A su juicio, esta decisión de Colombia, que se produce días después del fallo del tribunal en el citado caso, es “mal ejemplo” en la comunidad internacional y carece de todo fundamente jurídico.

“El fallo está dado y debe ser ejecutado y cumplido por las partes, por eso la decisión de Bogotá no tiene fundamento jurídico, ni en el derecho internacional, porque está desconociendo un fallo que se ha emitido en el ejercicio de las funciones que le corresponde a la Corte de La Haya”, comentó.

El gobierno de Colombia afirmó que la sentencia del tribunal internacional, que concedió a Nicaragua más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar, “es contrario a la equidad y lleva a un detrimento de los colombianos”.

Vidal Ramírez recordó que fue el Pacto de Bogotá el que creó y estableció que los estados miembros se someten a la competencia de la Corte de la Haya para dirimir de forma pacífica los litigios del continente americano.

Ese pacto, cuyo nombre oficial es Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, fue suscrito el 30 de abril de 1948 en una conferencia panamericana que se celebró en la capital colombiana.

Desconocer ese instrumento ahora, precisó el jurista, significa una ruptura del orden público internacional y, eventualmente, podría generar precedente negativo.

“Es como si yo me sometiera a un juicio aquí, en la Corte Suprema y cuando la Corte Suprema falla en contra mía, entonces yo me retiro, no es así, es un precedente negativo”, indicó.

En opinión de Vidal Ramírez la decisión de Colombia no debilita a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, instancia ante la cual el Perú planteó una demanda de límites marítimos a Chile, pendiente de fallo.

“En la medida que la mayoría de los Estados miembros que han dado lugar a su formación mantengan su posición (no se debilita), al contrario, es una situación irregular la que crea Colombia, por eso insisto en que es lamentable la situación que ha creado su gobierno”, puntualizó.