Según dijo, el rechazo del gobierno de Juan Manuel Santos al fallo es “una reacción del día siguiente”, tan natural como la crítica de cualquier ciudadano a la decisión del árbitro que no lo favorece en la vida privada.

En todo caso, estimó que esa posición variará  conforme avance el tiempo, especialmente porque Colombia es vista por la comunidad internacional como un país institucional y democrático.

“Desde el comienzo se hubiera dicho: no acepto la jurisdicción del tribunal de La Haya en este tema (…), pero habiendo enviado argumentos, abogados, informes orales y papeles, entonces hay que atenerse a las consecuencias, ese es el precio de la modernidad y el respeto internacional”, comentó.

Sobre el anuncio de los voceros del gobierno colombiano, quienes no descartaron la posibilidad de retirarse del Pacto de Bogotá  y desconocer la jurisdicción de La Haya, refirió que para ser efectiva, esa decisión debió ejecutarse un año antes del inicio del contencioso jurídico con Nicaragua.

Basado en su formación de abogado, recordó  que cuando un litigio ya ha comenzado, y mucho más cuando ya hay una sentencia, es imposible retirarse y solo queda aceptar las consecuencias.

Asimismo, García sostuvo que tras una buena lectura del fallo en el caso Colombia-Nicaragua, puede leerse “entrelíneas” que el criterio del tribunal internacional va hacia la equidad en la división de las aguas, tal como lo establece la defensa peruana en su litigio con Chile.

Por consiguiente, opinó que ello puede servir de antecedente para darle la razón al Perú.

“Lo importante es que hemos llevado ese tema (…) a una jurisdicción moderna, supranacional y mundial, y que vamos a obedecer sus resultados”, anotó en RPP.