Su canciller, María Ángela Holguín, quien ha sido elogiada por haber 'rearmonizado' las relaciones con los países vecinos, Venezuela y Ecuador principalmente, no puede evadir el "más duro revés" de su gestión.

Pero más allá de reclamar responsabilidades, distintos sectores rodearon al Gobierno aunque no ocultaron que "sistemáticos errores" durante los recientes tres gobiernos pudieron haber precipitado el sentido del fallo.

El magistrado Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, advierte el primer error: el país, asegura, no ha debido someter un tratado internacional, aprobado con Nicaragua, al conocimiento del Tribunal de La Haya.

"Perdimos mar, plataforma marítima y quedamos con un enclave en San Andrés y los cayos, algo que ya se preveía desde el 2007, cuando decidimos poner un tratado aceptado por las partes en un tribunal", dijo Gómez quien recordó que los magistrados del Consejo de Estado en múltiples reuniones le advirtieron al Gobierno los alcances que tendría el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Clara López, presidenta y candidata presidencial del Polo Democrático, afirmó que los gobiernos no elevaron la "defensa" -para Colombia-  de las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés como un verdadero asunto de Estado.

Un error que se ha extendido en el tiempo, dice López, es que el Gobierno ha excluido de la consideración de todos los temas sobre soberanía nacional a quienes han declarado su oposición y sólo se ha reducido a oír a quienes hacen parte de las coaliciones. "De pronto otros puntos de vista hubiera beneficiado", afirmó.

La presidenta del Polo desconoce que si en la estrategia jurídica de Colombia se cometieron algunos errores, sencillamente porque "nadie lo conocía". Clara López aseguró que Colombia se limitó a defender su soberanía territorial, que no estaba puesta en duda, olvidándose del espacio marítimo.

El senador Luis Fernando Velasco (P. Liberal), quien el pasado mes de abril propuso una moción de censura contra la canciller Holguín por haber dicho que Colombia debía prepararse para que "cualquier cosa pudiera pasar en La Haya", esta vez dijo que la responsabilidad por la pérdida de área marítima "debe ser compartida" por tres gobiernos.

"Necesitamos hacer una revisión con cabeza fría de lo qué se hizo durante once años de litigio para revisar las responsabilidades políticas", dijo Velasco.

El liberal Jack Housni es el parlamentario que responsabilizó  con nombre propio, al jefe de la delegación que adelantó la defensa colombiana en la Corte Internacional de Justicia. En diálogo con Semana.com dijo que el fallo "es el resultado de una política de secretismos dirigida por el ex vicecanciller Julio Londoño Paredes, quien dejó pasar 12 años sin contarnos lo que estaba ocurriendo. Esa política centralista nunca permitió incluir dentro del equipo negociador a los habitantes de la Isla o a exembajadores del Archipiélago.

Alexandra Moreno Piraquive (MIRA), integrante de la Comisión Segunda del Senado (de asuntos de Relaciones Exteriores), considera que Colombia no podía eludir el Tribunal de La Haya. "Si no hubiéramos ido, nos hubieran quitado los cayos", dice la senadora para quien “Colombia llevó todas las pruebas para defender su soberanía”.

Piraquive le pidió al Gobierno replantear la presencia de Colombia ante estos tribunales que, asegura, "ningún beneficio le han traído al país", además de que calificó el fallo como "absurdo" en claro irrespeto al tribunal internacional.

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, dice que "no podemos responsabilizar a Santos", a quien sólo le correspondió dos años de este litigio. Los conservadores, aunque respetan el fallo internacional, se mostraron "desconcertados" por la recuperación por parte de Nicaragua de soberanía marítima en el Mar Caribe, "la cual es, a nuestro criterio, injusta ya que no sólo deja territorio soberano aislado, sino que afectará la actividad de nuestros pescadores".

Alfonso Prada, presidente del Partido Verde, también consideró que "era evidente que algo íbamos a perder". Dice que le corresponde al actual gobierno enfrentar el impacto de esta decisión.