatorre Correa, supuesta líder de esta agrupación, quien habría contestado prepotentemente al oficial cuando se le preguntó cuáles eran los motivos de su visita a Nicaragua.

Durante el interrogatorio a los testigos, otro identificado con el Código 2 manifestó que Alatorre en una entrevista policial, manifestó que venían a Nicaragua a investigar un caso de lavado de dinero y mencionó al multimillonario Carlos Slim y hasta le afirmó al agente que su jefe inmediato era el presentador noticiero de Televisa Joaquín López Doriga

El juicio inició con la lectura de la acusación por parte de un asistente del juez Altamirano, posteriormente el representante del Ministerio Público Giscard Moraga hizo una cronología de los incidentes que posibilitaron la detención de estos mexicanos.

Moraga solicitó a Altamirano emitir un veredicto de culpabilidad, lo que fue secundado por el doctor Abraham Abarca, quien respaldó los alegatos de apertura, manifestando que estas personas se hacían pasar como periodistas de Televisa para esconder su verdadero objetivo de transportar droga desde Costa Rica hasta México y, a la inversa, venir a pagar con millones de dólares, tal y como pretendían hacer en agosto cuando les fueron encontrados en los vehículos vans unos 9.2 millones.

Los primeros en testificar fueron tres oficiales con los rostros ocultos, entre estos el director del puesto fronterizo en Las Manos, quien relató que Raquel Alatorre Correa era la que indicaba las ordenes a los otros mexicanos y que en un primer contacto con las autoridades migratorias contestó prepotentemente a una consulta de los oficiales fronterizos.

El testigo sin rostro, citó que Alatorre constantemente hablaba por teléfono y les daba orientaciones a sus acompañantes que en todo momento le llamaban licenciada.

Un segundo testigo presentado con el Código 1 y con 25 años de pertenecer a la Policía Nacional, señaló que ante las inconsistencias brindadas por Alatorre, procedieron a interrogar a los otros 17 mexicanos, entrevistas que iniciaron a las una de la tarde del 20 de agosto y concluyeron a las cuatro de la mañana del 21.

Cabe destacar que durante todo este proceso las camionetas vans estuvieron encendidas, ya que los mexicanos aducían que no podían apagarlas porque se perdía la señal de video que enviaban a México.

Dicha situación fue corroborada por los oficiales policiales que en diversas ocasiones quisieron inspeccionar los vehículos, pero les fue impedido por los mexicanos que argumentaban que cada una costaba cinco millones de dólares. Lo que sí quedó establecido es que los vehículos estaban dotados de modernos equipos de televisión.

Este testigo aseguró que Alatorre mencionó que iban a investigar a Carlos Slim por estar lavando dinero en una cadena de hoteles en la zona de la frontera con Costa Rica, situación que más bien perjudicó a los mexicanos, ya que se encendieron las alarmas en la Policía Nacional y a partir de ese momento su versión fue puesta en duda.

Defensores alegan detención ilegal

El testigo identificado con el Código 2, manifestó que Alatorre aseguraba constantemente que era periodista y que los otros mexicanos no daban un paso si no era con su consentimiento.

“Decía que era periodista, jefa de información, iba dirigiendo a estos muchachos… cuando íbamos a salir los 17 tripulantes no querían meterse a sus vehículos. Un momento me quedé asombrado, les hizo (Raquel Alatorre) una seña e inmediatamente se metieron y se marcharon”, dijo el periodista. Este testigo mencionó que en dos ocasiones se detuvieron, una en Estelí para comprar bebidas y alimentos.

Cuando les tocó el turno a los abogados defensores, estos centraron sus alegatos de apertura, queriendo demostrar que sus clientes al momento de ser interrogados y conducidos a Managua, fueron detenidos ilegalmente, sin embargo uno de los testigos manifestó que fue la misma Alatorre quien pidió vigilancia por lo costoso de los equipos televisivos.

