La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, que mandata a todas las instancias correspondientes del Estado de Nicaragua, a ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 27 de Junio de 1986.

En 1986, la CIJ ordenó al Gobierno de los Estados Unidos indemnizar al Estado y pueblo de Nicaragua, decisión  que se constituye como un patrimonio inalienable de todos los nicaragüenses, dijo la diputada Raquel Dixón al momento de leer el contenido de la nueva Ley.

El doctor Gutavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, subrayó que al momento de la sentencia de la CIJ, el monto a indemnizar a Nicaragua ascendía a los 17 mil millones de dólares.

También destacó que Nicaragua jamas desistió de la demanda, ni de la ejecución de la sentencia y tampoco ha presentado documento oficial alguno ante la sede de la CIJ, que pueda inducir a pensar que nuestro pueblo cesó en su derecho.

El coordinador de la bancada del FSLN, expresó ante el plenario, que Nicaragua a pesar del contexto internacional convulsionado, es el país más seguro de la región y con niveles de crecimiento constante arriba del 4.5 % en los últimos 7 años, lo que ha permitido reducir la extrema pobreza en grandes porcentajes.

"La paz y la seguridad son de las cosas que más anhela y más cuidan las familias nicaragüenses y es lo que tenemos que seguir cuidando. Hemos avanzado en políticas de derechos humanos e integración, hoy tenemos constitucionalmente y en la práctica en esta Asamblea Nacional y en nuestro gobierno el 50 % de hombres y mujeres protagonistas del quehacer político de Nicaragua, estos son los avances de esta sociedad que está en paz, tranquilidad y creciendo", esgrimió el diputado sandinista al argumentar la propuesta de la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional y porque debía aprobarse.

Explicó que jurídicamente no hay proceso de desistimiento jurídico ante la CIJ, por lo tanto Nicaragua está en todo su derecho de exigir el cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal internacional.

"Ese fallo mandó a indemnizar a Nicaragua y después la sesión plenaria de las Naciones Unidas, instó por la vía diplomática, por la vía de la paz y de la reconciliación a que se cumpliera con el fallo de la Haya", explicó Castro.

Añadió que en Nicaragua nunca se aprobó una ley que obligara al Estado nicaragüense a no cobrar esa deuda "y aunque lo hubiese hecho es de dudoso valor internacional, pero no la hizo y en nuestra Constitución ningún poder, ni funcionario del Estado puede hacer más allá de lo que la constitución y la Ley de la República le permite".

Explicó que Nicaragua al hacer cumplir la sentencia y al pagarse lo que la resolución establece, los fondos serían utilizados para indemnizar de una vez por todas a las miles de familias nicaragüenses que se vieron afectadas por el conflicto que financió y orquestó los Estados Unidos.

LEY DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL

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