El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministro de Relaciones Exteriores, compañero Dennis Moncada, explicó ante los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el país, la posición del Estado nicaragüense ante la iniciativa Nica Act, que es promovida por congresistas norteamericanos en una actitud injerencista e imperialista para intentar socavar la paz, la independencia y crecimiento económico de la nación.

Moncada dio a conocer a los diplomáticos la Nota de Prensa oficial del Gobierno de Nicaragua, que fue publicada de manera integra en diferentes medios de comunicaciones nacionales e internacionales.

Particularmente el Canciller nicaragüense, hizo referencia al punto 6 de la nota de prensa, en la que se informa sobre el inicio del proceso jurídico que permitirá a Nicaragua exigir a Estados Unidos, el pago de la indemnización ordenada en 1986 por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en compensación por los daños fatales ocasionados al pueblo y gobierno de Nicaragua por la intromisión destructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales.

En el encuentro participó el Presidente de la Asamblea Nacional, compañero Gustavo Porras; el magistrado Rafael Solís, de la Corte Suprema de Justicia; y el coordinador de la bancada del FSLN ante el parlamento, Edwin Castro, quienes informaron sobre la aprobación de una declaratoria de rechazo a la iniciativa Nica Act y de la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional.

Sentencia CIJ está vigente

La sentencia del 27 de junio de 1986 de la CIJ de la Haya está vigente, es una sentencia viva y que el pago de indemnización ordenada por el Tribunal Internacional no ha sido honrado por los Estados Unidos, tal y como lo ha mandatado la Corte, está pendiente de pago y debemos reafirmar que es justo que Nicaragua exija el cumplimiento de esa reparación que mandato la Corte para resarcir los daños sufridos en la guerra de agresión de Estados Unidos”, dijo Moncada.

Recordó que las Naciones Unidas en su sesión plenaria 53 del 3 de noviembre de 1986, emitió la resolución numero 31, que establece que de conformidad con la Carta de la ONU, la CIJ es el órgano judicial principal y que cada miembro está comprometido a cumplir las decisiones en los casos que sea parte.

“Hace un llamamiento urgente a que se cumpla plena e inmediatamente la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 27 de junio de 1986, en el caso de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la carta de las Naciones Unidas”, mencionó Moncada al leer parte de la resolución de la ONU que demanda en esa época a cumplir con lo ordenado por la CIJ.

Tras leer la nota de prensa emitida por el gobierno, Moncada explicó a los diplomáticos que el Presidente Comandante Daniel Ortega, envió con carácter de urgencia la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, que en su exposición de motivo, les manifiesta a los legisladores que la iniciativa está apegada a lo establecido en la Constitución Política.

El doctor Porras explicó los procedimientos realizados por el parlamento para aprobar la declaratoria de rechazo a la Nica Act y la Ley de Defensa al Patrimonio Nacional, iniciativas que fueron respaldadas mayoritariamente por los legisladores.

Apoyo a decisión del Presidente Daniel Ortega

El magistrado Solís, aseguró que la resolución de la CIJ no ha prescrito y que ninguna de las partes involucradas en esa época, ni en sus posteriores años, sometió documento alguno ante La Haya, para dejar establecido que Nicaragua prescindía del pago. La CIJ tampoco emitió ninguna declaración o resolución que indicara que su sentencia del 27 de junio de 1986, quedaba sin efecto.

“El Poder Judicial por supuesto que respalda esta iniciativa, la acata en su totalidad, está obligado por el contenido de la Ley, por el artículo segundo y lo demás artículos de la misma a colaborar con todos los Poderes del Estado, en la reafirmación de la validez que tiene la sentencia de la Corte Internacional de Justicia y también en la colaboración necesaria y la coordinación que nos obliga la Constitución Política. Hice las respectivas consultas a todos los magistrados y todos estamos de acuerdo que el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia, se suma a este esfuerzo nacional de reafirmar la vigencia de la sentencia”, declaró Solís.

También se explicó que la ley 130 no hace mención de la resolución de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero, en ninguno de sus dos artículos que solamente ordena derogar la Ley 92.

“La Ley 130 lo que hace es derogar una ley que la habíamos aprobado nosotros únicamente para dejar en la memoria histórica de los nicaragüenses la vigencia de la sentencia, pero ya la sentencia con o sin ley, con o sin la otra ley, nunca a lo largo de todo el tiempo desde 1986 ha perdido su vigencia, tan es así fue votada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se ratificó, tuvo una votación en contra de tres países, entre ellos Estados Unidos y una amplia mayoría de países que la apoyaron, de manera que la sentencia está vigente”, añadió Solís.

“Con la 92 o sin la 92, con la 130 o sin la 130, la sentencia de la Corte sigue teniendo validez permanente jurídicamente y no hay ningún proceso en la Corte de desistimiento de ejecución de la sentencia”, exclamó el diputado Edwin Castro.

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