“Felicitó a la policía y les dijo que era una policía más segura de centroamericana, ella solicitó la custodia”, dijo el testigo bajo el numero 2.
“Mi estrategia es refutar la prueba de cargo, esa ha sido mi estrategia y con esta misma prueba de cargo vamos a demostrar detención ilegal, de su violación del derecho de libertad, porque fueron retenidos el 20 de agosto”, señaló Amy García, defensora de cinco de los 18 acusados.

Después de estos oficiales, les tocó el turno a los trabajadores del Hotel Holiday Inn, lugar en donde Alatorre solicitó 9 habitaciones ejecutivas con precios de 150 dólares por noche. José Benito Mayorga, que desempeña labor de recepción, aseguró que Alatorre no permitió que ningún  mexicano fuese preguntado por sus nombres.

Mayorga y otro colega del hotel identificado como Luis Enrique Rocha, afirmaron que Alatorre cada vez que llegaba pagaba en efectivo y no solicitaba la factura o comprobante de pago.

También declaró la Gerente de División de Cuartos, Isabel Eugenia Mejía quien básicamente aportó que los registros del hotel indicaban que Alatorre en cinco oportunidades habría solicitado los servicios de habitación de este hotel. Esos días fueron el 3 de noviembre del 2010, el 16 de marzo del 2011 y el siete de febrero, 6 de junio y 21 de agosto del 2012.

También atestiguó el oficial Carlos Quintana, encargado de la prueba especial que permitió localizar las partículas o trazos de cocaína en los paquetes de dinero. El informe de Quintana establece realización de la prueba syntech trex en las caletas de las camionetas y en siete paquetes de dinero.

Los supuestos trazos o partículas de cocaína fueron encontrados en los vehículos con placas 886-XCR, 444-XCJ, 571-XXD y 848-XBG.
Después de 10 horas de juicio, el judicial Edgard Altamirano decidió suspender la audiencia y continuarla este 11 de diciembre a las una de la tarde.

Después de suspendida la audiencia, los abogados solicitaron el traslado de Raquel Alatorre Correa a la cárcel de mujeres y a otros tres al Sistema Penitenciario en Tipitapa. Actualmente solamente 13 se encuentran en las celdas de La Modelo en Tipitapa.

En las primeras horas de la jornada se hizo presente la comisionada general Glenda Zavala, Directora de Auxilio Judicial, quien explicó que durante los días del juicio, en  los juzgados de Managua se realizaran estrictas medidas de seguridad para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la vida de todos los acusados y del resto de personas. Zavala aclaró que no tienen información de algún irregular, pero es “mejor prevenir que lamentar”.

Sobre la supuesta detención ilegal de los mexicanos, Zavala argumentó que existen los recursos correspondientes y que venirlo a decir cuando inició el juicio “es extemporáneo”.

Entre los acusados se encuentran Oswaldo López Uribe, Pablo Sosa Guerra, Rodolfo Jiménez Camacho, Pablo Gustavo Reyes Arce, Salvador Guardado Núñez, Alfredo Omar Hernández, Alfonso Martínez Meras y Omar José Castillo Amaya. La líder de este grupo es Raquel Alatorre Correa.

También son acusados Juan Alfredo Rivera Vásquez, Julio César Alvarado Salas, Iván César Pacheco, Raúl Alejandro Salinas Hernández, Cecilio Torres Gutiérrez, Iván Ricardo Cano Zúñiga, Juan Luis Torres Torres, Guillermo Villa Gómez Hernández y Valentín Delgado Guillén.
Los abogados defensores pertenecen al Bufet de Abogados que dirige el doctor Ramón Roja. También se encuentra presente la ex juez Orieta Benavides, quien asiste como oyente en representación de la empresa Televisa.

Para dar cobertura a este juicio fueron acreditados unos 50 periodistas nacionales y otros 30 de medios internacionales, a quienes se les ha entregado un brazalete que trae un código de seguridad. Las medidas de seguridad fueron extremas y tanto los medios técnicos, como los periodistas pasaron por tres revisiones.